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Madre de preso político entre los primeros acusados de 2023

Martha Ubilla, Javier Espinoza, Thelma Vanegas y José Ricardo Muñoz López, son los últimos presos políticos del régimen Ortega Murillo

Martha del Socorro Ubilla, de 60 años, madre de los presos políticos Marvin Castellón Ubilla y Marlon Castellón Ubilla, este último excarcelado en diciembre de 2021; se encuentra detenida y está siendo procesada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por la supuesta comisión de un delito desconocido. 

Ubilla fue sacada de su domicilio por miembros de la Policía la madrugada del 11 de enero. Horas después fueron detenidos los opositores políticos: Javier Espinoza, sonidista de las protestas en 2018; Thelma Vanegas y José Ricardo Muñoz López, acrecentando de esta manera la lista de presos políticos del régimen nicaragüense.

Según el asunto judicial 000749-ORM4-2023-PN, los cuatro fueron acusados penalmente por el fiscal Luis Carlos Mongalo Roblero por la supuesta comisión de un delito que fue omitido en la versión electrónica del expediente judicial, en el cual el Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense aparecen como “víctima u ofendido”.

La acusación contra los cuatro, según el sistema electrónico del Poder Judicial, fue formalizada el pasado 13 de enero y está radicada en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Audiencia de Managua, a cargo de Nalia Nadezdha Úbeda Obando.

Captura de pantalla del expediente judicial de Martha Ubilla, Javier Espinoza, Thelma Vanegas y José Ricardo Muñoz.

El 13 de enero también —antes de conocerse la acusación— los familiares de Ubilla interpusieron un recurso de exhibición personal, sobre el cual el Tribunal de Apelaciones de Managua resolvió este 16 de enero que es “improcedente”.

Detenida en ocasiones anteriores

Martha del Socorro Ubilla estaba siendo víctima de actos de amenazas, hostigamientos y vigilancia, por parte de agentes estatales y paraestatales, desde que sus hijos Marlon Castellón Ubilla y Marvin Castellón Ubilla fueron encarcelados por haber participado en las protestas antigubernamentales, primero en 2018 y luego en 2020.

En julio de 2018 Martha Ubilla estuvo detenida durante 15 días en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote viejo, donde “habría sufrido violencia física y psicológica”, según su relato brindado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ubilla también habría sido sometida a actos de violencia cuando visitaba a sus hijos en el centro penitenciario Jorge Navarro, como la obligación de desnudarse, intentos de tocarle sus partes íntimas y agresiones verbales.

Desde principios de 2020, agentes policiales y paraestatales se hacían presentes constantemente en la casa de habitación de la familia Castellón Ubilla para vigilar u hostigar. También en octubre de ese año la señora Ubilla estuvo retenida por varias horas en el Sistema Penitenciario Nacional, donde acudió a dejar paquetería a su hijo Marvin Castellón.

El hostigamiento a Martha Ubilla incrementó a partir de marzo de 2021, cuando el régimen desató una cacería en contra de opositores políticos y posibles candidatos presidenciales, por lo que la Comisión Interamericana decidió otorgarle medidas cautelares en febrero de 2022.

Otros detenidos

Entre los procesados está también Javier Espinoza, conocido como el sonidista de las marchas de 2018, quien fue detenido —por segunda vez— la mañana del 11 de enero.

Espinoza, quien es hijo del sindicalista José Espinoza, fue detenido por primera vez el 16 de septiembre de 2018 en su casa de habitación en el barrio Monseñor Lezcano. En esa ocasión Espinoza permaneció detenido en El Chipote por dos noches y tres días y posteriormente fue liberado.

El 9 de enero pasado la Policía también detuvo al profesor Juan Bautista Guevara Carballo, de 46 años, quien fue liberado diez horas después, por lo que los familiares de los detenidos el 11 de enero esperaban que ocurriera algo similar, pero esto no sucedió.

Hasta diciembre de 2022, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantenía 235 presos políticos en las diferentes cárceles del país y según expresó la semana pasada, en su primer discurso de 2023, durante la instalación del nuevo período legislativo, no tiene intención de absolverlos a pesar de las “campañas” por su liberación.

Ortega aseguró que “ni con cadena perpetua” podrían saldar el daño que, según él, le produjeron a Nicaragua durante las protestas masivas de 2018, que volvió a calificar como un “intento de golpe de Estado” al que agregó el calificativo de “sangriento”.


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