7 de octubre 2022
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El cierre masivo de organizaciones de la sociedad civil está causando "un drama humano" en Nicaragua, ya que afecta negativamente en las comunidades, donde estos organismos tenían incidencia, y en la vida de los trabajadores, que en muchos casos son perseguidos, asediados y forzados al exilio por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El abogado Juan Carlos Arce, del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, valoró que desde 2018 "vivimos el mayor ataque a la libertad de asociación en la historia de Nicaragua". Recordó que solo en los primeros ocho meses de 2022, el régimen Ortega-Murillo ilegalizó 2250 oenegés de distintas naturaleza, desde organismos de mujeres, de derechos humanos, de salud, de educación.
Esta situación "no solo es una tragedia jurídica sino un drama humano en Nicaragua", advirtió Arce durante su participación en el panel Cierre de Espacios Cívicos realizado en Lima, Perú, como parte de las actividades paralelas a la 52° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Las organizaciones civiles en Nicaragua "no solo han sido canceladas sino que (en muchos casos) fueron despojadas de sus edificios, de la información, de todo". Mientras, los trabajadores son "perseguidos, hostigados, obligados a salir (del país) y ahora desterrados". La estrategia es "no dejar piedra sobre piedra", comentó el defensor de derechos humanos.
Aniquilamiento de derechos
A juicio de Arce, la cancelación masiva de organismos es "sin duda" represalia del régimen "por la labor de acompañamiento que realizamos las organizaciones de sociedad, en un país donde la institucionalidad ha sido completamente erosionada".
El defensor de derechos humanos, además, valoró que el objetivo del régimen es controlar todas las esferas de la vida, incluida la libertad de organización y de pensamiento. "Podemos observar el aniquilamiento de los derechos de asociación, de contar con servicios en materia de salud, educación, religión, acompañamiento en derechos humanos y el empleo mismo", agregó.
El relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, apuntó que este tipo de medidas implementadas por regímenes autoritarios crean "una suerte de autocensura" entre la sociedad civil.
"El cierre de espacios cívicos también implica el temor a ejercer con libertad por las consecuencias de que esto pueda acarrear y, ciertamente, la sumatoria de muchos actos represivos termina derivando en un cierre del espacio cívico, en perder la confianza en el ejercicio de libertades", señaló el relator.
Gobiernos intolerantes a la crítica
Vaca también advirtió que a nivel regional existe "un deterioro generalizado del debate púbico" y recordó que el sistema interamericano ha exhortado a los Gobierno a ser tolerantes a la crítica.
"Hay Gobiernos que tienen baja tolerancia a la crítica y esto ha llevado a que se esté convirtiendo en regla el etiquetamiento de la sociedad civil, la asignación de etiquetas estigmatizantes, denigrantes, el no reconocer en la sociedad civil a un actor legítimo sino señalar y poner la etiqueta a las organizaciones como un actor que le hace daño a la sociedad civil, como un actor que no contribuye sino que pervierte una noción de nación", comentó el relator.
Vaca también indicó que estos Gobiernos intolerantes a la crítica están "legislando en función de acallar voces", ya que utilizan políticas tributarias, registro de sociedades, medidas administrativas y las leyes de una forma aleccionadora, convirtiéndolos en instrumentos represivos.
