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Golpe a 669 oenegés reducirá cooperación internacional para el desarrollo

Amaru Ruíz y Elvira Cuadra: Ortega despoja a asociaciones de su registro legal, pero no puede eliminar a las organizaciones de la sociedad civil

La cancelación masiva de organismos no gubernamentales, que ya acumula 669 personerías jurídicas y de registros de operación eliminados en tres años y medio, pone en riesgo la cooperación internacional para el desarrollo en Nicaragua, que beneficia a las poblaciones más vulnerables y pobres del país.

“El objetivo del régimen es detener cualquier desarrollo que no sea a cuenta de las instituciones del Estado. Al final, lo que está en juego es la cooperación al desarrollo porque si vos no tenés organizaciones de sociedad civil nacionales ni internacionales, obviamente no vas a tener gente que pueda gestionar esos proyectos de desarrollo, que vienen de ese financiamiento que en Nicaragua es un derecho”, consideró Amaru Ruíz, presidente Fundación del Río, una de las oenegés canceladas y confiscadas desde noviembre de 2018.

La socióloga e investigadora, Elvira Cuadra, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica, explicó que con las cancelaciones masivas de estos organismos, el régimen de Daniel Ortega pretende eliminar todas las formas posibles de organización social para impedir que la ciudadanía pueda expresar su descontento o actúe de manera colectiva. 

“Los ataques no iniciaron en 2018, son desde mucho antes, pero arreciaron efectivamente a partir de ahí”, señaló Cuadra, quien participó junto a Ruíz en un panel en el programa Esta Semana

Hasta el 16 de junio de 2022, el Ministerio de Gobernación y la Asamblea Nacional —controlados por el Gobierno de Ortega— eliminaron 669 asociaciones, fundaciones, institutos y organismos nacionales e internacionales que en el 90% tenían más de una década ejecutando proyectos de desarrollo, educación, salud, derechos humanos, culturales y otras iniciativas sociales destinadas a pueblos indígenas, mujeres víctimas de violencia de género, niños y adolescentes en riesgo, poblaciones pobres o con limitaciones de agua. 

“El Estado de Nicaragua nunca ha tenido la capacidad de cubrir las necesidades, ni de beneficiar a personas en condiciones de vulnerabilidad (…) El Gobierno de Daniel Ortega intentó antes de 2018 implementar su modelo de democracia directa, con diferentes organizaciones promovidas por ellos mismos, como los CPC, y esas formas de organización fueron un completo fracaso frente a los niveles de organización y el nivel de trabajo que tenían las organizaciones de la sociedad civil autónomas en Nicaragua. Entonces, definitivamente es un espacio que no va a poder llenar y que deja desamparada a una gran cantidad de la población”, reiteró Cuadra. 

Organismos eliminados y confiscados      

En paralelo a las cancelaciones de personería jurídica y de registros de operación, muchas de estas organizaciones de la sociedad civil han perdido sus propiedades y edificios. Según Ruíz, quien en 2018 fue empujado al exilio, solo en la Fundación del Río perdieron 22 propiedades. 

“Aquí hay una situación de expropiación sobre las propiedades de estas organizaciones y las afectaciones no solo rezan en el patrimonio de las organizaciones, sino en la ciudadanía que se queda desatendida de esos proyectos, porque al final el perdedor aquí es el pueblo de Nicaragua, que se va a dejar de beneficiar de esos proyectos que promovían esas organizaciones”, lamentó. 

De acuerdo a los decretos legislativos y las resoluciones del Migob, publicadas en el diario oficial La Gaceta, el Gobierno de Ortega ordenó a estos organismos liquidar sus bienes o activos en un plazo de 72 horas, de no hacerlo las propiedades pasarían ser parte del Estado, según dispone el artículo 25 de la Ley 147, Ley general sobre personerías jurídicas sin fines de lucro. 

Cooperantes internacionales requieren ONG

Cuadra y Ruiz señalaron que la existencia de oenegés en el país es fundamental para que los cooperantes internacionales canalicen a través de ellos los proyectos, y al eliminarlos habrá una reducción de los fondos, que se agudizará con la reciente aprobación de la Ley 1115 o Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro”, que establece un nuevo marco jurídico aplicable para las Organizaciones sin Fines de Lucro. 

“La cooperación europea, estadounidense, requiere de organizaciones internacionales que presenten propuestas de proyectos, que se encarguen del seguimiento, del monitoreo, para desarrollar esos proyectos que vienen de esos fondos de cooperación, y ahí es que las organizaciones internacionales establecen convenios de cooperación con organizaciones locales para llevar a cabo los proyectos sociales a nivel local, municipal, nacional, entonces, si vos perdés esos engranajes estás limitando la cooperación para el desarrollo que puede entrar a Nicaragua”, explicó Ruíz.

Cuadra subrayó que el Gobierno de Ortega resentirá las consecuencias de estas eliminaciones, principalmente porque su gestión no ha logrado cubrir las necesidades de la población por la falta de capacidad. Por ejemplo, durante la pandemia, a pesar de los fondos y préstamos a los que tuvo acceso, no consiguió ejecutarlos en tiempo.

CONFIDENCIAL reveló que en 2021, el año de mayor impacto de la covid-19, el Estado ejecutó hasta el último trimestre el 79.8% del presupuesto asignado a la atención de la covid-19. Esta subejecución dejó a la población desprotegida por la escasez de vacunas y el paso de la segunda ola.

Sociedad civil es resistente

Ruíz y Cuadra coincidieron que si bien estas cancelaciones también buscan coartar la formas de organización social en Nicaragua, en los últimos años se ha demostrado que estas tienen resistencia y continúan trabajando, aunque sea desde el exilio o dentro del país como es el caso del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

“En el caso de Fundación del Río nosotros sobrevivimos gracias al apoyo del tejido de la base social que tenemos en los territorios y que confía en el trabajo de las organizaciones. Varias organizaciones continúan trabajando en el país, pese al cierre arbitrario de su registro legal. El registro legal no mata a las organizaciones, obviamente dificulta el trabajo por toda la legalidad que cubre el proceso de ejecución de proyectos de desarrollo”, explicó Ruíz.

Entre los requisitos que las organizaciones sociales deben cumplir para ser considerados para cooperación es tener un nivel de cumplimiento administrativo y financiero, transparentar sus recursos, pero a raíz de las cancelaciones se han tenido que desarrollar estrategias para que la sociedad civil continúe su trabajo en este nuevo escenario. 

“Es decir, debido a la crisis de libertad de asociación que existe en el país se requiere de diversas formas para seguir trabajando y solo si se puede hacer si vos mantenés el tejido social que durante años construiste, entonces, sin la participación de la sociedad nicaragüense, en la ejecución de los proyectos, en una estrategia de las organizaciones de la sociedad civil va a ser imposible, pero la solidaridad de la ciudadanía sigue estando activa, en resistencia”, afirmó el activista.

Cuadra destacó que, a partir de 2018, han surgido lazos que fortalecen ese capital social y esto es crucial para la continuidad. “Así que es muy difícil que el régimen de los Ortega Murillo termine con esa voluntad de participación y de organización de la población, que ya sabe y conoce de los beneficios de contar con organizaciones propias y de poder participar en los asuntos públicos en Nicaragua”.


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