26 de enero 2022
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El régimen de Daniel Ortega “descongeló” los juicios políticos contra las reas de conciencia y líderes opositoras Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, y los presos políticos Yader Parajón y Yaser Vado, acusándolos por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense” y otros delitos fabricados por el Ministerio Público, que controla el gobernante Frente Sandinista. La mañana de este 26 de enero también se conoció la programación de juicio contra el preso político, cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza, y más tarde la del politólogo y expresidente del Movimiento por Nicaragua, José Antonio Peraza, ambos por el mismo supuesto delito de "conspiración".
Según indican sus respectivas cédulas de notificación, los juicios se realizarán la próxima semana en “el nuevo Chipote”, donde estos cuatro y más de treinta presos políticos permanecen encarcelados desde mediados de 2021, siendo objeto de interrogatorios permanentes y torturas físicas y psicológicas.
La reanudación del juicio político contra Ana Margarita Vijil, expresidenta de Unamos, se realizará el miércoles 2 de febrero, a las 8:30 a. m., en el Complejo Policial Evaristo Vásquez o “el nuevo Chipote”. Mientras, el juicio contra la comandante guerrillera, historiadora y líder de la opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos, antes MRS), se efectuará el jueves 3 de febrero a las 8:30 a. m., donde también se desarrollaron a puerta cerrada sus audiencias iniciales y preliminares.
Téllez y Vijil fueron detenidas el 13 de junio, durante la cacería política contra los líderes de Unamos, que incluyó la detención del general de brigada en retiro y comandante guerrillero, Hugo Torres; el exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco y la presidenta de Unamos, Suyen Barahona.
Además, el régimen programó el juicio contra Yader Parajón, hermano del nicaragüense asesinado en mayo de 2018, Jimmy Parajón, y contra Yaser Vado González, estudiante expulsado de la UNAN-Managua, también integrante de Unamos y de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco, para el primero de febrero, también a las 8:30 a. m., según un reporte de la plataforma digital de noticias Despacho 505.
Parajón fue detenido en septiembre de 2021, cerca de la frontera con Honduras, y Vado fue detenido más de dos meses después, en noviembre. Sin embargo, ambos fueron incluidos en una sola causa judicial, que incluye “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Además, Vado también es acusado de “propagación de noticias falsas” a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
El juicio contra Miguel Mendoza se programado para el 8 de febrero, igualmente a las 8:30 a. m., en "el nuevo Chipote". Esta semana, su hermano Ramón Mendoza, confirmó que el cronista y bloguero fue trasladado a una celda de castigo y que su salud se sigue deteriorando. El juicio contra Peraza fue programado para el 9 de febrero, también a las 8:30 a. m.
Juicios políticos congelados sin motivos durante meses
En octubre de 2021, los jueces donde están radicadas las causas de los presos políticos, encarcelados en “el nuevo Chipote”, suspendieron en cascada los juicios políticos de forma indefinida, aduciendo “sobrecarga laboral” o “motivos de fuerza mayor” que no fueron detallados.
Abogados y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales interpretaron la excusa como una estrategia del régimen de Daniel Ortega para “congelar” los procesos a las puertas de las votaciones presidenciales en las que se reeligió para un cuarto período presidencial consecutivo y que fueron calificadas de “farsa electoral” y declaradas como ilegítimas por la oposición y la comunidad internacional.
Además, analistas y especialistas en Derecho valoraron que el objetivo de alargar estos juicios políticos era utilizar a los reos de conciencia como “fichas de cambio” en las negociaciones pretendidas por Ortega.
La paralización de los juicios de los reos políticos violenta el principio constitucional de la celeridad del proceso judicial al que todos los nicaragüenses tienen derecho, además de los artículos 134 y 135 del Código Procesal Penal (CPP), y el artículo 40 de la Ley 735 o de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados.
Además, el régimen y sus jueces, violentan el artículo 2 del Código Procesal Penal que establece la presunción de inocencia, indicado que “toda persona a quien se impute un delito se presumirá inocente y como tal deberá ser tratada en todo momento del proceso, mientras no se declare su culpabilidad mediante sentencia firme dictada conforme la ley”, y reiterándolo en el artículo 178 del mismo Código. Sin embargo, la propaganda orteguista ha condenado en todo momento a los más de 160 presos políticos que permanecen encarcelados, entre ellos los más de 60 detenidos entre mayo y noviembre de 2021.
Además, el mismo Ortega se ha referido públicamente a ellos acusándolos de “terroristas” y “traidores de la patria” y el pasado 8 de noviembre, en un acto en el que se proclamó electo, dirigió su discurso más virulento contra los presos políticos, llamándoles “hijos de perra del imperialismo”, un adjetivo que ha seguido repitiendo en cada una de sus escasas apariciones públicas.
Una encuesta de la firma de CID Gallup, realizada en diciembre de 2021 y auspiciada por CONFIDENCIAL, reveló que el 67% de la población demanda la anulación de los juicios políticos y más del 73% considera que todos los presos políticos deben de ser liberados.
Entre los 39 presos políticos capturados entre el 28 de mayo y el 21 de octubre (entre ellos cuatro bajo régimen de casa por cárcel), 29 son acusados por supuesta conspiración para cometer menoscabo; otros siete son señalados por lavado de dinero y otros delitos; dos son investigados por violaciones a la “Ley de Soberanía” y uno por gestión abusiva y apropiación y retención indebida.
¿Qué pasa con los demás juicios políticos?
Pese a que este 25 de enero trascendió que el régimen destrabó los procesos políticos en contra de cuatro reos de conciencia, el resto de los juicios siguen “congelados”, según confirmaron a CONFIDENCIAL tres abogados defensores de presos políticos que hablaron bajo condición de no ser identificados por temor a represalias.
Sin embargo, uno de ellos no descartó que los juicios políticos puedan destrabarse tras la condena a siete años de cárcel en contra del opositor Donald Margarito Alvarenga, dictada el pasado 13 de enero, por supuesta violación a la Ley Especial de Ciberdelitos o “Ley Mordaza” y la “Ley de Soberanía”.
- Más detalles: Todas las “pruebas” y “testigos” para condenar a Margarito Alvarenga son policías orteguistas
El abogado Juan Diego Barberena explicó a CONFIDENCIAL que el CPP no obliga al juez a retomar el juicio en un plazo determinado, tras el argumento de ser suspendido por “una causa de fuerza mayor”.
Sin embargo, criticó que “se le otorga a la autoridad judicial un amplio poder de discrecionalidad que, a la postre, vulnera las garantías fundamentales y las reglas del debido proceso de las personas acusadas”.
Según el artículo 135 del CPP, las causas de los presos políticos son de “tramitación compleja”. Esto significa que los juicios podrían durar hasta 12 meses, contados a partir de la primera audiencia que, en la mayoría de los casos, fue realizada en la primera semana de septiembre, cuando algunos de los reos cumplieron los 90 días de arresto, un plazo que originalmente era de 48 horas, pero que el régimen reformó para alargarlo a su conveniencia.
Otro especialista consultado por CONFIDENCIAL a finales de octubre de 2021, también explicó que el “congelamiento” de los juicios detuvo el conteo del proceso penal, facilitando que no se venza el plazo establecido por la ley para los casos de tramitación compleja.
“Lo que están haciendo no es solo darle el estatus de tramitación compleja para llevarlos hasta los doce meses, sino que este mismo plazo lo dejan en suspenso y corren el inicio del cómputo de días, para tener más tiempo detenida a la persona sin celebrarle juicio”, subrayó el abogado.
El caso de Téllez: Obligan a nombrar un defensor sustituto
En la notificación del juicio político contra Dora María Téllez, la Fiscalía advirtió que se nombre un defensor sustituto de elección y preferencia de la acusada, conforme lo establecido en el artículo 108 del CPP y, en caso que no cumpla, se nombre un defensor público.
La legislación nacional contempla que el abogado cuente con un sustituto que intervenga cuando el titular de la causa tenga “algún impedimento temporal y así lo haya informado previamente al juez o tribunal”. Sin embargo, este nombramiento no es obligatorio, como sugiere la notificación de juicio, según confirma el abogado Barberena, por lo que la Fiscalía orteguista en realidad pretendería nombrar un “defensor sustituto” que, al ser de oficio, se adhiera a los intereses de la Fiscalía y no a la defensa de la presa política.
Barberena recordó que incluso a los presos políticos se les ha impedido reunirse o entrevistarse con sus abogados defensores.
