23 de octubre 2022
AA
Un total de 26 personas son los presos políticos más recientes de la nueva escalada represiva de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en Nicaragua, ejecutada desde finales de junio a mediados de octubre de 2022, y otros cuatro ciudadanos tienen orden de captura, según un conteo realizado por CONFIDENCIAL.
La lista de presos políticos incluye a cinco integrantes o exmiembros de la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos, antes MRS), a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador de la Diócesis de Estelí, cinco sacerdotes, dos seminaristas y un laico de la Diócesis de Matagalpa, cinco familiares de perseguidos políticos, dos trabajadores del diario La Prensa y el exgerente general del desaparecido El Nuevo Diario. Además de otros sacerdotes y ciudadanos.
De estos presos políticos, 22 están en celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote; mientras, monseñor Álvarez permanece bajo “casa por cárcel” en Managua, otro sacerdote condenado está en La Modelo, y uno más –detenido y acusado en junio– está en el penal de Granada.
El Chipote | Foto: Confidencial
Escalada contra medios de comunicación
Las primeras personas detenidas por el régimen en julio de este año, en esta nueva embestida represiva, fueron dos conductores del diario La Prensa, encarcelados de forma “arbitraria e ilegal” desde el 6 de julio, luego que ese medio de comunicación dio cobertura a la expulsión ordenada por el orteguismo contra 18 misioneras de la caridad.
La Fiscalía orteguista acusó a ambos conductores por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, y ordenó la captura de una periodista y una asistente administrativa, actualmente exiliadas.
La acusación contra los cuatro trabajadores de La Prensa, según el sistema electrónico del Poder Judicial, fue formalizada el pasado 29 de septiembre y está radicada en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, a cargo de Nalia Nadezhda Úbeda Obando.
Tras la detención de los dos conductores de La Prensa, el régimen además desató una cacería contra todos los trabajadores de ese medio de comunicación, especialmente contra periodistas y fotógrafos, obligándolos a exiliarse y continuar informando desde fuera del país.
También el 6 de julio, aunque no fue de dominio público en ese momento, el régimen mandó a encarcelar a Arnulfo José Somarriba Aguilar, exgerente de El Nuevo Diario, medio de comunicación que cerró operaciones el 27 de septiembre de 2019. El exdirectivo es acusado de supuestamente cometer “menoscabo a la integridad nacional”, según una nota de prensa del Poder Judicial divulgada el 3 de octubre y está encarcelado en El Chipote, según fuentes consultadas por CONFIDENCIAL.
Los ataques del régimen contra la prensa independiente han sido constantes en los últimos cuatro años, agudizándose en los últimos dos años contra el diario La Prensa. El 13 de agosto de 2021, las instalaciones de La Prensa, el más antiguo de Nicaragua, fueron ocupadas por la Policía Nacional y horas más tarde, en la madrugada del 14 de ese mismo mes, capturó y encarceló a su gerente general, Juan Lorenzo Holmann, quien tiene más de un año encerrado en El Chipote y fue condenado a nueve años de prisión por el supuesto delito de “lavado de dinero”.
Seguidamente, el 23 de agosto, la dictadura oficializó el robo de los bienes y del edificio de La Prensa e instaló, en el edificio confiscado, el Centro de Cultura y Politécnico “José Coronel Urtecho”.
Embestida contra religiosos
Un mes después de un ataque constante contra trabajadores, periodistas y exdirigentes de medios de comunicación, el régimen orteguista enfiló la represión contra la Iglesia católica, encarcelando a líderes religiosos y laicos, asediando templos religiosos, prohibiendo procesiones y misas.
La nueva embestida inició el 4 de agosto, en Matagalpa, luego que un grupo de policías cercó la Curia Episcopal de ese municipio, bloqueando el ingreso de sacerdotes, feligreses, personal del coro y medios de comunicación católicos.
El obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, salió ese mismo día a las calles y con el Santísimo en sus manos predicó, oró y cantó alabanzas frente a un nutrido grupo de agentes policiales, abogando por continuar con sus actividades religiosas.
La respuesta del régimen a las peticiones de los religiosos fue más represión, encerrando a Álvarez, junto a otras ocho personas, entre sacerdotes, seminaristas y laicos, durante quince días en la Curia, señalándole de ser investigado por “organizar grupos violentos” y “ejecutar actos de odio”.
El 19 de agosto, la Policía del régimen Ortega-Murillo asaltó la Curia Episcopal de Matagalpa, donde mantenía encerrado a Álvarez y las otras ocho personas, e informó, siete horas después del operativo, que el religioso fue sometido a “resguardo domiciliar” en Managua y ahora, más de un mes después, públicamente se desconoce su condición y continúa bajo “casa por cárcel”.
Siete de los ocho colaboradores del líder religioso, que permanecieron encerrados en la Curia durante 15 días, fueron trasladados a El Chipote.
Hasta ahora se desconoce de una formal acusación contra Álvarez, sin embargo, las otras siete personas que estuvieron con él ya fueron acusadas por “conspiración” y “propagación de noticias falsas”, con pruebas fabricadas.
Los siete acusados son: los sacerdotes Ramiro Tijerino Chávez, rector general de la universidad Juan Pablo II; José Luis Díaz Cruz, vicario de la Catedral de Matagalpa y su antecesor Sadiel Antonio Eugarrios Cano, el diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno, y el reportero gráfico Sergio Cadena Flores.
La acusación fue presentada desde el 21 de septiembre por el fiscal Manuel de Jesús Rugama, quien se ha destacado persiguiendo a presos políticos, igual que la jueza Nalia Nadezdha Úbeda Obando, del Quinto Distrito Penal de Audiencias de Managua.
Reportes periodísticos han revelado que los siete religiosos y laicos se encuentran hacinados en El Chipote y han sido sometidos a aislamiento y constantes interrogatorios.
Redada contra Unamos
En septiembre, el régimen Ortega-Murillo enfiló su embestida represiva contra integrantes de la Unión Democrática Renovadora (Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista: MRS). La agrupación política denunció la detención de sus miembros: Orlando Campos y Raúl Oporta.
Campos fue detenido en su vivienda en Juigalpa, Chontales, y Oporta en su residencia en Nueva Guinea. Ambas detenciones ocurrieron el 4 de septiembre durante un operativo policial.
Actualmente, ambos integrantes de Unamos guardan prisión en El Chipote. Sin embargo, se desconoce si Campos y Oporta fueron acusados por algún delito.
Unamos recientemente, a propósito del mes de encarcelamiento que cumplieron Campos y Oporta, exigió a través de sus redes sociales “libertad inmediata”, pero no detalló si sus miembros han sido señalados de algún delito.
Seguidamente, el 11 de septiembre, el régimen ordenó capturar a Nicolás Palacios Ortiz, de 65 años, reconocido por haber sido, en 2008, dirigente del MRS en León. Unamos no denunció la detención de Palacios Ortiz por lo que se desconoce si continúa siendo parte de esa agrupación.
CONFIDENCIAL conoció que el activista político también se encuentra en El Chipote. Además, se identificó que Palacios Ortiz, el 18 de abril de 2018, fue víctima de agresiones dirigidas por las turbas orteguistas durante las protestas sociales de en León, en rechazo a las reformas a la seguridad social que había impuesto el orteguismo en perjuicio de los ingresos de los asegurados.
Videos publicados en las redes sociales ese 18 de abril de 2018 demuestran la agresión sufrida por el anciano por parte de personas afines al FSLN.
El 3 de octubre, casi un mes después de la detención, el Poder Judicial informó que Palacios Ortiz fue acusado de supuestamente cometer los “delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.
Además, informó que Hugo Ramón Rodríguez Flores, detenido el 15 de septiembre, y Adolfo Ramón García Ramírez, capturado el 17 de septiembre, también fueron acusados por esos mismos delitos.
Públicamente se desconoce si Rodríguez Flores y García Ramírez también son parte de la agrupación política Unamos. CONFIDENCIAL conoció que ambos también están en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial.
Familiares de perseguidos usados como rehenes
En el contexto de la ola de detenciones de integrantes de Unamos, cinco familiares de perseguidos políticos –que ya están en el exilio– también fueron capturados, convirtiendo estas detenciones, a juicio de defensores de derechos humanos, en un nuevo método represivo para que los “opositores que huyeron del país se entreguen”.
Desde el exilio, el perseguido político Javier Álvarez Zamora denunció, el 17 de septiembre, que el régimen secuestró a su esposa Jeannine Horvilleur Cuadra, de 63 años, su hija Ana Carolina Álvarez Horvilleur, de 43 años, ambas de nacionalidad nicafrancesa, y a su yerno Félix Roiz Sotomayor, de 55 años.
La detención de los tres familiares de Álvarez Zamora ocurrió el 13 y 14 de septiembre, luego que la Policía buscó al perseguido político en su vivienda.
El opositor señaló que el régimen aplica “un nivel nuevo de represión” en el que “si no te agarramos a vos, tu familia es la que va a pagar”.
Además, resaltó que ninguno de sus tres familiares “tienen por qué ser capturados” porque “no han cometido ningún delito”. “Yo tampoco he cometido ningún delito, no soy ningún delincuente, no soy ninguna persona peligrosa. Yo no soy ningún elemento peligroso y esto es para mí un nivel extraordinario de inhumanidad y de represión porque al no encontrarme a mí se los llevan a ellos detenidos a las celdas de El Chipote”, agregó.
Los familiares de Álvarez fueron acusados de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias”. Álvarez Zamora fue acusado de los mismos delitos que sus familiares y tiene una orden de captura girada por la justicia orteguista.
El Poder Judicial también informó que Gabriel Alfonso López del Carmen, de 34 años, también fue acusado el 30 de septiembre pasado de “menoscabo a la integridad nacional”, al igual que su madre Andrea Margarita del Carmen Ibarra, activista e integrante de Unamos, a la que la justicia orteguista también giró orden de captura.
Andrea Margarita afirmó, en entrevista con CONFIDENCIAL, que la detención de su hijo “es la respuesta cruel del régimen frente a la imposibilidad” de capturarla, pues, reveló, tuvo que resguardarse fuera del país y cuando llegó la Policía a buscarla, el 14 de septiembre, solo encontró a su hijo y a su madre.
“Mi hijo vive en Matagalpa, pero yo le pedí que llegara a cuidar a mi madre unos días, pues ella es una señora mayor y está enferma. Se lo llevaron como rehén, y ahora lo están procesando injustamente. ¿De qué lo pueden acusar? Ellos saben perfectamente que mi hijo no tiene ningún vínculo con actividades políticas, y por lo tanto deben ponerlo en libertad”, indicó.
Otro de los familiares detenidos por el régimen es Freddy Martín Porras García, hermano de Dulce María Porras, de 71 años, exiliada en Costa Rica.
Porras García fue capturado el 15 de septiembre, en un operativo policial en su residencia en Jinotepe, Carazo. Actualmente, se encuentra en la Dirección de Auxilio Judicial también acusado de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
El régimen de Ortega y Murillo mantiene a más de 200 personas encarceladas por motivos políticos en Nicaragua. Organizaciones nacionales e internacionales han exigido la libertad inmediata de cada uno de estos ciudadanos y denunciado que sufren torturas, tratos crueles y degradantes, y son sometidos a condiciones carcelarias inhumanas y fuera de cualquier estándar internacional.
