15 de noviembre 2022
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Familiares de los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo exigieron este martes 15 de noviembre "una prueba de vida" de sus parientes, ya que han transcurrido 81 días, en el caso de los detenidos desde mayo 2021, y más de 60 días, en el caso de los detenidos desde septiembre 2022, desde la última vez que los visitaron en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. Desde entonces las autoridades del régimen no les han brindado "ninguna noticia" sobre ellos.
"Llevamos más de dos meses de sufrimiento e incertidumbre; de no tener ningún tipo de información respecto a la condición de salud, acceso a atención médica y alimentación de nuestros familiares. Nuestras solicitudes orales tanto de visita, así como de información sobre el estado y paradero de nuestros familiares han sido denegadas por las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) sin ninguna justificación", explicaron los familiares de los reos de conciencia en un comunicado de prensa.
Ante esta situación, "hacemos un llamado urgente al Estado de Nicaragua para que nos permita ver a nuestros familiares", enfatizan. "Tememos por sus vidas y por las condiciones inhumanas en que les mantienen, sobre todo, la de quienes se han declarado en huelga de hambre", continúa el escrito.
Las duras condiciones de encierro en que se encuentran los reos de conciencia hacen necesaria "una prueba de vida" y "los familiares y organismos especializados somos los únicos que podemos constatar cómo y dónde se encuentran". Por lo cual demandan "urgentemente" su ingreso y el de organizaciones de derechos humanos como la Cruz Roja Internacional y la Comisión de Expertos Independientes de las Naciones Unidas a la cárcel de El Chipote y a los distintos penales del Sistema Penitenciario Nacional, para constatar la situación de todas las personas presas políticas.
Actualmente "no tenemos ninguna garantía ni de fe de vida, ni de su estado de salud. A la fecha, ni siquiera tenemos certeza si se encuentran en el mismo lugar donde les visitamos por última vez", subrayan.
"Pedimos la regularización de las visitas cada 15 días como lo ordena la ley, con presencia y participación de hijas e hijos menores o con necesidades especiales; así como acceso y regularización a llamadas telefónicas, videollamadas y correspondencia como fotografías, dibujos y cartas, que incluyen a familiares en el exterior", se lee en el comunicado.
Preocupación por reencarcelamientos
Los familiares de los reos de conciencia también expresaron su preocupación por el reciente traslado al Chipote de los presos políticos José Adán Aguerri y Francisco Aguirre Sacasa, quienes estaban bajo el régimen de casa por cárcel y fueron regresados a los penales sin ninguna explicación.
Según los estándares internacionales, la situación de incomunicación prolongada en la que se encuentran los presos políticos del régimen constituye un mecanismo de tortura, debido principalmente a que esto ocasiona un severo daño psicológico y emocional para los privados de libertad y para sus familias.
De conformidad con la legislación penal nicaragüense y normativa internacional vigente en materia de derechos humanos, las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir visitas regulares de parte de sus familiares, así como acceso a una alimentación sana, condiciones de higiene y de descanso dignas, material de lectura, atención médica, y otros derechos que les han sido negados desde el momento de su detención ilegal y arbitraria.
