21 de julio 2022
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El tratamiento que el Poder Judicial ha otorgado a las supuestas víctimas en los casos que involucran a los sacerdotes Manuel García y monseñor José Leonardo Urbina, como supuestos agresores, develan juicios con “intereses políticos”, en los que no ha prevalecido la protección del Estado hacia las víctimas, convirtiéndolas en un “instrumento” para sus propios fines, concluyeron especialistas en Derecho.
“Es un hecho sin precedente acusar a una persona víctima de violencia por una retractación en su declaración”, explicó un abogado penalista que accedió a hablar bajo anonimato. El caso corresponde a Martha Candelaria Rivas Hernández, condenada a cinco años por el delito de falso testimonio o perjurio. La mujer de 44 años se retractó en los tribunales de Granada sobre su primera versión de los hechos, en la que señaló al sacerdote García —quien fue declarado culpable, a finales de junio, del supuesto delito de violencia física y violencia psicológica— de haberla golpeado con un candado la noche del 30 de mayo.
En el juicio aseguró que todo fue un “accidente” y que no se sentía agredida.
El abogado penalista explicó que un fiscal tiene la facultad de solicitar se investigue a un testigo que cambie su declaración en juicio, pero en los casos de víctimas de violencia de género no es procedente porque la retractación forma parte del ciclo de violencia a la que está sometida y no puede ser sujeta a la justicia penal.
En la práctica, cerca del 70% de los casos de violencia de género, el juicio se desarrolla con la víctima retractada, valiéndose de otros elementos de pruebas para sustentar la acusación y hasta ahora, nunca ninguna víctima había sido procesada, confirmó.
El paso que dio la Fiscalía al acusar a la víctima Rivas y la judicial- la jueza del juzgado Segundo Local Penal de Granada, María José Zapata- al condenarla “violenta toda la normativa de la Ley 779 -Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres- y la teoría de género”, aseguró el especialista.
Del mismo modo, la abogada penalista, Yonarqui Martínez, señaló que es la primera vez que conoce del caso de una víctima de violencia convertida en procesada y condenada, lo que significa un “retroceso enorme” del sistema judicial, y evidencia un Estado que no “está sirviendo de colaborador, de protección, de darle la mano a la mujer”, y por el contrario, la “está exponiendo”, expresó.
“Carmen”, integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia, aseguró bajo anonimato que el hecho de tener a la “víctima y el agresor presos” refleja una represalia política por parte del Estado contra la Iglesia católica, pero no demuestra un interés en la víctima, en la búsqueda de justicia, y más bien, la persona ha sido denigrada en medios de comunicación y redes sociales.
“Aquí en Nicaragua poco se piensa en las víctimas. Hemos visto en otros casos como se expone, como se discrimina, como se culpabiliza y se avergüenza a la víctima. Es mentira que en Nicaragua el sistema está para proteger a las víctimas, es al revés: se encubre a los agresores y a la víctimas se les expone”, expresó la feminista.
Más violaciones a la Ley 779
El pasado 13 de julio, el régimen de Daniel Ortega encarceló a monseñor Leonardo Urbina, sacerdote de la parroquia del Perpetuo Socorro, de Boaco, acusado de la supuesta violación de una adolescente de 14 años. Contrario al primer sacerdote, cuyo proceso judicial se desarrolló bajo completo hermetismo, este fue ampliamente documentado por medios afines al régimen.
“Trabajé más de cinco años especializado en violencia contra la mujer y es el primer caso en que se expone públicamente (en referencia a que en la primera audiencia se presentó la abuela de la víctima sentada junto con un oficial de Policía y los testigos)”, señaló el experto judicial, Yader Morazán en un panel reciente en el programa Esta Semana sobre las irregularidades del caso.
En el artículo 43 de la Ley 779, sobre la protección de los datos y las limitaciones de la publicidad, indica que “se protegerá la intimidad de las víctimas; en lo referente a sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que esté bajo su tutela. Los medios de comunicación para proteger la identidad de las víctimas en los delitos sexuales y otros aspectos que las puedan exponer a ser sujetas de revictimización, deberán actuar de acuerdo a los más altos estándares de la ética periodística profesional”.
El abogado penalista señala que la audiencia tuvo que haber sido oral y privada porque se está hablando de una menor de 14 años y en este caso, “el mismo Estado está exponiendo a la publicidad a la niña”, alertó.
Para la feminista “Carmen” en ambos casos se violenta el artículo 4 de la Ley 779, que enumera los principios de la normativa, siendo uno de ellos, la protección integral a la víctima. Cuando esto no se cumple, se está violentando de “inicio a fin la ley”, destacó. El abogado penalista recalca que la aprehensión de Rivas no tiene ningún fundamento de ley. “Es totalmente ilegal”, concluye.
Un mensaje errado para las víctimas de violencia
Con el encarcelamiento de Rivas, la feminista “Carmen” considera que el Poder Judicial envía un mensaje “peligroso” para las víctimas de violencia, ya que al igual que ocurrió en ese caso, una denuncia podría revertirse en su contra.
Desde hace tiempo, las víctimas de violencia dudan en denunciar a sus agresores porque no confían en el sistema de justicia, que las deja desprotegidas y “opera con relación a la conveniencia de las estructuras de Gobierno y partidos políticos”, apunta la feminista. No solo hay casos de “sacerdotes abusadores” sino de “gente de Gobierno” o “del partido- en relación al Frente Sandinista-” que han sido acusados por violencia sexual, acoso laboral y no se sabe qué pasó con las causas, denunció.
Las únicas estadísticas sobre violencia de género están en manos de la Policía, alineada al régimen orteguista, y con una credibilidad duramente cuestionada. Según el anuario 2021, en 2020 recibieron 2282 denuncias de delitos contra la libertad e integridad sexual, mientras en 2021, se elevó a 2310 denuncias. Sin embargo, organizaciones de mujeres alegan que cada vez menos mujeres acuden a las comisarías para denunciar sus casos porque las revictimizan o no las atienden, y en muchos casos, han terminado en femicidios.
La semana pasada, un grupo de entidades, incluido el Ministerio de la Mujer, publicaron la cartilla "Mujer, derechos, leyes y mecanismos de denuncia para prevenir la violencia", incentivando a las mujeres que acudan a denunciar. Sin embargo, el esfuerzo no es suficiente sin acciones de prevención y sin trabajar las conductas de los agresores, explicó el abogado penalista.
Para la abogada Martínez el mensaje que se envía con el tratamiento otorgado a las dos supuestas víctimas de los sacerdotes es “negativo”, “amenazante”, porque la víctima puede ser procesada, no es escuchada y es expuesta.
