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Envían a juicio a obispo Rolando Álvarez y lo mantienen bajo “casa por cárcel”

Jueza sandinista que ha condenado a otros presos políticos anuncia proceso "de intercambio de pruebas”

El obispo de Matagalpa y administrador de la Diócesis de Estelí, Rolando Álvarez, fue enviado a juicio político por la justicia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que lo mantiene cautivo desde agosto de 2022. La orden ocurrió este 10 de enero, sin fecha específica para el proceso.

Sereno, vestido de blanco y dirigiendo su mirada al fiscal a cargo del caso, Álvarez escuchó la decisión de la jueza Gloria María Saavedra que ordenó mantenerlo bajo arresto domiciliario en un proceso calificado como ilegal por abogados independientes.

La audiencia se realizó en el auditorio Augusto César Sandino del Complejo Judicial de Managua con la imagen del héroe nacional a espaldas de la jueza Saavedra, quien tiene antecedentes de perseguir a presos de conciencia. En la misma resolución, también declararon vigente el oficio a Interpol para la captura del sacerdote Uriel Vallejos, actualmente exiliado.

El Estado acusó a Álvarez de propagar “noticias falsas” y “conspiración para cometer menoscabo contra la integridad nacional” en un proceso que ocurre en medio de la persecución estatal contra la Iglesia católica.

En la actualidad, en Nicaragua existen al menos 235 presos por motivos políticos. Los delitos son los mismos por los cuales acusaron a decenas de reos de conciencia bajo en la escalada represiva contra la Iglesia, que ha dejado sacerdotes detenidos, monjas, religiosos y el nuncio apostólico expulsados, así como el cierre de radios católicas, prohibición de procesiones, entre otros.

La acusación del régimen contra Álvarez fue interpuesta el 13 de diciembre de 2022, a pesar de que la Policía lo mantenía retenido a la fuerza desde el 19 de agosto en Managua, cuando lo trasladaron a su residencia familiar luego del asalto de la Curia de Matagalpa.

Álvarez se ha caracterizado por ser una de las voces más críticas en la Conferencia Episcopal, por denunciar los abusos de derechos humanos, y también por su cercanía con el campesinado en el norte de Nicaragua.

Ortega acusa a la Iglesia católica de intentar darle un golpe de Estado en 2018 cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a pedir su renuncia. Desde entonces ha desatado una campaña contra la Iglesia, ha vigilado las iglesias y fanáticos sandinistas forzaron el exilio del obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez en 2019.

Según una nota de prensa del Poder Judicial, la jueza del tribunal décimo distrito penal de Audiencia de la capital, Gloria María Saavedra, también admitió el intercambio de pruebas.

“El proceso es nulo, ilegal y arbitrario”, afirma abogada

“El proceso judicial es nulo desde principio a fin y, además de nulo, es ilegal y arbitrario. No se le ha respetado ninguna de sus garantías a la cual todo detenido, toda persona que se enfrenta a un proceso tiene derecho”, valoró la abogada Martha Patricia Molina, quien publicó en 2022 un estudio completo sobre el hostigamiento de la dictadura a la Iglesia.

De acuerdo con el estudio mencionado, el régimen ha recrudecido la represión contra la Iglesia y ha sumado 396 ataques entre 2018 y octubre del año pasado, registrándose un incremento en 2022 cuando Álvarez y su círculo cercano de religiosos en Matagalpa fueron apresados o fueron obligados a irse al exilio para resguardar su identidad.

Molina explicó que califica de arbitraria la detención de Álvarez, porque no se cumplió con las leyes y más bien la Policía cometió el delito de secuestro al momento de que lo apresó.

En un reporte reciente, CONFIDENCIAL identificó al menos ocho ilegalidades cometidas contra Álvarez, entre ellas también se encuentra el incumplimiento de los mismos plazos de las normas aprobadas por la dictadura y que ni siquiera se conoce el detalle de la acusación presentada por un fiscal sandinista en su contra.

Para la abogada es previsible que se verá en el juicio a un obispo “indefenso”, “sin derecho a un defensor de su plena confianza”, lo que hará que se enfrente al juez y al fiscal del Ministerio Público, así como “las falsas pruebas que le van a inventar y los testigos falsos que van a formar parte de todo este proceso”.


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