28 de octubre 2022
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A sus 59 años, Eliseo Castro Baltodano es uno de los más de 200 presos políticos del régimen Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Aunque su nombre es poco conocido, él es uno de los reos de conciencia que llevan más tiempo encerrados en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) y cuya salud se ha quebrantado gravemente.
Castro Baltodano sufrió un derrame cerebral el 13 de septiembre de 2021. A causa de esto perdió el habla, no puede caminar ni hacer sus necesidades fisiológicas por sí mismo. “Él está consciente, pero prácticamente es como un niño”, relató “Federico”, una fuente cercana a su familia.
Debido al delicado estado de salud del preso político, este fue trasladado desde hace más de un año, a una sala del hospital Antonio Lenín Fonseca, donde permanece bajo custodia policial y los oficiales “toman fotos a todo lo que se le vaya a dar a él (Castro), a la comida, las pastillas, a todo”, detalló el familiar.
Pero la salud del preso político “no muestra mejoría”, al contrario, en los últimos meses “él ha venido perdiendo la vista, casi no mira, oye solo de un oído, ha venido teniendo una desmejoría”, relata el pariente.
La fuente también indicó que el preso político permanece sedado la mayor parte del tiempo porque sufre convulsiones. “Hay medicamentos que le ayudan en ciertas cosas, pero lo van fregando en otras como los riñones, hace poco tuvo la creatinina alta, de ahí tuvo una infección en los riñones y cosas así”, explicó.
Castro fue detenido en septiembre de 2019 cerca de su casa, en el parque de la Colonia Maestro Gabriel, en Managua, por civiles armados y agentes de la Policía. Fue acusado y condenado por los delitos de “fabricación, tráfico, tenencia y uso de armas restringidas o artefactos explosivos”. La justicia orteguista lo sentenció a seis años de cárcel y 350 días de multa.
La situación “ha sido desgastante para la familia”, apuntó la fuente. Ellos “han pedido el cambio de medida cautelar” a casa por cárcel, pero lamenta que, como sucede en la mayoría de casos de índole política, “no les han resuelto”.
Continúan las torturas y tratos crueles
Las torturas y tratos crueles hacia los presos políticos son prácticas que se continúan dando en los diferentes centros penitenciarios de Nicaragua, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, pero cada vez es más difícil para los familiares denunciar estos abusos, debido a la escalada represiva del régimen Ortega-Murillo.
Solo en el mes de agosto, el Mecanismo registró casos de aislamiento y robo de pertenencias a los reos de conciencia en el Sistema Penitenciario Nacional, en Tipitapa; hacinamiento y acceso limitado al servicio de agua en los penales de Granada y Matagalpa; y falta de atención médica a las presas en la cárcel La Esperanza, en Tipitapa.
“Dentro del Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, la represión ha incrementado en los últimos meses”, advirtió el Mecanismo en agosto. “Se han registrado agresiones a tres presos políticos por parte de reos comunes que ingresaron a sus celdas y procedieron a robarles sus pertenencias, golpearlos y herirlos, incluso, con armas blancas”, continúa.
El Mecanismo también reportó el caso de un preso político al que las autoridades del SPN le han negado las visitas familiares desde octubre de 2021, por lo que permanecen en “un régimen de aislamiento y de incomunicación”.
En el Sistema Penitenciario de Granada, conocido como La Granja, uno de los presos políticos está en una celda hacinada junto a 165 reos comunes. Mientras que en el penal de Waswalí, en Matagalpa, uno de los presos políticos fue reubicado a una celda con 400 reos comunes, con acceso a medio balde de agua al día para cubrir todas las necesidades.
“Estas condiciones de reclusión constituyen una forma de tratos inhumanos y denigrantes que a su vez repercuten en la salud de las personas detenidas”, advierte el Mecanismo.
En la cárcel de mujeres, conocida como “La Esperanza”, la salud de las presas políticas “continúa deteriorándose”, advierte el documento. Dos de las presas de conciencia han desarrollado problemas de presión arterial y otras dos, que presentaban este problema desde antes de ser encarceladas, “no han sido sometidas a las valoraciones médicas pertinentes y por ende no reciben el tratamiento adecuado”, subrayan.
Enfermos y sin ayuda
A mediados de julio, la familia del preso político Alexis Peralta supo por una persona que salió del sistema penitenciario de Estelí que su pariente se encontraba enfermo, pero fue hasta que lograron verlo, el 5 de septiembre, que el reo de conciencia les compartió algunos males que lo aquejan.
“Marcos”, una fuente cercana a la familia de Peralta, relató que el reo de conciencia sufre tres hernias discales, tiene un tumor en uno de sus riñones, presión alta y colesterol elevado, y teme que incluso pueda tener otros malestares porque “él ni siquiera cuenta de todas las cosas que le pasan ahí (en la cárcel) para no preocuparlos”.
La fuente también indicó que el preso político “estuvo muy grave” y que —incluso— le hicieron algunos exámenes médicos, pero desconoce si fue en la clínica del penal o en algún hospital.
“Él (Peralta) se ha complicado porque son varias enfermedades crónicas las que tiene”, advirtió la fuente. Además “está muy depresivo” y “tiene miedo de contar todo lo que le hacen ahí porque después le va mal”, continuó.
Entre los presos políticos enfermos también están la integrante de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Nidia Barbosa; el estudiante Kevin Solís, el opositor Walter Montenegro, y los reos de conciencia María Esperanza Sánchez y Kevin Zamora. La mayoría de ellos con problemas de presión arterial.
Familiares se autocensuran
Para las familias de los presos políticos cada día se vuelve más difícil denunciar las detenciones arbitrarias, las graves violaciones de los derechos humanos de sus familiares y las condiciones de detención en las diferentes cárceles. Debido al recrudecimiento de las amenazas, hostigamientos y persecución por parte de simpatizantes del régimen o la Policía temen hablar ante medios de comunicación e incluso organismos de derechos humanos.
El objetivo del régimen, al amenazar a los familiares de los reos de conciencia “es bloquear la información y la denuncia de las condiciones carcelarias, como parte de una política represiva sistemática tendiente a silenciar la situación de los detenidos políticos y a bloquear la denuncia en el exterior”, advierte el Mecanismo.
“No cabe duda que la indefensión ante la violencia del Estado ha tenido efectos emocionales devastadores en los y las nicaragüenses y más aún ante la ausencia de un Estado de Derecho que brinde garantías al pleno ejercicio y goce de los derechos humanos”, continúa el documento.
La represión también ha obligado a algunas familias de presos políticos a “optar por la autocensura o solicitar la no incorporación de sus familiares en las listas que se publican mensualmente”, advierte el Mecanismo. Así, además del encierro, la dictadura intenta condenar a los presos políticos al olvido.
