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Junio marcado por amenazas, torturas, allanamientos y cierre masivo de oenegés

Monitoreo Azul y Blanco registra 31 incidentes relacionados a violaciones de derechos humanos cometidos por el régimen Ortega-Murillo

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no da tregua a la población nicaragüense, según el informe sobre violaciones contra los derechos humanos del Monitoreo Azul y Blanco, que reporta 31 nuevos incidentes entre el 30 de mayo y el 19 de junio.

En estas tres semanas, el informe detalla que se registraron: torturas y tratos crueles (9), amenazas (4),  judicializaciones (4), hostigamientos (3), agresiones (3),  detenciones (2), allanamiento (1), desaparición (1), lesión (1), muerte (1) y otros (10).

En la categoría otros el Monitoreo incluyó “un  incidente de una quema de estación de Policía en San José de Bocay, Jinotega, aparentemente por parte de denominados grupos armados”.  También, incorporó la extensión de la nacionalidad nicaragüense a los exfuncionarios hondureños: Ebal Jair Díaz Lupian y Ricardo Leonel Cardona, investigados por corrupción y parte del círculo del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Además, registró la amenaza de oficiales de la Policía de León contra trabajadores de la construcción que reclamaban su indemnización; el despido injustificado de siete docentes por represalias políticas; y la muerte de una joven en Bilwi, Caribe Norte, por razones aún no esclarecidas.  

Ocupación de la Trinchera de la Noticia y torturas a reos políticos

El informe detalla que el allanamiento que se registró fue el que ejecutó la Policía el pasado 10 de junio en las oficinas de la Trinchera de la Noticia, un medio de comunicación crítico del régimen.

CONFIDENCIAL reportó que la directora de la Trinchera de la Noticia, María Alicia Talavera, indicó que ella y su hijo, Francisco Xavier Reyes, recibieron un citatorio del Ministerio de Gobernación (Migob) para que se presentaran ese mismo día, pero al llegar al lugar solo les entregaron “una resolución del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Managua”. 

Talavera explicó a la agencia Efe que “una resolución del Poder Judicial” disolvió la sociedad de la Trinchera de la Noticia, y la Policía “ocupa el local y sus bienes”.

En el documento también se detalla que los nueve incidentes de tortura y malos tratos corresponde a personas presas políticas recluidas en la Dirección de Auxilio Judicial, El Chipote, en Managua, y en el Sistema Penitenciario Regional de Waswalí, Matagalpa. 

Además, menciona que entre las incidencias se incorporó el hostigamiento a un sacerdote de Granada, la desaparición de un joven en Managua y el mal trato hacia un preso político recluido en celdas de máxima seguridad del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, quien también había estado en huelga de hambre en el penitenciario de Matagalpa. 

Tres semanas consecutivas de cancelaciones de oenegés 

El documento registra que, además de las violaciones a derechos humanos, el régimen ordenó durante tres semanas consecutivas las cancelaciones de personerías jurídicas de organizaciones sin fines de lucro. 

Entre el 30 de mayo y el 19 de junio el monitoreo independiente contabilizó a 317 oenegés ilegalizadas en las Asamblea Nacional.

Un total de 669 asociaciones, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, han sido canceladas por el régimen Ortega-Murillo entre finales de 2018 y mediados de 2022, según un recuento y análisis de datos realizado por CONFIDENCIAL.

El reporte refiere que la cancelación de estos organismos no gubernamentales inició el 29 de noviembre de 2018, y continuó en 2021. Sin embargo, en 2022 el régimen inició una eliminación masiva sin precedentes, arrasando con 595 oenegés en cinco meses y medio.

Organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), países de la Unión Europea y estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), han expresado su preocupación por el cierre masivo de oenegés en Nicaragua, y han abogado porque el régimen Ortega-Murillo revoque esa decisión, ejecutada por la Asamblea Nacional en la que el partido de Gobierno es mayoría.


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