16 de agosto 2022
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha logrado captar más de 115 millones de dólares en convenios internacionales de “fondos verdes” desde 2021, aduciendo una supuesta política nacional a favor de la preservación del medioambiente, pero internamente, además de practicar agresivas campañas de deforestación y extracción minera, asigna menos del 1% del Presupuesto General de la República al Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (Marena).
Antes de 2018, la asignación presupuestaria del Marena superaba el 1% del PGR. Esto principalmente por las contrapartidas de donaciones internacionales, que se sumaban a los recursos provenientes del Tesoro Nacional. Las donaciones para el Marena empezaron a menguar a partir de ese año, debido al aislamiento del régimen y principalmente, por el poco interés hacia los temas ambientales.
Desde el punto de vista del activista ecologista Amaru Ruiz, los recortes de los recursos del Marena reflejan la pobre importancia que da el orteguismo al cuido y preservación ambiental en Nicaragua.
Ruiz es de los que mantiene como tesis que la verdadera política ambientalista del régimen está enfocado en firmar todo acuerdo internacional posible para obtener “fondos verdes”, cuya ejecución es investigada por denuncias de irregularidades y malos manejos.
“El interés del presupuesto para el Ministerio de los Recursos Naturales ha disminuido año con año. El Estado no prioriza el reforzamiento de las capacidades para el resguardo de las áreas protegidas y de todo lo relacionado a la materia ambiental”, señaló Ruiz.
“Esos son indicadores sustanciales para mostrar una actitud ambientalmente responsable real de cara al cumplimiento del marco ambiental del país y el cumplimiento de las normativas ambientales establecidas en los mismos convenios internacionales que el régimen firma”, agregó.
Los recortes del Marena
En 2018, el Presupuesto de Inversión Pública (PIP) del Marena fue de 70 millones de córdobas, de los cuales 51.4 millones correspondían a rentas del tesoro y 18.6 millones a donaciones externas. Según el informe de liquidación presupuestaria de ese año, se ejecutaron solamente 49.9 millones.
En 2019, el PIP de Marena sufrió una merma, al asignársele 60.4 millones de córdobas, de los cuales 49.9 millones provenían de rentas del Tesoro y 10.5 millones de donaciones externas. La ejecución ese año fue de 59.7 millones.
Para 2020, la asignación fue de 57.7 millones de córdobas, provenientes totalmente de las rentas del tesoro nacional, sin un solo centavo provenientes de donaciones externas.
En 2021, el PIP del Marena sufre otra reducción, al asignársele solamente 41.9 millones de córdobas, también provenientes totalmente de las rentas del Tesoro.
En 2022, el PIP asignado fue un poco mayor, alcanzando los 50 millones de córdobas. De acuerdo a los reportes de ejecución presupuestaria, hasta marzo de este año, solo se habían ejecutado 3.6 millones de córdobas de esta partida asignada.
Las pobres asignaciones presupuestarias al Marena contrastan con el entusiasta discurso del régimen en temas ambientales en foros como Naciones Unidas y el acuerdo de Escazú, escenarios donde el orteguismo ha firmado convenios, que de acuerdo a activistas, sólo buscan captar "fondos verdes".
El 12 noviembre de 2020, el régimen Ortega-Murillo logró firmar convenios de “fondos verdes” por 115 693 245 millones de dólares, financiados a través de dos préstamos, que comprenden el 49% del monto total, y tres donaciones, que suman el 51% restante. Sin embargo, la entrega de estos fondos depende del cumplimiento de las condiciones establecidas en el acuerdo
El régimen de Daniel Ortega tuvo que someterse a tres condiciones, que incluyen transparencia, fiscalización de fondos y participación de las comunidades indígenas y afrodescendientes, para lograr acceder a estos fondos establecidos en el proyecto titulado: “Bio-CLIMA: acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en Bosawás y la biosfera de Río San Juan en Nicaragua”, aprobado por el Fondo Verde del Clima y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
"Fondos verdes" de Nicaragua en revisión
Sin embargo, Nicaragua se encuentra actualmente en un proceso de revisión por parte del Mecanismo Independiente de Reparación y del Fondo Verde del Clima, debido a irregularidades en el manejo de los componentes de estos recursos conseguidos por medio de esta política de firma constante de acuerdos medioambientales internacionales.
Estas entidades realizan una “investigación de cumplimiento” del programa Bio-CLIMA, aprobado en 2020 para Nicaragua, luego de comprobar una queja recibida en junio de 2021, y concluir, tras un primer informe de evaluación de cumplimiento, que “hay evidencia prima facie (a primera vista) de impactos adversos causados o que pueden ser causados por el incumplimiento del proyecto con las políticas y procedimientos operativos”.
Mayor destrucción ambiental
El discurso ecologista del régimen contrasta con las acciones directas que ejecutan en contra del medioambiente de Nicaragua. Por ejemplo, Nicaragua es el país de Centroamérica que tiene la mayor cantidad de concesiones mineras en territorios indígenas y afrodescendientes, revela el boletín de monitoreo “Nicaragua y su oro perverso”, realizado por la Fundación del Río. Según el informe, hasta 2021 se han cuantificado 141 concesiones en estos territorios.
“El Estado ha declarado áreas de reservas mineras, sin ni siquiera consultarles, y en vez de garantizar sus derechos territoriales, se vuelve socio de trasnacionales que se instalan para saquear y despojar a las comunidades más empobrecidas”, señala el informe.
Reportes de este mismo organismo establecen que el promedio de deforestación anual desde la llegada al poder del régimen de Daniel Ortega es entre 160 000 y 180 000 hectáreas anuales en Nicaragua. Esto supera los datos registrados durante los Gobiernos liberales de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, cuyo promedio fue de entre 60 000 y 70 000 hectáreas anuales.
