16 de enero 2023
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El régimen Daniel Ortega continúa sin publicar el informe de auditoría externa sobre el uso de los fondos destinados a la atención de covid-19, que se divulgaría a finales de noviembre de 2022, según el plazo prometido al Fondo Monetario Internacional (FMI). Este sería el primer documento oficial que revelaría cómo han ejecutado el dinero destinado para combatir la pandemia.
“Las autoridades mantienen su compromiso de publicar los informes de auditoría externa sobre el uso de todos los fondos de covid-19; se espera que un primer informe sobre la ejecución hasta mayo de 2021 se publique a fines de noviembre de 2022”, adelantó el FMI, tras la visita de una misión técnica a Nicaragua.
Sin embargo, ya han pasado dos meses desde el anuncio y el informe no se encuentra disponible para la población nicaragüense. El retraso ocurre a pesar que su análisis solo abarca los primeros 15 meses de pandemia en Nicaragua, período en que el régimen hizo pocos esfuerzos para atender la emergencia sanitaria.
Para la pandemia, la dictadura Ortega Murillo consiguió préstamos por más de 460 millones de dólares entre junio de 2020 y junio de 2022. Estos fueron otorgados por el Banco Mundial (136 millones), el FMI (135 millones), el Banco Centroamericano de Integración Económica (100 millones) y el Banco Interamericano de Desarrollo (43 millones). Además de cuantiosas donaciones de países y cooperantes bilaterales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Transparencia a medias con uso de "fondos covid"
Los organismos multilaterales autorizaron estos préstamos para la compra de medicinas, equipos de protección personal, insumos médicos y de laboratorios, vacunas, mejoramiento de la cadena de frío, entre otras necesidades. Sin embargo, para acceder a estos, el régimen adquirió una serie de acuerdos de transparencia que ha cumplido a medias y a su tiempo.
Asimismo, los multilaterales establecieron que los fondos otorgados debían ser canalizados y supervisadas por las agencias de Naciones Unidas: Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), debido a los fuertes cuestionamientos que surgieron por el manejo de la pandemia por parte del régimen de Ortega-Murillo.
Agencias no impidieron acceso de Ortega a los fondos
Aunque el rol de las agencias era administrar y supervisar los “fondos covid”, el régimen ha conseguido acceder directamente a estos fondos. En octubre de 2021, la dictadura sacó a Unicef del proyecto “Apoyo para la Implementación del Plan de Despliegue de Vacunación y Atención de la covid-19 en la República de Nicaragua”, otorgado por el BCIE.
Inicialmente esta agencia estaría a cargo de la supervisión externa del proyecto, pero después de incorporar el préstamo al Presupuesto General de la República (PGR) de ese año, la dejó por fuera.
En noviembre de 2022, el director de UNOPS, Naziro Espósito, declaró al diario La Prensa que “cada proyecto que se implementa cuenta con un mecanismo de monitoreo y reporte detallado que garantiza la total transparencia y el seguimiento operativo del mismo”.
Las declaraciones fueron otorgadas después de cuatro meses de espera y de burocracia, informó el diario, y sin revelar mayores detalles sobre su rol dentro de los proyectos.
Desde la confirmación del primer caso de covid-19 en Nicaragua, ocurrido el 18 de marzo de 2020, el régimen de Ortega Murillo ha sido cuestionado por su mal manejo en la atención a la emergencia sanitaria y la falta de transparencia. Principalmente, por el ocultamiento deliberado de los fallecidos. Asegura que solo hubo 245 decesos, a pesar que estudios de sobremortalidad estiman entre las muertes oscilaron entre 12 000 y 30 000.
Opacidad en contrataciones
Asimismo, se ha documentado evidencia de negligencias de parte del régimen de Ortega al no abastecerse de vacunas, restringir los equipos de protección personal para el personal de salud, ocultar la circulación de variantes de preocupación y la opacidad en el manejo de fondos recibidos para la pandemia.
Investigaciones periodísticas han fiscalizado las compras hechas para la atención de la pandemia a través de los “contratos covid” publicados en portal Nicaragua Compra del Sistema de Contrataciones Administrativas Electrónicas (SISCAE). Estas contrataciones que superan los 85 millones de dólares, varios de estos beneficiaron a empresas o farmacéuticas allegadas al régimen de Ortega.
Los “contratos covid” también revelaron que el régimen hizo compras de medicamentos para la covid-19 que no estaban recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como adquisiciones que no corresponden con la emergencia sanitaria.
Por ejemplo, el Ministerio de Educación (Mined) adquirió mechas de lampazo, escobas y jabones para lavar trastes con los fondos destinados para la pandemia. En los contratos que fueron revisados por CONFIDENCIAL no se incluyó ni una mascarilla o careta facial para los docentes y estudiantes.
Pese a estos señalamientos, el Estado asegura que han “manejado inteligentemente, sensiblemente y exitosamente” la pandemia, “a pesar de los ‘heraldos negros’, cuyas malas intenciones conocemos, cuyas manipulaciones conocemos, cuyas invenciones y ficciones conocemos, cuyas falsedades hemos conocido y vamos venciendo”, según dijo Rosario Murillo, el pasado 03 de enero de 2023, en sus habituales monólogos diarios.
