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Régimen orteguista ha prohibido seis procesiones en las primeras dos semanas de 2023

Policía orteguista mantiene asedio e intimidación en contra de templos y sus sacerdotes en varios puntos de Nicaragua

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha prohibido al menos seis procesiones durante las primeras dos semanas de 2023, además de enviar a juicio al obispo Rolando Álvarez -con casa por cárcel desde hace tres meses- y ha mantenido la intimidación policial contra sacerdotes en varias ciudades de Nicaragua. Dichas acciones, según defensores de derechos humanos, proyectan un año “igual o peor que 2022”, cuando la dictadura intensificó la persecución contra la Iglesia católica y encarceló a once religiosos.

La investigadora y abogada, Martha Patricia Molina, considera que el año 2023 “inició extremadamente agresivo. Todos estos elementos -en relación a las prohibiciones de procesiones y procesos judiciales- proyectan que va a ser un año nefasto para la Iglesia católica…”, sostuvo.

En cuatro meses de 2022 el régimen orteguista prohibió seis grandes procesiones en el país. Sin embargo, actualmente, dichas restricciones se han ampliado también a celebraciones religiosas más locales, contabilizando seis imágenes de santos que debieron quedarse en sus templos durante la primera quincena de enero.

El régimen orteguista ha prohibido las siguientes procesiones en lo que va de 2023:

  1. La tradicional procesión de Jesús Sacramentado, que se realiza cada primero de enero en compañía de cientos de feligreses. El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), el obispo Carlos Enrique Herrera, argumentó en una declaración pública que se debió a “motivos ajenos a nuestra voluntad”.
  2. La procesión de San Silvestre, en Catarina, municipio de Masaya, el pasado 1 de enero. La imagen solamente salió al atrio de la parroquia Santa Catalina de Alejandría.
  3. La procesión del Señor de los Milagros, el Cristo Negro de Esquipulas, fue prohibida en el municipio de Villanueva, Chinandega. El jueves 5 de enero, la parroquia Inmaculada Concepción de María, informó a través de sus redes sociales que “las autoridades que prohíben las procesiones es la Policía Nacional”. Sin embargo, el 7 de enero la imagen si logró recorrer algunas calles de la ciudad.
  4. La procesión de San Sebastián en la iglesia Santa María Magdalena, en Masaya, el pasado 10 de enero.
  5. La procesión de Nuestro Señor de Esquipulas o del Cristo Negro en el municipio El Viejo, Chinandega, que se realizaría este domingo 15 de enero. Otros siete municipios – Chontales, El Sauce, Esquipulas, Jinotega, La Conquista, Matagalpa y Tipitapa- del país también celebran a la imagen, por ser patrono local. En la comunidad Mancotal, en Jinotega y Tipitapa también fue prohibido el recorrido de la imagen este domingo.
  6. La procesión de Nuestra Señora de Candelaria, patrona de Diriomo, municipio del departamento de Granada. La parroquia aseguró que las celebraciones se realizarán dentro del templo, a partir del 21 de enero.

Desde el segundo semestre de 2022, la Policía del régimen argumentando “motivos de seguridad interna” ha restringido las procesiones de santos patronos en departamentos icónicos del país, como San Jerónimo y San Miguel en Masaya o la procesión de la Virgen de la Merced, patrona de la Diócesis de Matagalpa. Los sacerdotes no han tenido más opción que celebrar a los santos dentro de los templos, y en algunos casos, sacarlos a los atrios de las respectivas parroquias.

Ante la represión imparable del Gobierno contra la Iglesia, los sacerdotes han callado sobre las visitas policiales, informándoles que no pueden sacar a los santos en procesión. Ellos se limitan a anunciar en los programas de fiestas patronales que las imágenes no saldrán, pero no explican las razones por prudencia, señala Molina. La investigadora sostiene que muchas parroquias del interior del país han vivido esta situación de intimidación, pero callan para evitar más represalias.

Entre las procesiones prohibidas recientemente, el caso de mayor ensañamiento ocurrió en Masaya. La imagen de San Sebastián, quedó en la entrada de la parroquia Santa María Magdalena, después que el comisionado general Juan Valle Valle, jefe policial de ese departamento, le cerró las puertas a los devotos —apoyado en la presencia de decenas de antimotines— cuando intentaban sacar el santo a la calle, el pasado 10 de enero.

Todos los accesos al templo fueron cercados por conos, policías de tránsito y antimotines. El despliegue policial fue brutal en una ciudad que vive bajo vigilancia desde la Rebelión de Abril de 2018. Por otro lado, las celebraciones en honor a San Sebastián, patrono de Diriamba, Carazo, se han realizado sin ningún tipo de restricción.

Silencio ante intimidación de sacerdotes

La persecución de Ortega contra la Iglesia provocó el exilio de más de media docena de religiosos en 2022, que escaparon de ser secuestrados por la dictadura y engrosar la lista de once sacerdotes, seminaristas y un diácono encarcelados en diferentes instancias del Sistema Penitenciario Nacional, y en arresto domiciliario, como es el caso del obispo Álvarez.

Molina señala que otros sacerdotes permanecen asediados día y noche por la Policía, pero sus casos no los hacen público por prudencia. No descarta más encarcelamientos y exilio de religiosos.

Y pese a que el régimen oficializó el inicio del juicio contra el primer obispo encarcelado en la historia del país, monseñor Rolando Álvarez, el 10 de enero, y mantuvo la orden de capturar al sacerdote exiliado, Uriel Vallejos, ni la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes o el Vaticano se han pronunciado abiertamente sobre el caso.

Ese silencio ha sido duramente cuestionado por los mismos religiosos, feligreses y defensores de derechos humanos que no entienden la actitud pasiva ante una de las peores embestidas del régimen contra la Iglesia. Un estudio realizado por Molina reveló 396 ataques contra la institución religiosa desde 2018 a octubre de 2022.

Por su parte, el defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, explicó que el régimen continúa implementando un Estado de terror, que también se evidencia en la judicialización del obispo Álvarez y el resto de sacerdotes, además de la intensificación de “esa guerra” contra el pueblo y la Iglesia. El régimen no permite ningún tipo de aglomeración y particularmente de la Iglesia católica, violando el derecho a la libertad religiosa de los nicaragüenses.


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