27 de febrero 2023
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La privación arbitraria de 317 nacionalidades, consumada por el régimen de Daniel Ortega entre el 9 y 15 de febrero de 2023, no tiene precedentes en América Latina. Es mayor incluso que el proceso que llevó a cabo en su momento el dictador Augusto Pinochet, quien gobernó Chile con mano de hierro entre 1973 y 1990.
Así lo explicó la abogada Tamara Taraciuk, directora en funciones de la División para las Américas de Humans Rights Watch (HRW), quien afirmó este domingo 26 de febrero al programa televisivo Esta Semana que, en el caso de Chile, “fueron nueve casos, muy poquitos comparados con los 317 de Nicaragua”.
El 9 de febrero de 2023, mientras el régimen desterró y desnacionalizó a 222 presos políticos, inició otra etapa de represión. Le quitó la nacionalidad a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, y finalmente el 15 de febrero castigó a 94 personas más, entre escritores, religiosos, periodistas, empresarios y líderes sociales, acusados de “traidores de la patria”.
La decisión impactó en su vida cotidiana. “No solo es el pasaporte y la nacionalidad, sino, ¿qué pasa con las partidas de nacimiento, los certificados de matrimonio? Toda esa arquitectura va a llevar un poco de tiempo rearmarla”, lamentó Taraciuk en su intervención.
La experta en derechos humanos se refirió al nuevo abuso del régimen que incluye la confiscación de bienes y el robo de las pensiones a los “jubilados apátridas”, ejecutado por el estatal Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Los “desnacionalizados” por Pinochet
En un diálogo en el programa televisivo Esta Semana, Taraciuk participó con la ex fiscal guatemalteca Claudia Paz y Paz y el abogado chileno Edgardo Riveros, quienes coincidieron en señalar las violaciones de normas nacionales e internacionales de la dictadura Ortega- Murillo.
Las políticas de despojo de nacionalidades de Daniel Ortega superan a las perpetradas por Augusto Pinochet. // Foto: Confidencial | Fotomontaje de EFE.
Paz y Paz, miembro del GIEI para Nicaragua, es directora del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL). Riveros es un experto en derecho internacional, exdiputado, que se desempeñó como exsubsecretario general de Gobierno en la presidencia de Patricio Aylwin, la primera administración democrática tras la salida del poder de Pinochet.
Riveros recordó que el “desnacionalizado” chileno más emblemático fue Orlando Letelier, excanciller del gobierno de Salvador Allende, quien fue castigado con esta medida arbitraria, días antes de su asesinato el 21 de septiembre de 1976 en Washington D.C., Estados Unidos, en un atentado terrorista perpetrado por agentes de la DINA de Chile.
Ante casos como los relatados en Nicaragua y Chile, Taraciuk afirmó que la “justicia tarda, pero llega”, mientras Riveros dijo a los responsables de la represión en Nicaragua que no quedarán impunes.
“Quienes están a cargo del poder hoy en día en Nicaragua deben saber que la impunidad no es eterna y hay que responder por las atrocidades que se cometen”, mantuvo el jurista,.
Riveros reconoció que la “justicia transicional” es siempre un tema complejo, por la dificultad que significa reconstruir tribunales de justicia que estén en condiciones de hacerse cargo de las violaciones de derechos humanos cometidos en períodos dictatoriales.
Ese cambio en los tribunales ocurrió, según su testimonio, de manera paulatina, pero Riveros explica que hay casos notables en Chile, como el del jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), el general Manuel Contreras—señalado de graves abusos—, quien murió encarcelado en 2015.
Las declaraciones de este grupo de tres expertos se conocieron a las puertas del 52° período ordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el cual se realizará entre el 27 de febrero y el 4 de abril de 2023.
El tema de Nicaragua será parte de la agenda cuando el 6 de marzo se presente el informe del Grupo de Expertos Independientes, que durante un año ha investigado la responsabilidad de los crímenes y violaciones de derechos humanos perpetradas en Nicaragua
“A nivel de Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos tiene que actuar. Esperamos que, en el informe de los expertos esto sea un elemento incorporado con toda la fuerza que corresponde”, afirmó Riveros.
HRW pide una respuesta internacional
Para Taraciuk, lo clave en la grave situación de Nicaragua es lograr una respuesta regional en la que se complementen las acciones políticas y jurídicas, a pesar de las diferencias ideológicas que pueden existir entre los distintos gobernantes de América Latina.
“Se va a poner a prueba la voluntad de los otros Gobiernos. Lo que va a ocurrir en este período de sesiones es que posiblemente se presente una resolución para renovar el mandato de los expertos (independientes para Nicaragua). Esperamos que sea por dos años”, dijo la funcionaria de HRW.
La especialista se refiere al Grupo de Expertos formado por la ONU al amparo de la resolución 49/3 del 31 de marzo de 2022, en que se les mandó a emprender investigaciones exhaustivas e independientes sobre los presuntos abusos contra los ciudadanos realizados por el régimen desde 2018.
El presidente del Grupo de Expertos de la ONU es el alemán Jan-Michael Simon, y está conformado también por la colombiana Ángela María Buitrago y el chileno Alexandro Álvarez, según la información del mismo organismo internacional.
“Tenemos que encontrar la manera de que (los países de la región) sean susceptibles a una presión concertada. Es importante que exista un consenso, incluidos los gobiernos de distintas ideologías, que hoy puedan hablar sobre Nicaragua”, propuso Taraciuk.
El despojo masivo de las nacionalidades ha movilizado hasta ahora a la comunidad internacional. Los gobiernos de España, Argentina, Ecuador, Chile, Colombia y México han ofrecido sus nacionalidades a los perseguidos políticos de Ortega. Es una expresión de solidaridad. Paz y Paz animó a Costa Rica para que hiciera lo mismo con sus vecinos.
Además, 17 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) celebraron el 23 de febrero pasado la excarcelación de los 222 presos políticos y deploraron también el despojo de las nacionalidades.
“Nos oponemos a la cancelación arbitraria de la nacionalidad a 94 nicaragüenses el pasado 15 de febrero de 2023, así como al embargo ilegal de sus bienes, y la utilización de estas medidas como método de castigo y opresión”, recalcaron.
Si bien en el grupo de países firmantes se encuentran Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, Argentina, Guatemala, Chile, entre otros, que han acompañado a los nicaragüenses demandando el retorno a la democracia, el silencio de otras naciones resulta llamativo.
Por ejemplo, México no suscribió el pronunciamiento, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció la nacionalidad a los afectados. No dijeron nada tampoco los vecinos centroamericanos de Panamá, Honduras y El Salvador.
La persecución de delitos universales
Los tres abogados analizaron cómo se hace para perseguir estos delitos en un país como Nicaragua donde no hay Estado de Derecho.
La jurista guatemalteca es la primera en ver una oportunidad ante la reacción mundial por la privación de las nacionalidades. “Ahora que tenemos esta solidaridad internacional, para otorgar nacionalidades, pues también es una vía para que se puedan iniciar procesos que sancionen en este caso a las personas responsables de estas graves atrocidades”, agregó.
Paz fue una de las integrantes del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) que investigó los hechos violentos ocurridos en Nicaragua entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018. Publicaron un informe en que denunciaron la comisión de delitos de lesa humanidad que podían ser perseguibles si otros países de la región abrieran sus jurisdicciones para realizar las investigaciones respectivas.
La posibilidad de la intervención de la Corte Penal Internacional fue planteada esta semana por el gobierno de Colombia, encabezado por el izquierdista Gustavo Petro, quien rechazó con “repulsión” la “desnacionalización” contra los ciudadanos de Nicaragua.
“Colombia, que en las últimas décadas ha luchado sin desmayo por alcanzar la paz, mucho más ahora que se propone ser potencia mundial de la vida, rechaza los dictatoriales procederes de quien hace traer a la memoria los peores momentos de la dictadura de Anastasio Somoza que el sandinismo logró superar”, afirmó la cancillería colombiana.
Taraciuk explicó que la CPI tiene un mandato aplicado al estatuto de Roma, que no ha sido ratificado por Nicaragua, e instó ante esta situación a la comunidad internacional para ejercer una mayor presión contra Ortega, quien demostró que “no tiene la mayor intención de ceder”.
La dictadura de Nicaragua conculcó los derechos civiles de los nicaragüenses desde septiembre de 2018. En Nicaragua aún quedan 35 presos políticos y no se realizan manifestaciones opositoras por prohibición de la Policía, cuyo control llega hasta impedir procesiones religiosas.
Los servicios de espionaje de la dictadura también convirtieron en objetivos a religiosos destacados por su labor pastoral como monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. El jerarca católico se encuentra en una celda de seguridad en el penal de Tipitapa, después que un tribunal lo condenó a 26 años y cuatro meses de prisión en represalia por rechazar el destierro como una opción.
Durante muchos años, otro objetivo de la dictadura fue monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua, exiliado desde 2019 por amenazas de fanáticos sandinistas, y a quien despojaron también de su nacionalidad el 15 de febrero de 2023 en el grupo de 94 ciudadanos. En el colmo de las ilegalidades, apuntó Claudia Paz y Paz, en este caso fueron sancionados sin que hubiese una sentencia, lo que se convierte en “la prueba más descarnada del autoritarismo del régimen”.
