13 de julio 2022
AA
El Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo informó que este miércoles 13 de julio presentará una “cartilla informativa” para que las mujeres víctimas de violencia conozcan el procedimiento para denunciar a sus agresores. Sin embargo, según feministas nicaragüenses, este esfuerzo llega ocho años tarde y es “una salida de paso” ante el incremento de femicidios y violencia de género.
“A estas alturas, después de ocho años de haberse aprobado la Ley 779, si el Estado hubiera cumplido con su trabajo, todo el mundo conocería ya lo que dice la ley y sabrían cómo es que se interpone una denuncia, no vamos a necesitar para eso una cartilla”, opina la feminista María Teresa Blandón.
Subraya que “es hasta un poco triste que la respuesta del Gobierno frente a tantos femicidios, abusos sexuales, embarazos de niñas y adolescentes, que han sido víctimas de abuso sexual, o frente a situaciones terribles de violencia, lo único que se le ocurra decir (al Gobierno) es que van a sacar una cartilla, cuando lo que se necesita es una política integral”.
La decisión del régimen de ofrecer una cartilla informativa ocurrió días después del femicidio de Karen Blandón, de 21 años, quien fue asesinada por su expareja Ernesto Caleb Rocha, de 23 años, mientras amamantaba a su bebé de seis meses. El femicida huyó del país, pero fue detenido por la Policía de Honduras. Con la muerte de Blandón, Nicaragua ha acumulado al menos 28 femicidios en todo el año, según el monitoreo de Católicas por el Derecho a Decidir.
Según informó, la vocera estatal y vicepresidenta, Rosario Murillo, en su monólogo diario, la cartilla será presentada por el Ministerio de la Familia y luego distribuida en todo el país.
“Denunciar es la clave, denunciar a aquellos que pretendan irrespetarnos, agredirnos o que nos agreden para que las leyes los juzguen. No podemos permitir más crímenes de odio en ninguna parte de nuestro país, y con ninguna de nuestras hermanas y por supuesto, ninguna forma de crimen de odio”, dijo Murillo.
Denuncias de violencia en Nicaragua no prosperan
El discurso de Murillo evade la responsabilidad del Estado ante la violencia contra las mujeres. En los últimos años, hubo un incremento de femicidios consumados y frustrados. Asimismo, las autoridades han concedido el régimen de “convivencia familiar” a hombres condenados por violencia de género, dejando expuestas a las mujeres.
Feministas de diversas organizaciones denunciaron que, desde 2020, el régimen ha liberado a más de 500 hombres que estaban condenados por femicidio o violencia de género; de estos se identificó al menos cinco hombres que tenían condenas de 15 o 20 años y solamente cumplieron tres años.
Una investigación de CONFIDENCIAL, publicada en 2020, reveló las historias de mujeres que fueron obligadas por las autoridades a mediar con sus agresores, quienes luego las asesinaron. También se mostró casos de nicaragüenses que habían conseguido justicia y tiempo después, el régimen liberó a sus verdugos y puso en riesgo sus vidas.
Desde finales de 2018, el Gobierno sandinista ha cancelado y confiscado a 51 oenegés que trabajaban en pro de los derechos de las mujeres en Nicaragua, según un monitoreo de CONFIDENCIAL.
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“Lo que tenemos es un país donde hay una enorme impunidad. Es claro que el Estado no quiere coordinar con las organizaciones de la sociedad civil; eso también habla de una falta de voluntad política para enfrentar un problema, que como ya sabemos es muy complejo, multicausal y requeriría del concurso del esfuerzo concertado del Estado y de la sociedad”, señala Blandón, quien es directora de La Corriente, una de las organizaciones canceladas.
Comisarías de la Mujer no previenen femicidios
A pesar que desde 2014 se creó la Ley No. 779 o Ley Integral contra la Violencia a las Mujeres, no han ocurrido cambios. El Estado ha puesto esfuerzos por crear más comisarías de la mujer, pero el personal no está capacitado para manejar las denuncias y no han significado una disminución de la violencia.
“(En las comisarías) la Policía tiene una única prioridad y es el tema de los femicidios, pero no para prevenirlos, sino para investigarlos y para capturar a los femicidas, no tienen como prioridad atender los problemas de violencia, como la violencia física o psicológica, el abuso sexual, el acoso. Esos temas no son de prioridad, por eso muchas veces llegan las víctimas a denunciar y no las atienden o no reportan sus casos o dicen que van a investigar y no investigan”, lamenta la feminista nicaragüense.
Desde la creación de la Ley 779, en Nicaragua han ocurrido 514 femicidios. 2021 fue el año en que más muertes de mujeres hubo: 71 en total y más de 100 niños quedaron en orfandad. La mayoría de estos casos quedó en la impunidad.
