13 de julio 2022
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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo canceló, entre este miércoles y jueves, la personería jurídica de 200 oenegés, con lo que superó el millar de organizaciones anuladas desde finales de 2018 hasta la fecha.
Este jueves 14 de julio, la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista, aprobó un decreto —introducido el martes 12 de julio— que eliminó 100 asociaciones y fundaciones. Estas oenegés ilegalizadas se sumaron al centenar de oenegés canceladas este miércoles, mediante otro decreto que fue presentado el pasado 6 de julio.
Con la aprobación de ambos decretos se elevó a 1070 el número de oenegés anuladas por la dictadura en los últimos tres años y medio. En lo que va de 2022, el régimen ha cerrado 996 organismos de la sociedad civil.
Ambos decretos fueron aprobados con 75 votos a favor y 16 abstenciones, idéntica votación de los últimos decretos de anulación. El diputado orteguista, Filiberto Rodríguez, ha defendido el cierre masivo de fundaciones, asociaciones y organismos, como parte de un “ordenamiento”, del que asegura el Ministerio de Gobernación (Migob) ha recopilado información suficiente para soportar que las OSFL clausuradas supuestamente incumplieron con las leyes que las regulan.
Bajo la misma línea, este jueves, el diputado orteguista Carlos Emilio López justificó la cruzada contra las oenegés como cumplimiento a las leyes del país. La clausura de las asociaciones se debe a que “violentan las leyes de Nicaragua, irrespetan el orden jurídico, han pretendido pisotear las normas jurídicas que regulan el funcionamiento del país y el funcionamiento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro”, expresó en el plenario.
La nueva barrida de oenegés ocurrió cinco días después que operadores del régimen se tomaron las instalaciones de siete organizaciones, cuyas personerías jurídicas fueron canceladas meses antes. Las propiedades confiscadas son de: ANIA, el CEPS de Ciudad Sandino, Puntos de Encuentro, La Corriente, Operación Sonrisa, Cantera y Centro Humboldt.
El pasado 17 de junio, la Policía Nacional ocupó también las sedes de la Asociación Infantil de Niños y Niñas Trabajadores “Tuktan Sirpi”, y la Asociación de Educación y Comunicación “La Cuculmeca”, en Jinotega, tras quince días de haber sido canceladas.
Especialistas en derecho habían advertido que, con la aprobación de urgencia de la Ley 1115 o Ley de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, Ortega legalizó los actos confiscatorios que realizaban de facto, aunque la Constitución Política lo prohíbe.
Las organizaciones canceladas no tienen derecho apelar la decisión del Parlamento y, en muchos casos, los exdirectivos han denunciado que el Migob estableció trabas para que cumplieran con todos los requisitos que mandatan las leyes, incluyendo la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, señalada por abogados de ser una norma inconstitucional.
El Migob acusa a las organizaciones ilegalizadas de incumplir tres leyes: la Ley 1115; la Ley 977, Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y la Ley 1040, de Regulación de Agentes Extranjeros.
Señalan a las asociaciones de incumplir con la presentación de estados financieros, “conforme a los períodos fiscales con desglose detallado de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones, (origen, proveniencia y beneficiario final)”; tampoco reportaron quiénes integran sus juntas directivas, las donaciones previas provenientes del exterior, documentos de identidad de sus proveedores de fondos, y no cumplieron con la inscripción como Agentes Extranjeros.
Impacto social
Más del 30% de las 1070 OSFL canceladas se enfocaban en diversas áreas del desarrollo, mientras que más del 15% ejecutaban proyectos sociales y atendían a comunidades desfavorecidas y grupos de riesgos. El cierre de la asociación de las Misioneras de la Caridad, fundada por Madre Teresa de Calcuta, fue uno de los actos que más indignación ha generado en el ámbito nacional e internacional por impedir la labor caritativa que desarrollaba la Orden.
Una 18 misionera fueron expulsadas de Nicaragua el 6 de julio pasado hacia Costa Rica. Ellas atendían una guardería, un hogar para niñas víctimas de abusos o abandonadas, un asilo de ancianos, y ejecutaban un proyecto de reforzamiento escolar, que cerraron el pasado 15 de junio.
El régimen ha clausurado oenegés ambientalistas, educativas, defensoras de los derechos de la niñez, mujer, adolescentes, derechos indígenas, la cultura, emprendimiento y de salud, sin importar el impacto que esto ha generado a sus beneficiarios.
Entre las oenegés canceladas este miércoles se encuentran: la Asociación de Periodistas Independientes de Matagalpa “La Nueva Era” (APIM), Fundación Benéfica de Tomatoya Odorico D’Andrea (FUNBETOD’A), Fundación para el Desarrollo Rural “Padre Francisco Luis Espinoza Pineda” (FUDER), Fundación de Desarrollo Comunitario Generando Oportunidades (F.U.D.C.O.M), Asociación Campos Verdes (A. C. V.), Asociación de Fundadores de Nueva Guinea (Asofun) y Fundación Mujer Integral (Mujer Integral). Aquí puede ver la lista completa.
En el decreto, a aprobarse el jueves, el régimen ilegalizará a las organizaciones Fundación Acahualinca, Fundación Amigos de la Universidad, Asociación de Exmineros del Atlántico Norte, Fundación Juan y Pina Wong, Fundación Nica-Amor a lo Nuestro (Funican), Asociación Solidaridad Aportando al Cambio (Asol) y otras. Aquí puede ver la lista completa.
