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Gobernación cierra otro centenar de oenegés y suben a 1907 las canceladas en 2022

Desde finales de 2018 a la fecha, Daniel Ortega ha anulado 1981 organizaciones no gubernamentales en una cacería sin precedentes

El régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación (Migob), canceló otro centenar de organizaciones no gubernamentales, argumentando que las asociaciones, organismos y fundaciones anuladas no cumplieron con las leyes nicaragüenses. Así, al 19 de septiembre de 2022, el número de oenegés canceladas en Nicaragua por el orteguismo se eleva a 1907.

A partir de septiembre, el Migob se ha encargado de cancelar los Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) a través de la publicación de acuerdos ministeriales en el diario oficial, La Gaceta, firmados por la titular de esa entidad, María Amelia Coronel  Kinloch. Las anteriores anulaciones se hacían por medio de una iniciativa de decreto, que el Parlamento, dominado por el Frente Sandinista, aprobaba sin ningún tipo de discusión.

Esto se debe a la reforma a la Ley 1115 o de Regulación y Control de Organizaciones sin Fines de Lucro, aprobada en agosto pasado, que facultó al Migob “la autorización, regulación, funcionamiento, disolución, liquidación y cancelación de las OSFL, nacionales y de otras nacionalidades, mediante (un simple) Acuerdo Ministerial”, sin ningún tipo de mecanismo para que los afectados puedan apelar a la decisión de cerrarlos.

En este grupo de oenegés anuladas, el régimen incluyó a la Asociación de Combatientes Retirados del Ejército Popular Sandinista, Movimiento de Renovación (ASOCOMRET), la Asociación de Mujeres Josefa Toledo de Aguerri, Asociación Nacional de Comunidades Sumus (Sukawala), Fundación de Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua, Asociación de Cacaoteros orgánicos de Bonanza, Asociación Pesquera del Atlántico Norte, Fundación Teodoro Kint para niños pobles del Viejo, entre otras. Ver el listado completo de organizaciones aquí

Desde diciembre 2018 a septiembre de 2022 el régimen ha despojado de su personería jurídica a 1981 organizaciones, bajo el mismo discurso con algunos matices.

En este Acuerdo, el Migob señala a las oenegés de no reportar por periodos de cuatro hasta 24 años sobre sus juntas directivas, encontrándose acéfalas, estados financieros conforme periodos fiscales con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones -origen, proveniencia y beneficiario final- e información de identidad y origen de todos sus miembros y donantes.

El diputado orteguista, Filiberto Rodríguez, ha señalado que la demolición de las organizaciones responde a un ordenamiento a la vez, que las ha señalado de prestar sus estructuras para supuestamente apoyar el fallido golpe de Estado, a como llama el Gobierno a la Rebelión Cívica de abril de 2018, que fue aplastada por la represión policial y grupos paramilitares.

Las organizaciones afectadas por la cacería del régimen se dedicaban a proyectos de salud, desarrollo económico, social, local, empoderamiento de las mujeres, protección de la niñez, educación, cultura, medioambiente y demás. Con su cierre, los más afectados son sus beneficiarios, que ya se cuentan por miles.


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