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Proyectos de agua potable quedan en el “limbo” por cierre del Centro Humboldt

La organización había denunciado la deforestación e invasión en áreas protegidas del país, también alertaron del incendio en Indio Maíz en 2018

Maritza Chavarría recorría casi a diario hasta tres kilómetros en búsqueda de agua. La escasez se agravaba con el pasar del tiempo. Los niños no iban a clases porque no había agua para bañarse o cocinar. Cuando llegó la oenegé Centro Alexander Von Humboldt, en 2018, la comunidad La Grecia —en Somotillo, Chinandega— pidió tener acceso a agua segura, lo que se convirtió en realidad en 2020.

Chavarría narra aquellos momentos con nostalgia, pero enseguida, su voz se torna triste al recordar que los técnicos del proyecto no regresarán más porque el Centro Humboldt —a como es conocida la ONG— fue una de las 25 oenegés que la Asamblea Nacional les canceló su personalidad jurídica, el pasado 17 de marzo, bajo el argumento de un supuesto incumplimiento a la Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos.

“El día en que nos dieron la noticia, nos reunimos y lloramos”, se sinceró Chavarría. El cierre forzado de la oenegé es un impacto “grande” a nivel comunitario, señala la mujer de 52 años. Además del acceso al agua, los capacitaron sobre la preparación de huertos, la transformación del suelo, adaptación al cambio climático, gestión de riesgo y los involucraron en la red de vigilancia climática.

Esos conocimientos son invaluables para una comunidad integrada por unas 75 familias —que suman unos 490 pobladores— que viven de la agricultura y están asentadas en el Corredor Seco del país; una de las zonas más vulnerables a los efectos del cambio climático. De hecho, el Centro Humboldt elegía a las comunidades donde trabajaría por el nivel de riesgo ante sequías y otros fenómenos climáticos, con el objetivo de preparar a su población.

Trabajo en reservas naturales

Sin embargo, en los últimos años también trabajaban en comunidades ubicadas en la zona de amortiguamiento de la Reserva de Biósfera Bosawás, Reserva Biológica Indio Maíz y la Reserva Natural Delta del Estero Real, enseñándoles un manejo sostenible de los recursos naturales.

María Eugenia Ordónez es líder del sector cuatro de la comunidad Puerto Morazán, en Chinandega. Su familia y las 375 que habitan en la zona viven de la pesca. No tienen acceso a agua, pero estaban muy entusiasmados porque el Centro Humboldt trabajaba en un proyecto de perforación de pozo, pero con la cancelación de su personería jurídica, los planes quedaron paralizados.

“Nos afecta muchísimo porque prácticamente fue algo que nosotros quedamos sin fuerza para continuar el proyecto”, señala Ordóñez, que debe recorrer las comunidades aledañas para obtener agua, mientras espera que una pipa aparezca cada 20 0 30 días para suministrarle agua.

“Quedamos otra vez como al principio; tenemos el comienzo, pero no el final. No sé cómo lo vamos a terminar, porque esperábamos que el Centro Humboldt terminara el proyecto del agua potable. Nos afecta muchísimo esto, a los niños, la familia, nuestra comunidad. Esa era una esperanza más para nosotros”, expresó la afectada.

En 2020, la organización ambiental que el próximo 3 de abril cumpliría 32 años de funcionamiento, trabajó con 190 comunidades del país, de estas 22 indígenas. En ese mismo año, benefició a 3581 personas de 13 comunidades de los municipios de Somotillo, Villanueva, Chinandega, Condega y Puerto Morazán con la perforación de seis pozos y la rehabilitación de siete, según el informe anual de 2020.

Gobernación no recibió documentación

El 17 de marzo, la organización señaló en un comunicado que la Oficina de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación (Migob) se negó a aceptar en reiteradas ocasiones, desde 2020, su documentación legal y financiera, bajo “argumentos no apegados a los establecidos al marco regulatorio de asociaciones sin fines de lucro”.

Al igual que el Centro Humboldt, decenas de otras organizaciones, fundaciones y asociaciones, han señalado que el Migob ha impuesto trabas para cumplir con lo establecido en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada a mediados de octubre de 2020, como parte de un paquetes de leyes punitivas empleadas contra voces críticas del Gobierno y organizaciones de sociedad civil que fomentaban el desarrollo social, político, económico, de derechos humanos, democracia, de educación, ambiental y de salud en Nicaragua.

Desde 2018 a la fecha, el régimen orteguista ha cancelado 143 organizaciones, fundaciones y asociaciones. Inició en 2018 castigando a nueve organizaciones, señalándolas de “gestionar, recibir, canalizar y facilitar fondos para alterar el orden público y realizar actos desestabilizadores en el país”, en un intento de deslegitimar la protesta cívica y fortalecer su teoría de un supuesto golpe de Estado.

La arremetida continuó y durante los últimos tres años ha confiscado los bienes de más de seis organizaciones, incluidas universidades, a las que les canceló su personalidad jurídica.

El Centro Humboldt siempre jugó un papel de vigilancia sobre temas relacionados al desarrollo territorial y la gestión ambiental en el país. Cuestionó en reiteradas ocasiones decisiones gubernamentales que contradecían el manejo sostenible de los recursos naturales.

En 2014, junto a otras organizaciones ambientalistas, conformaron el Grupo Cocibolca y señalaron que el Canal Interoceánico, que pretendía construir el régimen orteguista con el empresario chino Wang Jing, era “ambientalmente inviable”, según conclusiones del Estudio de Impacto Ambiental y Social que realizaron.

También alertaron sobre el avance de la deforestación, y la invasión de colonos en áreas protegidas. En 2018 hicieron eco de la urgente atención que requería el incendio en la Reserva Biológica Indio Maíz, considerado uno de los detonantes de las protestas cívicas de la rebelión de ese año y hasta la semana pasada, eran un referente en vigilancia climática para medios de comunicación independiente.

El Centro Humboldt ha construido una red de 1300 observadores climáticos comunitarios, lo que había permitido crear pronósticos por zonas. Foto: Cortesía

Los observadores del clima

Chavarría era la encargada de vigilar el clima en La Grecia. Ella era parte de los 1300 observadores climáticos comunitarios que había capacitado el Centro Humboldt, para monitorear las condiciones de humedad, precipitación y viento en el país.

La red ha crecido, principalmente, en el occidente del país. El objetivo, según había explicado el centro, era que los productores consideraran los datos climáticos para tomar mejores decisiones, previos a los procesos de siembra de primera y postrera, además de implementar prácticas agroecológicas.

“Voy a seguir haciendo el mismo trabajo hasta que Dios nos permita”, dice Chavarría. “Nos hemos propuesto de que no nos vamos a dejar vencer, vamos a seguir adelante con el conocimiento que ellos nos dejaron, con todas esas transformaciones”, expresó la líder comunitaria.


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