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CNU obliga a universitarios a informar sobre movimientos migratorios

El control migratorio incluye “salidas del país por asuntos personales, tales como turismo, visitas familiares, vacaciones”, según el CNU

El Consejo Superior de Universidades (CNU), bajo el control del régimen, ordenó a las universidades “legalmente establecidas en Nicaragua”, que informen, con 30 días de antelación, sobre cualquier “movimiento migratorio” de los estudiantes y asesores extranjeros.

 A inicios del pasado mes de agosto, el CNU ya había exigido —a través de una circular— que las universidades comuniquen sobre los movimientos migratorios “del personal docente y administrativo”. Con otra circular, fechada este nueve de septiembre, el organismo rector aclaró que la medida también incluye a “los estudiantes y asesores extranjeros que visitan las universidades”.

Ambas circulares han sido firmadas por Jaime López Lowery, secretario técnico del CNU. El organismo justificó su decisión con base en el numeral 14 del artículo 58 de la Ley 89 o Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, que establece —según una reforma ordenada y aprobada por el orteguismo el pasado 31 de marzo— que el órgano rector puede “requerir al IES (Instituciones de Educación Superior) la información que considere necesaria para su mejor desempeño y el de la educación superior”.

La nueva circular aclaró también que la medida abarca “salidas del país por asuntos personales, tales como turismo, visitas familiares, vacaciones entre otras, del personal directivo de todos los niveles de las universidades”. Amplía el período de aviso de siete a 30 días de antelación.

La información que deben enviar las universidades incluye: nombre completo de la persona que va a salir o ingresar a Nicaragua, identificación o número de pasaporte, país de procedencia o destino, fecha de entrada o salida del país, motivo de la visita, duración de la visita y puerto de entrada o salida.

En entrevista con CONFIDENCIAL, juristas y expertos en educación han advertido que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto un “control total y partidario” sobre las universidades públicas, en las que se ha perdido la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.

El orteguismo cerró y eliminó, en el primer trimestre de 2022, la personería jurídica de diez universidades privadas. Entre las casas de estudios anuladas están: la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), la  Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic) y la Universidad Paulo Freire (UPF).


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