24 de diciembre 2021
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El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Jorge Canahuati, reclamó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo el "restablecimiento de la democracia" en Nicaragua y valoró como "punto de partida" una amnistía para que sean liberados los reos de conciencia.
En su mensaje de fin de año, Canahuati enfatizó que durante 2021 Nicaragua experimentó "los más graves atropellos contra la libertad de prensa y de expresión" en todas las Américas. Con periodistas, líderes de la oposición y directivos de organizaciones no gubernamentales, encarcelados y sin derechos procesales, "solo una amnistía" podría ser "el punto de partida para tratar de restaurar la democracia en Nicaragua", agregó.
Pero el régimen de Ortega y Murillo se mantiene inconmovible ante los múltiples llamados de libertad para los presos políticos y en la víspera de Navidad no incluyó a ningún reo de conciencia entre el millar de convictos que fueron liberados.
A juicio de Canahuati "el ejemplo más palpable de avasallamiento contra la libertad de prensa" en Nicaragua fue el allanamiento al diario La Prensa. Ya que este medio de comunicación que ha sobrevivido a dictaduras, terremotos, boicots económicos y hasta el asesinato de su director, Pedro Joaquín Chamorro en 1978; se vio obligado a despedir a más de 120 trabajadores y su gerente general, Juan Lorenzo Hollman, lleva más de cuatro meses y medio en prisión y su salud se ha deteriorado.
"Es impresionante que, casi 44 años después, la familia Chamorro sigue pagando el precio de enfrentar a las dictaduras. Los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios se encuentran privados de su libertad y su otro hermano, Carlos Fernando, se exilió en Costa Rica para evadir el tsunami represivo de los Ortega", señaló Canahuati.
Desde junio pasado también se encuentra encarcelado el propietario del canal 100% Noticias y precandidato presidencial, Miguel Mora, el cronista deportivo, Miguel Mendoza y el comentarista televisivo, Jaime Arellano; todos acusados de "conspiración para cometer menoscabo a la soberanía nacional".
Además, advirtió Canahuati, "unos 50 periodistas han recibido citatorios judiciales y, ante constantes amenazas, muchos se vieron obligados a abandonar el país".
Periodistas en "situación de extrema de vulnerabilidad"
El mensaje de la SIP también cita a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en 2021 registró unos 65 casos de periodistas en situación de extrema de vulnerabilidad y riesgo. Además, la CIDH otorgó medidas cautelares a unos 49 trabajadores de los medios CONFIDENCIAL, Divergentes, Radio Darío y La Costeñísima.
"A su escalada represiva, el régimen de Ortega-Murillo fabricó el año pasado varias leyes para penalizar cualquier asomo de crítica y oposición. La Ley de Agentes Extranjeros, dirigida a bloquear a las organizaciones que vigilan los derechos humanos y la libertad de expresión, fue utilizada para lograr el cierre de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh)", dice el texto de la SIP.
Desde mayo varios empleados de la FVBCh fueron apresados y, el 2 de junio, se ordenó el arresto domiciliario de su presidenta, Cristiana Chamorro Barrios. Al momento de su detención ella encabezaba las encuestas de popularidad entre los precandidatos presidenciales que enfrentarían a Ortega en noviembre. Al final, todos los precandidatos con mayor respaldo popular terminaron encarcelados.
Entre tanto, "el presidente Ortega mantiene un discurso hostil y estigmatizante contra los 167 reos políticos a quienes llama "traidores de la patria". Ortega públicamente se ha referido a estos prisioneros como "hijos de perra del imperialismo norteamericano" y en la cumbre de países del ALBA, realizada en Cuba hace dos semanas, advirtió que no liberaría a nadie.
"En junio, como parte del trabajo de la SIP a favor de la libertad de prensa, realizamos una misión virtual con la que recogimos testimonios de periodistas, directivos de medios, dirigentes de la oposición, académicos, empresarios, representantes de la sociedad civil y de la Iglesia católica. Todos ellos, sin excepción, nos solicitaron mantener la denuncia internacional y el apoyo a los periodistas nicaragüenses", concluye la organización.
