23 de febrero 2023
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17 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) suscribieron este jueves 23 de febrero una declaración en la que la celebran la excarcelación de 222 reos de conciencia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo y a su vez, deploran el atropello del régimen al despojar de su nacionalidad a este grupo de desterrados, como a los 94 “apátridas” anunciados por el Ministerio Público de Nicaragua el 15 de febrero de 2023.
La declaración fue firmada por Argentina, Antigua y Barbuda, Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.
El documento no fue suscrito por México, El Salvador, Honduras, Panamá, Bolivia, Brasil, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, Surinam, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Haití, Belice, Dominica y Grenada.
“Saludamos la liberación de 222 presos políticos nicaragüenses el 9 de febrero de 2023 y su llegada a los Estados Unidos, durante ese mismo día. También acogemos con satisfacción la oferta del Gobierno de España de conceder la ciudadanía a los presos políticos liberados”, cita la declaración.
Además de España, otros países que han dispuesto a brindar su nacionalidad para los “desterrados” y “apátridas” de la dictadura orteguista han sido Chile, Colombia, Argentina, y México, que no firmó esta declaración debatida en el Consejo Permanente de la OEA.
“Deploramos que, como lo señaló la CIDH en su comunicado del 13 de febrero, que aunque estos presos políticos han sido liberados, el gobierno de Nicaragua ha tomado medidas para despojarlos de todos sus derechos políticos y de su ciudadanía, dejando a la mayoría de ellos en condición de apátridas”, señala el escrito.
“Nos oponemos a la cancelación arbitraria de la nacionalidad a 94 nicaragüenses el pasado 15 de febrero de 2023, así como el embargo ilegal de sus bienes, y la utilización de estas medidas como método de castigo y opresión”, añade.
Los países que suscribieron la declaración subrayan que “tras meses y años en algunos casos, de detención injustificable, en condiciones muchas veces espantosas, la liberación de estos presos políticos estaba en espera y compartimos la alegría de las familias, amigos y simpatizantes de los liberados”.
La última vez que la OEA se había pronunciado sobre la crisis de derechos humanos en Nicaragua fue el 7 de octubre de 2022, cuando la Asamblea General de cancilleres de la organización aprobó, por cuarto año consecutivo, una resolución contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El texto, aprobado por unanimidad por los 32 países miembros participantes, demandaba a la dictadura orteguista liberar “inmediatamente a todos los presos políticos” y “cesar la represión y la detención arbitraria de los líderes de la Iglesia católica”.
Recuerdan martirio de monseñor Rolando Álvarez
La declaración de los representantes de las 17 naciones también toma nota sobre la situación de riesgo los 35 presos políticos que aún se encuentran encarcelados por la dictadura, principalmente el caso de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador de la Diócesis de Estelí.
“Recordamos la muerte, en circunstancias inquietantes, del preso político nicaragüense Hugo Torres, fallecido en la prisión del Chipote en febrero de 2022, y reiteramos nuestra preocupación por todos los presos y presas políticas que permanecen detenidas injustificadamente en Nicaragua. También tomamos nota, con gran preocupación, de la reciente condena del obispo Rolando Álvarez a 26 años en prisión y la revocación de su nacionalidad”, cita.
“Recordamos que, en virtud del artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a una nacionalidad y nadie podrá ser privado arbitrariamente de ella”, añade la declaración.
Nicaragua actualmente mantiene un proceso de salida de la OEA como país miembro, el cual está previsto a culminar el 19 de noviembre de 2023. Actualmente el régimen no tiene representante ante este organismo regional, además de clausurar y confiscar la sede que tenía en Managua.
“Seguimos instando al Gobierno de Nicaragua a que cese toda acción violenta contra la población del país y restablezca plenamente los derechos civiles y políticos, las libertades religiosas y el Estado de derecho; y que ponga fin a todas las formas de intimidación y hostigamiento contra periodistas, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales”, subraya el escrito.
“También instamos al Gobierno de Nicaragua a que cese la represión y la detención arbitraria de líderes y lideresas comunitarias, incluidos los de la Iglesia católica, y a que permita el acceso sin trabas a su territorio a los organismos internacionales de derechos humanos, en un espíritu de transparencia y rendición de cuentas”, agrega.
Finalmente, instan al régimen a que cumpla con los compromisos establecidos en la Carta Democrática de la OEA, a la cual Nicaragua se adhirió el 11 de septiembre de 2001.
