5 de mayo 2022
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María Teresa Blandón, directora de la Asociación Programa Regional Feminista La Corriente —una de las 50 oenegés ilegalizadas este miércoles por el régimen orteguista—, señaló que la justificación del Gobierno para cerrar las oenegés por supuesto incumplimiento a las legislaciones vigentes, “no tiene legalidad” porque dichas leyes “contravienen lo establecido en la Constitución Política de la República, que establece claramente la libertad de asociación”.
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La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros ordena a las oenegés registrarse como “agente extranjero”; sin embargo, La Corriente decidió no hacerlo porque dicha legislación —que integra un combo de leyes represivas fabricadas por el régimen— “contraviene la Constitución y obliga a las organizaciones a adscribirse a un régimen que se han inventado”, explicó Blandón en entrevista con el programa Esta Noche.
“La Corriente decidió no inscribirse como agente extranjero porque no alcanzamos en semejante definición. Somos un colectivo integrado por nicaragüenses que ha actuado durante casi 30 años en el territorio nacional, que está integrado por nacionales, no hay ninguna razón para que se nos declare como agentes extranjeros”, aseguró la también feminista.
Agregó que el Estado “no tiene ningún asidero legítimo para intentar intervenir y controlar las dinámicas de las organizaciones de la sociedad civil, como efectivamente, ha pretendido hacer en el marco de la ley que aprobaron a finales del año pasado”, cuestionó.
El régimen orteguista, a través del Ministerio de Gobernación (Migob), ha utilizado las nuevas leyes para presionar a decenas de organizaciones, que intentaron continuar su trabajo en diferentes territorios de Nicaragua, y acudieron al Migob para completar todo el proceso de registro que demanda la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, pero encontraron trabas. Varias de esas organizaciones también fueron anuladas, aduciendo que no cumplieron con dicha legislación.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha cancelado a 218 asociaciones, universidades, fundaciones y organizaciones desde finales de 2018; las últimas 50 fueron ilegalizadas este miércoles. El diputado orteguista Filiberto Rodríguez López amenazó con anular más oenegés, según él en cumplimiento de la ley.
En cada decreto presentado por el diputado Rodríguez, el Migob acusa a las oenegés de incumplir tres leyes: Ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro o Ley 147; la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua o Ley 606, y la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o Ley 977.
Beneficiarios de programas son los más afectados
Algunos de los directivos de las organizaciones anuladas en entrevistas con CONFIDENCIAL lamentaron el cierre de las oenegés y el impacto directo a sus trabajadores, pero sobre todo, destacaron la afectación que genera en los beneficiarios de proyectos de diferente naturaleza, como salud, protección a las mujeres, acceso a agua potable, defensa de derechos humanos, protección del ambiente y demás.
Con la clausura de La Corriente, diez personas quedaron sin empleo. Sin embargo, Blandón destacó que los más perjudicados son las ciudadanos que encontraron en la organización un espacio “de vital importancia” para enfrentar situaciones de discriminación, trabajar las secuelas de abuso, violencia, y fortalecer la autonomía de los cuerpos de las mujeres.
Esta organización nació hace casi 30 años para trabajar en la construcción de movimientos sociales de mujeres para la defensa de sus derechos. En el camino amplió su proyección y ha colaborado con grupos de hombres y grupos de la diversidad sexual.
Su enfoque principal era el abordaje de la prevención de violencia de género; la promoción de la equidad de género y el respeto a la diversidad sexual. Para Blandón, el alcance que han tenido durante décadas de incidencia se cuenta por miles de personas, gracias a procesos de formación, investigación y campañas de sensibilización.
Blandón asegura que pese a todo lo que implica la pérdida de personería jurídica y el contexto hostil que atraviesa el país, es posible seguir trabajando aunque “el margen es cada vez más estrecho”. “Sobran las evidencias que nos permiten afirmar que vivimos en un estado policial”, expresó.
No solo lo afirma por la cancelación de las 218 organizaciones de sociedad civil en los últimos cuatro años -144 en lo que va de 2022-, sino porque persiste una supresión al “derecho a manifestarnos, a movilizarnos, a denunciar”. Asegura que el equipo de La Corriente continuará promoviendo los espacios de reflexión, de formación, de sensibilización, pese a las nuevas condiciones precarias. “Pensamos que no podemos renunciar a abrir espacios de crecimiento, donde realmente podamos vivir sin miedo…vamos a seguirlo intentando a pesar de estas limitaciones tan agudas”, sostuvo.
Recordó que la comunidad internacional tiene suficientes evidencias del cierre del espacio cívico en el país, que persiste un estado policiaco, y que la sociedad civil nicaragüense "está siendo víctima de un ataque feroz, porque hay una intención del régimen de sostenerse por la vía de la violencia, pero también por la vía de la censura lo cual habla claramente de que no tienen legitimidad porque si no, no tendrían que recurrir a estas barbaridades".
