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Dictadura “inventa” audiencias para exhibir a presos políticos

El Código Procesal Penal no contempla las “audiencias informativas”. El magistrado Octavio Rothschuh ya no tiene competencia en estos casos

La justicia orteguista se inventó la figura legal de “audiencia informativa” para exhibir este martes a diez presos políticos, un día después que familiares de los reos de conciencia denunciaron que estos sufrían desnutrición y adelgazamiento extremo. Abogados y defensores de derechos humanos alertaron que el Código Procesal Penal (CPP) de Nicaragua no establece en ninguno de sus artículos la celebración de “audiencias informativas”, por lo que su convocatoria y realización es “ilegal” y persigue fines “políticos”.

A estas “audiencias” fueron llevados los presos políticos: Walter Gómez, Marcos Fletes, Pedro Vásquez, Miguel Mora, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Max Jerez, Lesther Alemán, José Antonio Pereza y Michael Healy. Los opositores, detenidos entre mayo y noviembre de 2021, fueron condenados a penas de entre siete y trece años de cárcel por los supuestos delitos de “conspiración” o “lavado de dinero”.

Es “una estrategia de represión”, que evidencia “tratos crueles y denigrantes” contra los reos de conciencia, y que además, busca “desprestigiar” la denuncia de sus familiares, que han alertado del riesgo en que se encuentran sus vidas en prisión, incomunicados, sin acceso a atención médica oportuna y alimentación suficiente, consideró Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Detalló que el CPP únicamente contempla las audiencias: preliminar, inicial, especial, preparatoria de juicio, juicio, lectura de sentencia y la de tutela de garantías constitucionales, pero no la “audiencia informativa”, por lo que “todas las acciones del régimen son ilegales”, y representan una “continuación de la farsa judicial que han sido los juicios”.

El pasado 2 de julio el régimen orteguista también presentó fotografías del preso político y ex aspirante presidencial, Félix Maradiaga, cuando fue llevado a los juzgados de Managua para una supuesta audiencia de ratificación de sentencia por parte del TAM, un día después que su esposa Berta Valle demandó que lo dejaran ver tras 389 días de cárcel y aislamiento.

“Los jueces no pueden estar inventando actividades procesales. Ellos solo tienen la facultad de realizar los actos procesales señalados en el Código. En lo que están incurriendo individualmente estos jueces es en la comisión de delitos, que violan las garantías del debido proceso en perjuicio de los procesados y a ellos los hacen ser delincuentes en sus funciones, que cometen delitos contra la administración de justicia”, subrayó Núñez.

“Pueden cometer el delito de prevaricato por estar actuando contra ley expresa”, advirtió la defensora.

El abogado defensor Henry Salatiel López coincide con Núñez que no hay ningún asidero legal que justifique las improvisadas audiencias y “obedecen más a una estrategia política del régimen de Ortega” —para responder a las diferentes campañas en demanda de libertad de presos políticos y denunciar la desprotección de sus derechos.

Magistrado sin competencia

Tras más de un año de encierro y juicios políticos herméticos, los medios de comunicación afines al régimen presentaron fotografías y videos de los diez presos políticos que fueron llevados a los juzgados de Managua a las “audiencias informativas”, lideradas por el magistrado Octavio Ernesto Rothschuh, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM). 

Según abogados defensores, el TAM ya no tiene competencia para realizar audiencias, ya que dictó sentencia en la mayoría de los casos de presos políticos en El Chipote. Su función, en este momento, “es verificar que los recursos de casación presentados por las defensas cumplan con los requisitos de ley para ser admitidos y elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia”, explicó un abogado defensor, que solicitó omitir su nombre por seguridad.

Los medios oficialistas indicaron que Rothschuh informó a los presos políticos sobre el estado de los diferentes recursos judiciales presentados por sus abogados. Sin embargo, el magistrado no convocó a los abogados defensores.

“Es ilegal la convocatoria porque no estaba el abogado, es ilegal esa audiencia porque no existe”, refirió un abogado defensor. 

CONFIDENCIAL consultó con varios abogados defensores de presos políticos en El Chipote y aseguraron que la mayoría de recursos de casación fueron admitidos por el TAM y están a la espera de la respuesta de agravios por parte del Ministerio Público. Una vez se cumpla ese paso deberán trasladar el caso a la Corte Suprema de Justicia, que emitirá una resolución. 

Esta es la última instancia a donde puede acudir un nicaragüense en demanda de justicia, previo a las cortes internacionales.


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