30 de septiembre 2022
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha confiscado al menos 67 propiedades a organizaciones de la sociedad civil despojadas de su personalidad jurídica y a medios de comunicación asaltados “manu militari”, desde finales de 2018 a septiembre de 2022, según un recuento realizado por CONFIDENCIAL.
Estos datos son aún conservadores porque muchas de las organizaciones ilegalizadas por el Parlamento, dominado por el Frente Sandinista, no han denunciado públicamente la ocupación de sus propiedades o solamente se conoce la confiscación a sus sedes centrales a través de reportes periodísticos y denuncias de las oengés –que constituyen la base de este conteo–.
Entre noviembre y diciembre de 2018, el régimen de Daniel Ortega cerró nueve organizaciones de la sociedad civil, argumentando su supuesta participación en el “fallido intento golpe de Estado”, a como denomina el orteguismo a la Rebelión Cívica que explotó ese año. También asaltó las oficinas de los medios de comunicación CONFIDENCIAL, Esta Semana y Esta Noche, y el Canal 100% Noticias. En total, ese año confiscó 30 propiedades de facto con la complicidad de la Policía Nacional.
Fundación del Río, la oenegé más confiscada
Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, una de las oenegés cerradas en 2018, afirmó que el régimen ha ocupado desde ese año a la fecha, 22 propiedades que pertenecían a la organización ambientalista, radicada en San Carlos, Río San Juan. La oenegé, con 28 años de existencia, administraba dos emisoras comunitarias: Radio Humedales y Radio Voz Juvenil, una estación biológica, una reserva silvestre privada, dos áreas de conservación de bosque y una finca de reforestación, entre varios otros inmuebles.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dirigido por la veterana defensora, Vilma Núñez, reportó la ocupación de su sede central en Managua, –ubicada en los alrededores de la residencia y despacho de Ortega, El Carmen–, y su sede departamental en Juigalpa, Chontales. El Gobierno utilizó al Ministerio de Gobernación (Migob) para disfrazar la ilegalidad en 2018 y, mediante un comunicado, informó que todos los bienes y “cualquier otro activo de las organizaciones” anuladas pasaban a la administración del Estado de Nicaragua para “la creación del Fondo de Atención y Reparación Integral para las víctimas del terrorismo”, sin dar mayores detalles en ese momento.
Ese fue el inicio de la cruzada contra la sociedad civil organizada, que en cuatro años acumula 2107 organizaciones anuladas por el orteguismo; el 96% han sido cerradas durante los primeros nueve meses de 2022.
Operadores del FSLN a cargo de confiscaciones
El régimen de Daniel Ortega ha confiscado de facto universidades, organizaciones de la sociedad civil, representaciones diplomáticas y medios de comunicación desde el estallido social de 2018, a pesar de que la Constitución Política lo prohíbe. Sin embargo, con la aprobación “con trámite de urgencia” de la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL), se ha facilitado un “robo amparado en la ley”, según señaló en abril la abogada y notaria pública, Martha Patricia Molina.
La ley señala en el artículo 47 nueve causales de cancelación de personalidad jurídica a una oenegé y el traspaso de sus bienes al Estado que constituye una “confiscación”, según explicaron abogados nicaragüenses. Pero esa legalidad fabricada por el Gobierno tampoco la cumplen y continúan ejecutando las tomas de los edificios mediante operadores del Frente Sandinista acuerpados por la Policía, principal órgano represor del régimen.
De los 67 inmuebles confiscados, 29 fueron ocupados por operadores sandinistas –o representantes de instituciones del Estado–, 13 fueron asaltados y allanados por la Policía, rompiendo cerraduras y candados para ingresar; en cuatro casos solamente hubo allanamiento de agentes policiales, pero no encontraron bienes porque las organizaciones ya habían retirado su documentación y equipos de oficina previendo que serían ocupadas.
En febrero, el régimen de Ortega cerró seis universidades y se apropió de sus bienes. La Policía, a diferencia de la toma de oenegés, no se presentaron en los recintos, debido a que la autonomía universitaria prohíbe su ingreso.
En febrero, el régimen de Ortega cerró seis universidades y se apropió de sus bienes. La Policía, a diferencia de la toma de oenegés, no se presentaron en los recintos, debido a que la autonomía universitaria prohíbe su ingreso.
El Consejo Nacional de Universidades (CNU) se encargó de legitimar la ilegalidad, que el Gobierno disfrazó con una nueva ley creadora de tres nuevas universidades estatales para supuestamente garantizar la continuidad de formación a los jóvenes inscritos en las casas de estudios superiores arbitrariamente cerradas. En total, han confiscado al menos 13 recintos a seis diferentes casas de estudio.
Además, otras tres organizaciones aún no han sido allanadas, pero constantemente son vigiladas por la Policía.
El análisis de CONFIDENCIAL también detalla que entre las 67 propiedades confiscadas por el régimen hay un albergue de protección para mujeres que luchan contra la violencia machista, 60 edificios, una estación biológica, una finca y tres reservas naturales.
Instituciones cómplices
Las confiscaciones a organizaciones sin fines de lucro se han realizado a un ritmo diferente del cierre de las mismas. En lo que va de 2022, la Asamblea Nacional –y ahora directamente Gobernación– anula 200 oenegés por semana.
Las propiedades del Cenidh, Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade) y los medios de comunicación CONFIDENCIAL y el Canal 100% Noticias permanecieron ocupados por la Policía del régimen más de un año, hasta que –a finales de 2020– empezaron a colocar rótulos anunciando que las propiedades habían sido traspasadas al Ministerio de Salud (Minsa) y, en febrero de 2021, consumaron el robo de los edificios, convirtiéndolos en fachadas de casas maternas, centros de salud, y centros de atención a personas con adicción, según comprobó en su momento un recorrido de este medio.
El presidente de Fundación del Río explica que la toma de sus propiedades –valoradas en 1 500 000 de dólares– fue poco a poco, a partir de 2018. “Diversas instituciones han tomado posesión de las propiedades”, colocando rótulos, explicó. “Todas las áreas de bosque fueron apropiadas por el Marena – Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena)–”, confirmó.
La Asociación Centro de Estudios y Promoción Social (CEPS), fundada por el epidemiólogo Leonel Argüello tiene cinco propiedades confiscadas. El primer edificio, ubicado frente al canal 13 –en el circuito de seguridad de El Carmen– fue ocupado por la Policía en julio de 2021, un año después, los agentes ingresaron a una clínica de la oenegé, ubicada en Ciudad Sandino, y mantienen vigilancia en los tres lugares restantes, donde aún no ingresan: Centro de Desarrollo Rural, Jinotega; Centro de Desarrollo Rural, Mozonte, y Centro de Capacitación y oficinas, en Ocotal.
Se desconoce qué utilidad brindará el régimen a estas propiedades confiscadas, cuyo valor estimado ronda los 2.5 millones de dólares, confirmó el doctor Argüello.
De los 67 inmuebles contabilizados por CONFIDENCIAL, 13 están en poder del CNU, nueve fueron adjudicados a Marena, ocho están a cargo del Minsa, dos al Instituto Tecnológico Nacional (Inactec), dos al Ministerio de la Familia, uno al Ministerio Público, uno a la UNAN-Managua. Otros 13 fueron distribuidos a diversas entidades públicas no definidas explícitamente y 18 aún no han sido designadas.
El doctor Argüello explicó que no han hecho ninguna gestión para registrar la confiscación de las propiedades porque nunca fueron notificados sobre el despojo de la personalidad jurídica de la oenegé conforme a la ley. Además, antes de la anulación de la organización, conoció que la Policía se tomó la propiedad ubicada en El Carmen.
Supuestamente los agentes se presentaron acompañados de un civil, quien aseguró trabajar para el Migob, pero tampoco se identificó y no accedió a “firmar la lista de entrega de todos los documentos contables y libros desde hace 31 años, ni de las claves de las computadoras que teníamos”, denunció.
“En el Migob no te reciben ninguna carta o documento ni te firman la fecha que lo llevás, entonces no hay manera de que quede registro”, expresó.
Amaru Ruiz agregó que en el caso de la Fundación del Río, el régimen les quitó “las capacidades instaladas que tenían, centros de capacitación en tres municipios, teníamos hoteles donde realizábamos actividades”, dos radios comunitarias con alcance a los territorios en Río San Juan, al sureste del país, un centro de atención integral a la niñez y adolescencia.
“Hay una situación de violación a nuestros derechos, tanto de libertad de asociación como derecho patrimonial, que teníamos los miembros de la organizaciones, incluso, personalmente, me vi afectado con la confiscación de una de las fincas, que era de mi padre y que recibí de herencia, pero que lamentablemte también fue tomada por el régimen”, expresó. Presentaron recursos judiciales cuestionando el actuar del Gobierno sin recibir respuestas y además, han denunciado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los exrepresentantes de las propiedades tomadas han explicado que en Nicaragua no hay forma de reclamar sus derechos. No pueden cuestionar la anulación de su personalidad jurídica y tampoco la confiscación de sus propiedades. Uno de los edificios recientemente tomados fue el del Diario La Prensa, con un valor estimado en 10 000 000 de dólares y convertido por el régimen en el “Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho”, a cargo del Inatec.
