21 de junio 2022
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo continúa afilando su guillotina contras las oenegés nacionales e internacionales en Nicaragua, eliminando cada vez más organismos. En 2018, el régimen canceló nueve organizaciones de sociedad civil, acusándolas de entregar su estructura para “facilitar fondos” y “desestabilizar” Nicaragua durante la Rebelión de Abril que califica como un “intento fallido de golpe de Estado”.
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Entre las primeras oenegés canceladas se incluyen: Cenidh, IEEPP, Cinco, Ipade, Popol Na, Hagamos Democracia, Cisas, Fundación del Río, y el Centro de Liderazgo de las Segovias. En 2021, las oenegés anuladas fueron 60, señaladas de incumplir la legislación nicaragüense. Ahora, en cinco meses y medio de 2022, ya son 595 las oenegés canceladas bajo el argumento de un “ordenamiento” que amenaza con seguir liquidando a muchas más.
En la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, semana de por medio se aprueban en el plenario masivas anulaciones sin que medie debate.
Filiberto Rodríguez, presidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, es quien firma la mayoría de las solicitudes de anulación, recitando tres razones: evitar que las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) sean utilizadas para actos como el supuesto “golpe de Estado” de 2018; atender supuestas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero, y regular que toda organización cumpla las leyes nicaragüenses.
Sin embargo, la barrida de oenegés ha alertado a defensores de derechos humanos nacionales e internacionales, que ven una reducción del espacio cívico y una avanzada del Ejecutivo para obtener más control sobre la reprimida sociedad nicaragüense, que desde 2018 vive bajo un estado policial de facto.
El diputado orteguista alega que no se trata de “cacería de brujas” ni tampoco están “contra las organizaciones sin fines de lucro”. Su trabajo, dice, es verificar que las asociaciones no se desvíen de sus objetivos y acaten la ley, mientras Ortega acusa a las oenegés de “lavar dinero” y distribuirlo para “desarrollar actividades terroristas, desestabilizadoras”.
“Ya tenemos leyes para eso, y tenemos información sobre cómo se ha hecho el lavado durante años, y todavía hasta hace poco miles de miles de dólares corriendo ahí para sembrar el terror”, dijo Ortega en marzo de 2021, sin presentar ninguna prueba. Menos de dos meses más tarde, Gobernación y la Fiscalía emprendieron una cacería contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, para sacar de la contienda electoral a su expresidenta Cristiana Chamorro, y dirigir una nueva persecución contra el periodismo independiente en el país.
En junio de 2021, una investigación de CONFIDENCIAL reveló que las oenegés enfrentaban trabas burocráticas del Ministerio de Gobernación (Migob), para cumplir con todos los requisitos legales; una especie de muerte lenta, denunciaron. Aquella era la antesala de la cancelación masiva.
Un año después del letargo del papeleo, el orteguismo ha acelerado la extinción de las organizaciones, que el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) –anulado en 2018–, califica como “un crimen” que violenta el derecho constitucional a la libertad de asociación y, perjudica a la población.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), a cargo de la chilena Michelle Bachelet, advirtió en un informe de mayo que, “en lo que va de 2022, no ha habido mes en que la Asamblea Nacional no cancele masivamente a estas organizaciones. Se está viviendo el periodo más álgido”, resumió.
También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el cierre masivo de las organizaciones y demandó al Estado “cesar todo tipo de persecución contra personas y organizaciones que ejercen actividades legítimas y democráticas para la defensa y promoción de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales”.
Entre 2019 y 2020 el régimen cerró cinco organizaciones de sociedad civil, que apenas fue advertido por la opinión pública, mientras la atención se centraba en un paquete de leyes represivas, que en 2021 facilitaron el apresamiento de los principales líderes de la oposición y el inicio de la desarticulación de oenegés.
Pero la avalancha represiva se profundiza en 2022. El régimen no ha discriminado entre oenegés, cerrando a organizaciones, fundaciones e instituciones que se dedicaban a proyectos de desarrollo. También las que promovían emprendimiento de mujeres, educativas, religiosas, caritativas, de protección a la niñez, artísticas, médicas y culturales.
Tres leyes como instrumento de represión
Abogados consultados por CONFIDENCIAL coinciden en que la etapa actual es el resultado del andamiaje jurídico fabricado para “legalizar” la cancelación de oenegés, cumpliendo las alertas elevadas tras la aprobación de leyes espurias.
En cada decreto de solicitud de despojo de personalidad jurídica los diputados orteguistas citan el informe enviado por la responsable de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Migob, Franya Urey Blandón, que señala a las organizaciones de violar tres leyes: la nueva Ley 1115, de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro; la Ley 977, Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y la Ley 1040, de Regulación de Agentes Extranjeros.
La Ley 1040, aprobada en octubre de 2020, fue cuestionada de inmediato por criminalizar el trabajo de las organizaciones a través del financiamiento exterior, y la obligación a que se inscriban como “agente extranjero”, segregando a los nicaragüenses, porque conculca sus derechos políticos.
El abogado y representante de Acción Penal, Boanerges Fornos, señala que la Ley 1040 fue diseñada para “controlar a las organizaciones de sociedad civil y eventualmente, cerrarlas”, como está ocurriendo. Además, permite dar una “apariencia de legalidad” a las cancelaciones de personalidad jurídica, pero sostiene que cualquier acción que se fundamente en esta “no es válida”.
El orteguismo también acusa a las asociaciones de violentar la Ley 977, por no reportar los estados financieros conforme períodos fiscales con desgloses detallados: ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final). Así, el diputado Rodríguez asegura que, una vez que la solicitud de cancelación llega a la Asamblea, “hay mucho fundamento”.
“Tenemos los expedientes, tenemos todo el trabajo que hace Gobernación, y tenemos las pruebas de que, si esa (organización) ha violentado la Ley 1115 y la Ley 977, que es la ley de antilavado”, asevera. Pero el oficialismo nunca ha mostrado ninguna prueba que lo soporte, mientras en la tercera semana de junio el número de oenegés canceladas superó las 190.
Para Fornos no es posible que se puedan eliminar tantas organizaciones con argumentos genéricos. El procedimiento correcto sería hacer un análisis caso por caso y determinar los plazos que supuestamente las oenegés han incumplido y verificar sí se debe a una cuestión de las organizaciones o por obstaculización del Migob, como han denunciado varios exdirectivos de OSFL canceladas.
“El cierre arbitrario de más de 350 (669 entre finales de 2018 y mediados de junio de 2022) Organismos Sin fines de Lucro no responde bajo ninguna circunstancia a las peticiones ni exigencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ni a lo estipulado en sus 40 recomendaciones”, advierte la abogada, Martha Patricia Molina. Tampoco considera que sea parte de un “ordenamiento jurídico interno”, y más bien asegura que es “un tema de praxis de politiquería dictatorial” en un sistema donde domina “la ley del más fuerte y siempre en contra de la persona natural o jurídica que se atreva a solicitar el respeto de sus derechos”, explica.
Molina agrega que el orteguismo está utilizando al GAFI para legalizar las confiscaciones de las oenegés, a pesar que la Constitución lo prohíbe.
El último eslabón del andamiaje represivo contra las organizaciones fue cerrado por la Asamblea Nacional el 31 de marzo de 2022, con la aprobación de trámite de urgencia de la nueva Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro (OSFL).
El cuerpo jurídico, que prohíbe a las oenegés realicen proselitismo político y promuevan “campañas de desestabilización”, también legaliza las confiscaciones a los organismos, advierte Molina. A la vez, otorga al Migob la potestad de intervenir, suspender y solicitar la cancelación de una oenegé.
Desde su entrada en vigencia, el 6 de mayo, los decretos de cancelación de organismos señalan que las oenegés violentan la nueva ley, lo que implica que la están utilizando de forma retroactiva y en “detrimento” de las asociaciones que fueron creadas en virtud de la Ley 147, Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro, derogada por la Ley 1115.
Para Fornos, lo que buscan es crear un “marco de legalidad discrecional para cancelar las personerías jurídicas”. Molina añade que la nueva ley no llena los vacíos jurídicos que existían, sino que facilita “criminalizar a las OSFL”.
“Las organizaciones ya estaban funcionando con varios mecanismos de rendiciones de cuenta hacia el donante, hacia el Estado y hacia los beneficiarios. Se cumplían con los parámetros establecidos en la Normativa del Ministerio de Gobernación y con la ley de lavado de activos”, explicó.
Para OACNUDH, la nueva ley “contiene normas vagas o ambiguas que abrirían paso a la excesiva discrecionalidad o arbitrariedad de las autoridades”. En su informe de mayo, la agencia internacional cuestionó que la ley deje en decisiones administrativas y legislativas, la suspensión o cancelación de organizaciones, y no judiciales. También advirtió que no establece procedimientos de “impugnación ante una autoridad independiente”.
Ninguna de las organizaciones anuladas ha tenido derecho a réplica o queja.
Régimen va por control absoluto de oenegés
Según el diputado orteguista, Filiberto Rodríguez, en Nicaragua hay más de 2000 “asociaciones que están ahí, que están inoperantes, que no están funcionando, que no las han puesto al día, que están acéfalas, no tienen junta directiva, las asambleas están perdidas, no tienen el reporte financiero…”. La cifra equivale a un 25% de las 8220 OSFL que existirían en Nicaragua.
En la cancelación masiva de oenegés, han destacado algunas particularidades como la confiscación de bienes y creación de nuevas universidades estatales tras la cancelación de cinco universidades privadas.
También cuando canceló la Asociación Española Nicaragüense, la Asociación Club Terraza, la Asociación Nejapa Country Club, el Country Club de Chinandega y la Asociación Centro Ecuestre Cocibolca (Asoceco), que selló con la creación de una Ley Especial para el cambio de Régimen de Personas Jurídicas, otorgando noventa días para su traslado a sociedades mercantiles, aduciendo que realizaban actividades comerciales.
Según Fornos, esta última medida es un “mecanismo para ejercer un mayor control y el que no se quiere someter a ese control y chantaje, cancelarlo y apoderarse de sus bienes”, considera.
Carlos Guadamuz Hernández, defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, llama “pretextos” a los argumentos del régimen para cerrar las oenegés, mientras –dijo– hace de la persecución una política del Estado.
