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ONU valida informe que señala al régimen de torturar a presos políticos

El Gobierno de Ortega y Murillo se han negado a emitir comentarios sobre su último reporte del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas

El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas anunció el viernes que las autoridades de Nicaragua se han negado a emitir comentarios sobre su último informe de abusos en el país, donde denunciaban pautas de maltrato a detenidos tras las protestas de 2018 y en los comicios de 2021.

Un informe provisional denunciando estos abusos, realizado también sin colaboración de la parte nicaragüense, se publicó con carácter provisional a finales de julio a la espera de réplica por parte del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero tras cuatro meses sin contestación fue adaptado en noviembre con carácter definitivo, según el comité.

El informe subrayó que se usó fuerza letal contra manifestantes pacíficos en 2018 y 2021, cuando fueron detenidas arbitrariamente entre 170 y 190 personas por razones políticas y también hubo acusaciones de torturas y desapariciones forzadas.

El documento aseguró haber constatado que en algunas detenciones se sometió a los detenidos a un régimen de incomunicación de hasta 90 días, mientras se llevaron a cabo interrogatorios sin presencia de abogados en los que en ocasiones hubo palizas, amenazas y privación de sueño, negando después el acceso a servicios médicos.

De acuerdo al informe, los abusos se cometen en un régimen de “total ausencia de separación de poderes en el Estado” destinado a “usar el derecho penal para criminalizar la disidencia, vulnerar las garantías procesales y contribuir a la impunidad”.

Se citaron particularmente graves situaciones para prisioneros en instituciones penitenciarias como La Modelo y La Esperanza en Tipitapa, así como para los detenidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocidas como El Chipote.

El comité sumó a estas denuncias ataques contra defensores de derechos humanos, periodistas, líderes sociales, representantes de confesiones religiosas y miembros de la oposición, una represión que ha contribuido “a un éxodo de más de 150 000 personas a la vecina Costa Rica” mientras otros tratan de llegar a Estados Unidos.

Régimen impide visita de un Subcomité de la ONU

El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT–ONU) informó esta semana que suspendió su plan de visitar Nicaragua, previsto para el próximo año, por la falta de cooperación del régimen orteguista.

“Es la primera vez que nos encontramos con una negativa tan generalizada a la cooperación”, afirmó en un comunicado la presidenta del SPT, Suzanne Jabbour, quien indicó que han remitido este “grave asunto” al Comité de la ONU Contra la Tortura.

Es sumamente lamentable que Nicaragua se niegue a cooperar con el subcomité en los planes de realizar nuestra segunda visita al país”, comentó.

La visita del Subcomité se enmarca dentro del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), que fue ratificado por Nicaragua en 2009.

El subcomité presentó un informe con recomendaciones a las autoridades nicaragüenses tras su primera y hasta ahora única visita al país entre el 7 y 16 de mayo de 2014, pero hasta la fecha el Gobierno de Ortega y Murillo lo ha mantenido en secreto y se desconoce su contenido.


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