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Mecanismo de seguimiento de la ONU, “un paso fundamental para lograr justicia”

Defensores de derechos humanos señalan el inicio de una nueva ruta de trabajo para determinar responsabilidades en los crímenes cometidos

Quince organizaciones gremiales y de derechos humanos en Nicaragua acogieron con beneplácito la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que establece la creación de un mecanismo de tres personas expertas internacionales para investigar las violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses, y plantearon que esto representa una nueva ruta de trabajo después de agotar todas las vías del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Aunque el mecanismo no cuenta con la colaboración del Estado de Nicaragua —que ha rechazado todas las resoluciones en materia de derechos humanos— los defensores explicaron que eso no será impedimento para la investigación, ya que las víctimas pueden aportar pruebas y testimonios para esclarecer los casos.

Para la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, el establecimiento del mecanismo plantea “un mayor compromiso, un mayor profesionalismo y más persistencia” en la búsqueda de pruebas para establecer la responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos.

El representante del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, Juan Carlos Arce, valoró que “esta es una nueva hoja de ruta de trabajo” en la que pondrán mucho empeño y aclaró que el régimen de Daniel Ortega “nunca ha colaborado”, —inclusive— ni cuando permitió el ingreso de una representación de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en 2018.

De igual forma, Yaritza Mairena, de la Unión de Presas y Presos Políticos de Nicaragua (UPPN), enfatizó que este mecanismo creado por las Naciones Unidas es un aporte para “la construcción del camino hacia la justicia” y es por ello que, valoró, “las víctimas somos pieza fundamental”.

Establecerán responsabilidades

Las organizaciones —que forman parte una coalición de 21 organizaciones de derechos humanos internacionales, regionales y nicaragüenses, denominada Colectivo 46/2— también señalaron que la resolución del Consejo reconoce la gravedad de la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua, el incumplimiento de las obligaciones internacionales en la materia, el retroceso democrático y la erosión del Estado de derecho.

“La creación de un órgano de investigación específico para Nicaragua es un paso importantísimo para establecer las responsabilidades por el terrible sufrimiento del pueblo nicaragüense durante los últimos cuatro años y envía un mensaje claro a las autoridades del país que, tarde o temprano, responderán por los delitos que están cometiendo”, dice un comunicado de prensa.

Agregan que tiene muchas expectativas de que el nuevo mecanismo “revise y registre cada una de las denuncias documentadas en nuestro Informe de la Verdad, promueva el cumplimiento de la obligación internacional de responsabilidad sobre las graves violaciones a los derechos humanos como garantía de no repetición y avance hacia la apertura de los procesos de memoria, verdad, justicia y reparación”.

Entre los organismos firmantes están: Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN),  Acción Penal, Articulación de Movimientos Sociales, Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan), Comité de Familiares de Presos Políticos, Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex), Iniciativa Nicaragüense de Defensoras de Derechos Humanos, Movimiento Autónomo de Mujeres, Nicaragüenses en el Mundo, Popol Na, Unidad de Defensa Jurídica y Unidad de Registro.

“Un paso fundamental para lograr justicia”

La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, afirmó que el establecimiento de un mecanismo de rendición de cuentas independiente para Nicaragua constituye “un paso fundamental para lograr justicia, verdad y reparación por los horrendos crímenes y abusos que se han perpetrado en el país desde 2018”.

Para Guevara Rosas, el establecimiento de un mecanismo también envía a las víctimas “el firme mensaje de que no están solas en su lucha contra la impunidad” y que “los responsables de este tipo de actos deben saber ya que no es posible evitar la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos. Las autoridades nicaragüenses deben poner fin de inmediato a la persistente represión”, agregó.

Tania Agosti, del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, declaró que “es fundamental garantizar que las graves violaciones cometidas durante las protestas de 2018, incluidos los asesinatos, las torturas, las agresiones y otros actos de violencia sexual y de género, así como otros abusos, incluyendo aquellos en contra de pueblos indígenas y afrodescendientes no queden impunes”.

También Human Rights Watch señaló que la resolución del Consejo de Derechos Humanos constituye “un paso clave para promover la justicia por graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua.

“La crisis de derechos humanos en Nicaragua exige un riguroso escrutinio internacional”, señaló Juan Pappier, investigador sénior para las Américas de Human Rights Watch. “Con esta resolución, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha transmitido un mensaje claro al presidente Ortega de que la comunidad internacional no tolerará los abusos de su Gobierno”, agregó.

Desde 2018, Nicaragua se encuentra inmersa en una profunda crisis de derechos humanos. Más de 350 personas han sido asesinadas, cientos han sido detenidas arbitrariamente, y miles se han visto obligadas a huir del país. El Gobierno ha cancelado los permisos legales de más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil y ha confiscado tres medios de comunicación independientes.

El año pasado, en el contexto de las elecciones, la situación empeoró aún más, y las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de personas, entre ellos periodistas independientes, potenciales candidatos presidenciales, activistas políticos y otras personas.

El Gobierno de Nicaragua se ha negado en repetidas ocasiones a cooperar con mecanismos de derechos humanos regionales o internacionales para poner fin a la crisis de derechos humanos que vive el país.


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