18 de agosto 2022
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció este 18 de agosto que construirá el Centro de Estudios del Desarrollo, "Casa de la Soberanía Padre Miguel D'Escoto Brockmann”, en el edificio que expropió, en abril pasado, a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
En una declaración, el régimen de Ortega informó que “como parte del indispensable y cotidiano relanzamiento de nuestra doctrina y prácticas de soberanía nacional”, a través de la Procuraduría General de la República, “está dotando al Centro de Estudios del Desarrollo, Casa de la Soberanía, que lleva el nombre del canciller de la dignidad, Padre Miguel D'Escoto Brockmann”.
La propiedad del Centro de Estudios estará a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), a través de Ramona Rodríguez, rectora y presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), precisó el régimen.
“Este importante y trascendental centro para el estudio y la documentación sobre nuestra doctrina y prácticas de soberanía nacional funcionará donde estuvo localizada la sede del nefasto ministerio de colonias, antro de maquinación y acciones de lesa dignidad y de traición a las patrias”, puntualizó.
“Esa vil dependencia del Departamento de Estado del imperialismo norteamericano, conocida como OEA, destinada a justificar invasiones, ocupaciones, golpes de Estado y atentados permanentes contra nuestras soberanías, fue expulsada de nuestra Nicaragua bendita y siempre libre el 24 de abril del 2022”, agregó.
La propiedad en la que funcionaban las oficinas de la OEA, ubicada en Las Colinas, Managua, permanece ocupada por la Policía desde el 24 de abril pasado, cuando el régimen orteguista anunció la expulsión de la delegación de la OEA. El edificio que usaba el organismo para sus oficinas en Managua, antes de ser confiscado, pertenecía a las hermanas Luz Marina y María Auxiliadora Navarrete Guevara, que públicamente no se han referido al tema.
El 26 de abril, dos días después de la ocupación policial del edificio del organismo, la vocera del Frente Sandinista y vicepresidenta, Rosario Murillo, anunció que en esa propiedad construirían el “Museo de la Infamia”. Sin embargo, este 18 de agosto, la vicemandataria informó de la inauguración de la "Casa de la Soberanía".
“Vamos a estar inaugurando, desde la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, entregando a las autoridades universitarias precisamente, la sede del Centro de Estudio del Desarrollo, Casa de la Soberanía (...), un inmueble que tiene un valor que es simbólico, que representa la dignidad de nuestro pueblo (...). Vamos a programar la fecha y tiene que ser en el contexto de nuestras fiestas patrias”, apuntó Murillo.
Según el régimen, el centro de estudios abrirá sus puertas a académicos, intelectuales, estudiosos y estudiantes “para honrar permanentemente a los defensores de nuestra independencia, autodeterminación, dignidad y soberanía nacionales”.
OEA condenó ocupación orteguista
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el 13 de mayo pasado, condenó de forma unánime el cierre y confiscación de sus oficinas en Nicaragua, aprobando una resolución en la que exigieron al Estado de Nicaragua la restitución de la misma.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó la toma de las oficinas del organismo como “despreciable en términos jurídicos” y aseguró que esto no había ocurrido “ni en los tiempos de las peores dictaduras de la región”.
El canciller Denis Moncada Colindres, antes de darse la ocupación del edificio, ratificó la “invariable decisión” del régimen orteguista de abandonar la OEA, una medida que se adoptó desde el 19 de noviembre de 2021, siete días después que los integrantes del organismo aprobaron una resolución de condena a Nicaragua por los resultados de las votaciones generales, en las que el régimen de Ortega se reeligió sin competencia política para un cuarto mandato consecutivo, que consideraron “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.
El retiro de Nicaragua de la OEA será oficial y efectivo hasta en noviembre de 2023, ya que el proceso dura dos años. Durante ese lapso el Estado nicaragüense debe cumplir con todas sus obligaciones políticas y financieras con esa organización.
Con información de EFE
