Fabrican caso exprés contra Guisella Ortega y otros dos reos políticos

La tormenta contra la catedrática y opositora Guisella Elizabeth Ortega Cerón, de 34 años, empezó cuando la Policía la encontró el pasado 24 de noviembre con su bebé de dos años. Se la llevaron detenida de manera arbitraria y sobrevino un guion repetido con otros presos políticos: la separación familiar, una acusación sin imaginación, un fiscal diligente y un juez dispuesto a acoger las fabricaciones judiciales incluso en fin de semana.

Los delitos imputados a Ortega Cerón, quien ha sido asediada por la dictadura desde 2018, fueron “provocación”, “proposición” y “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” y propagación de “noticias falsas”, de acuerdo con el expediente del caso registrado bajo el número 025521-orm4-2022-PN.

Según un reportaje publicado el 24 de octubre pasado por CONFIDENCIAL, la dictadura había condenado a 45 nicaragüenses por “conspiración” y “noticias falsas” hasta esa fecha —con penas que oscilaron entre siete y trece años de prisión—. Entre las víctimas se encuentran los siete precandidatos presidenciales que fueron encarcelados en la escalada previa a las votaciones de 2021 cuando Daniel Ortega y Rosario Murillo se reeligieron sin garantías democráticas.

Si algo evidencia la documentación del caso de la profesora, sin embargo, es la celeridad con que se coordinan las autoridades del sistema de justicia cuando sientan en el banquillo a los reos de conciencia. “La verdad es que los 235 reos políticos en Nicaragua son inocentes. Ellos no han cometido delitos”, comentó un abogado independiente, quien pidió que su nombre se mantuviera en el anonimato.

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Contra la profesora actuó el fiscal Sandro Efraín Peña Urbina, quien formuló los cargos en un documento de siete páginas a las 8:23 de la mañana del sábado 26 de noviembre, dos días después de la detención. También acusó a la sobrina de la catedrática, Heidi Walkiria Ortega, y a Francisco Hernaldo Vásquez Delgado.

Juez represor está a cargo del “proceso”

Ese mismo sábado, a las 9:18 de la mañana, el juez Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, quien tiene antecedentes persiguiendo a otros presos políticos, celebró la audiencia preliminar. Cuando el reloj marcó las 9:35 de la mañana, es decir 17 minutos después del inicio, ya había dictado prisión contra los procesados, luego de admitir la acusación en una sesión en el juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencias de Managua.

Sanarrusia es uno de los 23 operadores judiciales de la dictadura, sancionados por Estados Unidos el pasado 15 de julio, a quienes señalaron de socavar las instituciones democráticas y ejercer discrecionalmente el procedimiento legal para presentar cargos falsos contra opositores nicaragüenses.

Los procesados fueron representados por un defensor público. Se trata de abogados que el Estado pone a disposición de aquellos procesados que no tienen defensa. Durante meses, ha sido cuestionada también, porque ellos terminan actuando a favor de los intereses de los fiscales y jueces del régimen.

En la primera audiencia, sin embargo, el defensor explicó que no había suficiente claridad en los hechos, ni una “individualización” que permita conocer cómo participó la profesora, su sobrina y el señor Vásquez en la trama del fiscal.

“En el penúltimo párrafo refiere que los acusados organizaron planes en contra del Gobierno, pero no detallan los planes, de qué manera se iban a concretar, todo esto tiene que detallarse en caso de que se admita”, explicó el defensor público. Sin embargo, luego de escuchada a las partes, el juez prosiguió con el proceso y dictó cárcel contra los acusados, fijando audiencia inicial para el martes seis de diciembre a las 9:00 a. m.

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Sin embargo, según lo que trascendió en los medios de comunicación, la catedrática Ortega, conocida como “Taylor”, fue procesada supuestamente porque la Policía la vincula a impresiones de stickers con los colores de la bandera de Nicaragua que son vistos como subversivos por el régimen desde 2018, cuando el Estado reprimió con brutalidad a opositores.

Su sobrina es la propietaria de “Multiservicios Ortega” y Hernández—el tercer acusado—de Copynic, esta última la compañía que alquilaba impresoras y fotocopiadoras a la primera para que pudiese realizar su trabajo, según explicó el portal independiente Artículo 66.

CENIDH denuncia procesos “machoteros”

Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), este tipo de juicios exprés, fabricados por el Estado, los suele llamar “machoteros” en referencia a la palabra machote que en el lenguaje jurídico se refiere a los documentos que los abogados del Estado ya tienen hechos y solo cambian los nombres de los acusados y las fechas de los hechos para intentar darle sin éxito verosimilitud a la fabricación.

“Si vos te fijás, toditas las acusaciones que presenta la Fiscalía. Independientemente de las circunstancias y las personas siempre son los mismos delitos: conspiración o menoscabo a la integridad nacional. También lo de ciberdelitos, ellos como que tienen un delito, quizás lo que cambia son los inventos individuales para justificar, pero en realidad no tienen imaginación. Dan la impresión como que toda Nicaragua estuviera coludida realizando la misma acción. Ellos están reprimiendo y trabajan con un borrador de acusación preestablecido para criminalizar a la gente”, explicó la Vilma Núñez, presidenta del CENIDH.

Núñez añadió que al único de los presos políticos que le han imputado un delito distinto fue al sociólogo Oscar René Vargas, a quien además de acusarlo por propagación de noticias falsas y conspiración, le formularon otro cargo: rebelión. En ninguno de los casos, según la jurista, tienen bases para eso y lo que persiguen es “aumentarle la pena y criminalizarlo más que al resto”.

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“Si al resto, le han dado de siete a trece años. Cuidado a Oscar René (Vargas) le van a querer dar 30 años. O no sé cuántos años, esa es la intención”, afirmó la defensora de derechos humanos, quien considera que todos estos hechos demuestran la instrumentalización del Poder Judicial para reprimir.

Vargas fue detenido cuando se encontraba en la casa de su hermana en Bolonia, a quien llegó a visitar porque ella está delicada de salud. A pesar de los delitos atribuidos, el sociólogo en realidad es castigado por sus críticas al régimen de Ortega y por la criminalización de su labor como pensador, divulgada en su blog y en medios de comunicación independientes.

El sociólogo se desempeñó como asesor de la Dirección Nacional del FSLN en los años ochenta, es economista e historiador y había denunciado hasta su captura la grave crisis que atraviesa al país desde el punto de vista económico, social y político y la responsabilidad del orteguismo en la misma y en la migración forzada de miles de nicaragüenses.