23 de diciembre 2022
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A las puertas de Navidad, la Coalición Lucha Nicaragua—integrada por 17 organizaciones— pidió la libertad de los presos políticos y denunció una intensificación de la represión del régimen Ortega-Murillo y de la crueldad impuesta a la población en general, los prisioneros de conciencia y sus familiares.
Las organizaciones reportaron en noviembre pasado la detención arbitraria de 33 personas, de los cuales 16 permanecen aún encarcelados. Estos reclusos son parte del total de 235 presos políticos, un panorama que respalda la afirmación de este grupo de que no hay nada que celebrar desde hace cinco años en las fiestas de Navidad y fin de año, por lo que demandaron su libertad.
La cifra de los 235 cautivos por razones políticas es la segunda más alta desde 2018. El informe destaca que, de estos, “cuatro son familiares de las víctimas asesinadas, donde destacan los patrones de represión de actores estatales y paraestatales agravando la persecución y el acoso contra las familias”, afirma el pronunciamiento, que fue leído en una transmisión en vivo realizada en redes sociales por medios de comunicación independientes.
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La coalición está integrada por la Asociación Madres de Abril (AMA), El Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, la Articulación de Movimientos Sociales, la Unidad de Defensa Jurídica, la Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua (UPPN), el Movimiento Autónomo de Mujeres, Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), Popol Na, entre otros.
Saña e impunidad del orteguismo
La gravedad de la situación de los reos de conciencia, la conculcación de los derechos de movilización y asociación—a través del Estado de facto policial—ha convertido el caso de Nicaragua en uno de las más graves de América Latina.
En el comunicado mencionado anteriormente, las organizaciones hacen ver que la población se encuentra en “resistencia contra la impunidad” y describen una a una las violaciones de derechos humanos, perpetradas por la dictadura y sus funcionarios.
“Persiste el uso de la crueldad como práctica normalizada en el régimen Ortega-Murillo, que perfecciona sus métodos de control profundizando el aislamiento y las torturas físicas, sexuales y psicológicas en contra de las personas presas políticas y en la actualidad con mayor saña en el hostigamiento hacia los familiares de las víctimas, incluyendo hacia niñas, niños y adolescentes”, advirtieron.
Explicaron también que los reos políticos se encuentran en una situación de emergencia, sometidos a aislamiento, en celdas de castigo o de máxima seguridad, sumado a la falta de atención médica especializada.
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Denunciaron que el régimen Ortega-Murillo ha intensificado durante 2022 el hostigamiento con amenazas y chantajes de autoridades penitenciarias, a través de la denegación de visitas a familiares, llegando en algunos casos a la detención.
“La privación sensorial es otra práctica normalizada, donde la denegación de patio y sol puede tener una duración de incluso meses para aplacar el espíritu de la persona detenida”, agregaron las oenegés.
Estos organismos sostienen que existe una criminalización como “habitus estructural del terrorismo de Estado”. Para Yaritza Mairena, representante de la UPPN, los reos que se encuentran en las instalaciones carcelarias de El Nuevo Chipote sufren una “condición inhumana y degradante”.
Mairena dijo que un ejemplo de la situación precaria, en que se encuentran, es el caso del sociólogo Oscar René Vargas, acusado por la dictadura de “propagación de noticias falsas”, “conspiración para el menoscabo de la integridad nacional”, así como el delito de “rebelión”. Sus familiares denunciaron que ni siquiera le han permitido tener una cobija.
“Las personas de edad avanzada no tienen acceso a sus medicamentos ni a una revisión constante de sus enfermedades crónicas. Definitivamente, las condiciones cuando no tienen un libro para leer en un tiempo tan prolongado como es más de un año, o año y medio, viene siendo una tortura”, insistió Mairena.
Mairena hizo un llamado a la comunidad internacional a fortalecer los mecanismos que puedan golpear o sancionar las prácticas dictatoriales de Ortega y otros regímenes que se están proliferando por el mundo. “Si no cambiamos esos mecanismos, posiblemente el autoritarismo se siga viendo en la región y no es la intención. Tenemos que garantizar mecanismos de no repetición de las dictaduras para que no se dando estos hechos de violencia”, señaló.
Régimen Ortega-Murillo conculcó derecho a la defensa
Alexandra Salazar, de la UDJ, agregó que en 2022 se volvieron a patrones de 2018, cuando las personas detenidas en los departamentos eran trasladadas a Managua para ser juzgadas en la capital, lo que corresponde a una “sustracción del juez natural”.
“Vemos que se aumenta la denegación del acceso a expedientes. No se les brinda copia de las acusaciones, actas de audiencia. Los judiciales alegan haber entregado copias de las acusaciones a los defensores públicos, por lo que los abogados elegidos por los presos políticos y sus familiares deben asumir defensas y presentarse a las audiencias sin siquiera tener conocimiento de la acusación”, sostuvo Salazar.
Salazar destacó que se está viendo “una extensión de la pena hacia hijos e hijas menores de edad al ser privados de comunicación (en más de 1 año que solo hayan logrado verlos en 1 ó dos ocasiones) es una grave denegación e implica afectaciones en los menores”.
Entre los principales objetivos de la represión de Ortega este año se encuentra también la Iglesia católica. La dictadura acusa a los religiosos de ser partícipes de un golpe de Estado, cuando los religiosos lo que hicieron fue denunciar las violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado.
El 13 de diciembre pasado, la Fiscalía formalizó su acusación contra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, el primero en la historia de la jerarquía católica en ser procesado, pero también la dictadura mantiene a otros sacerdotes encarcelados, echó al nuncio apostólico, expulsó a 18 monjas de la orden misioneras de la caridad, cerró radios católicas en el norte del país, profanó templos y realiza espionaje en las iglesias.
