29 de enero 2022
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El sistema de justicia, bajo control de Daniel Ortega y Rosario Murillo, reactivó este viernes más juicios políticos contra opositores y los programó para la primera y segunda semana febrero, una medida que ocurre cuando los familiares demandan la anulación de los procesos plagados de irregularidades y la liberación inmediata de los presos de conciencia.
Este viernes 28 de enero se conoció la programación de los juicios de la dirigente de la Unión Democrática Renovadora (Unamos) —antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS)—, Suyén Barahona, para el siete de febrero; el periodista Miguel Mora, para el 4 de febrero; la abogada de derechos humanos María Oviedo, para el 14 de febrero; y el aspirante presidencial Noel Vidaurre. Todas las audiencias que se realizarán en las instalaciones policiales de “el nuevo Chipote” en Managua.
Estas nuevas reactivaciones se suman a las ya conocidas, el pasado 26 de enero de 2022, de los dirigentes de Unamos: Ana Margarita Vijil (2 de febrero), Dora María Téllez (3 de febrero), Yader Parajón (1 de febrero) y Yaser Vado (1 de febrero). Además del cronista deportivo Miguel Mendoza (8 de febrero) y el politólogo José Antonio Peraza (9 de febrero).
Todos enjuiciados fueron apresados en el contexto de la escalada represiva del régimen, a mediados y finales de 2021, a través de la cual eliminó la competencia electoral para las votaciones de noviembre pasado, en las que Ortega consiguió un cuarto mandato consecutivo.
La mayoría de acusaciones contra los opositores son por presunta “traición a la patria”, al alentar —según la versión del Gobierno— una intervención extranjera en asuntos internos. En el caso de la doctora Oviedo y Vado es por la supuesta violación a la Ley Especial de Ciberdelitos, con la cual el régimen castiga supuestas noticias falsas.
Comunicado de familiares
Los familiares de los presos políticos denunciaron las ilegalidades cometidas en los procesos judiciales. En un comunicado, divulgado este viernes, reiteraron la inocencia de sus familiares.
“Durante todo este tiempo—más de ocho meses en una mayoría de casos— a nuestros familiares se les ha mantenido en total indefensión y discriminación inhumana”, afirmaron.
Los parientes de presos políticos señalaron que se les han violentado y obstaculizado su derecho a la defensa, celebrándose audiencias secretas sin presencias de abogados ni familiares, mientras se les ha impedido reunirse con sus abogados y tener acceso a sus expedientes completos del proceso.
“En este momento tan importante de la historia nacional, donde toda Nicaragua está ahogada de dolor y luto, la libertad de todas las personas presas políticas es indispensable para construir un clima de justicia y paz”, añadieron, mientras recordaron su derecho a estar presentes en todas las audiencias, ya que los juicios penales son públicos.
