28 de mayo 2022
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario llevará a cabo la semana próxima la jornada de cancelaciones de personerías jurídicas más grande hasta la fecha, al conocerse una iniciativa de decreto legislativo presentada por el orteguismo para anular a 83 organizaciones civiles de una sola vez.
Esta iniciativa fue presentada por el diputado orteguista Filiberto Rodríguez López para ser discutida y seguramente aprobada por la aplanadora de diputados orteguista y sus aliados políticos en la Asamblea Nacional durante las sesiones parlamentarias de la semana próxima.
Con estas 83 cancelaciones, el régimen orteguista en su cacería con las organizaciones de la sociedad civil, llegará a 356 oenegés y asociaciones anuladas desde 2018, de las cuales 282 serán clausuradas en lo que va de 2022.
Las organizaciones, asociaciones y fundaciones incorporadas en este nuevo listado que prepara el régimen abordaban temas como fomento de la democracia, servicios sociales, protección a la niñez, defensa de los derechos a la mujer, cuido del medio ambiente, temas ecuestres y el estudio de la lengua, principalmente.
Entre la variada cantidad de organizaciones a la que el régimen pretende cancelar destacan la Academia Nicaragüense de la Lengua, La Asociación para la Atención Integral de los Derechos Humanos, La Fundación Enrique Bolaños, Asociación de Campesinos Protectores de Bosawas, Asociación Nicaragüense Pro Defensa de la Mujer, Asociación Red de Incidencia Ciudadana, Fundación Inde-Educrédito, Asociación Financiera de Desarrollo, Asociación de Mujeres Nora Astorga y la Asociación Nicaragüense de Cirugía Plástica y Reconstructiva.
También serán canceladas la Asociación de Niños Nuevo Amanecer, Fundación Nueva Era, Asociación Instituto Nicaragüense para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Asociación Centro de Rehabilitación y Esperanza para Adictos, la Asociación Nicaragüense de Nutricionistas y Dietistas y la Fundación Libertad y Democracia, entre muchos otros.
Los argumentos esgrimidos por el régimen para justificar estas cancelaciones son las mismos con los cuales han justificado su cacería de oenegés desde el principio: un supuesto incumplimiento con la presentación ante el Ministerio de Gobernación (Migob) de sus estados financieros “conforme a los periodos fiscales con desglose detallado de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones, (origen, proveniencia y beneficiario final)”.
Otro de los señalamientos del diputado orteguista Rodríguez es que supuestamente las oenegés no reportaron al Migob quienes integran sus juntas directivas, las donaciones previas provenientes del exterior y documentos de identidad de sus proveedores de fondos. También argumenta que estas asociaciones no cumplieron con su inscripción como Agentes Extranjeros.
Como ha sido en las ocasiones anteriores, el diputado Rodríguez igualmente argumentó "las entidades fundaciones-asociaciones han transgredido e incumplido con sus obligaciones conforme las leyes que las regula como organismos sin fines de lucro y han obstaculizado el control y vigilancia del ente regulador, desarrollando sus actividades al margen de la ley y actuado contra ley expresa”.
Los argumentos del diputado Rodríguez y el Migob son los mismos que han utilizado en los últimos tres años para cancelar las personerías jurídicas de más de un centenar de organizaciones, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil que fomentaban el desarrollo social, político, económico, de derechos humanos, democracia, de educación y de salud en Nicaragua.
Sin embargo, la disolución de estas organizaciones ocurrió en un contexto represivo y de represalias que surgió después de las protestas de 2018 y se agudizó en 2021, cuando el régimen se enfrentó a un panorama electoral donde eliminó la competencia política y aseguró su cuarto mandato consecutivo.
