Política

Agresión a la OEA “no debe pasarse por alto”, advierte exasesor del organismo

Guillermo Belt, exasesor de la OEA, advierte que otros regímenes pueden imitar la violación gravísima de confiscar una sede diplomática

La toma manu militari de la sede en Managua de la Organización de Estados Americanos (OEA), ordenada el domingo 24 de abril por el régimen Ortega-Murillo, es una “violación gravísima de los principios del derecho internacional”, advirtió el exasesor del organismo, Guillermo Belt.

Según Belt, esta agresión “no debe pasarse por alto de ninguna manera, porque si se pasa por alto, (los países) serán cómplices de una violación gravísima, al derecho internacional y a uno de los pilares de las relaciones entre países y de los países con los organismos multinacionales”.

Belt brindó una entrevista en el programa Esta Noche, en la cual sostuvo que ni el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, ni el de Cuba en 1962—cuando fue suspendido del organismo—ordenaron asaltar la sede del mismo en Caracas y La Habana, respectivamente.

“Han sentado un precedente peligrosísimo (en Nicaragua), porque podrían imitarlo otros regímenes, pensando que el sagrado principio de inviolabilidad de la sede diplomática ha sido violado abiertamente y, si queda en la impunidad absoluta, es de una peligrosidad extrema”, afirmó Belt.

La entrevista se dio tan solo horas después de la sesión de urgencia del Consejo Permanente, en que el tema fue denunciado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El domingo 24 de abril, el canciller Denis Moncada Colindres dijo que la OEA es un “diabólico instrumento” minutos antes de la toma de la sede de la delegación y de anunciar la “expulsión” del organismo y el retiro de las cartas credenciales de los representantes del país, Orlando Tardencilla, Iván Lara y Michael Campbell.

En esa misma comparecencia, Moncada confirmó el interés de Nicaragua de salirse de la organización, una intención que ya había hecho pública el 19 de noviembre pasado cuando denunciaron la carta. El proceso técnico para llevarlo a cabo dura dos años, en los cuales el país renunciante está obligado a cumplir con sus obligaciones.

Feeley: Represalia injusta y violatoria a derecho

Para John Feeley, exembajador de Estados Unidos en Panamá, y un diplomático con una carrera de 28 años, la confiscación del inmueble donde operaba la delegación de la OEA es lamentable, pero no es “sorprendente”.

“En toda dictadura el derecho a propiedad privada es uno de los primeros derechos vulnerados cuando el régimen se siente amenazado.  Dada la clara y contundente expresión de rechazo del abuso de derechos humanos por parte del régimen Ortega Murillo, era de esperar una represalia injusta y violatoria del Estado de derecho, lo cual lamentablemente no existe en la Nicaragua de hoy”, sostuvo Feeley, a través de un correo electrónico.

Otro diplomático nicaragüense, bajo condición de anonimato, valoró como un mensaje de debilidad e ira las actuaciones de Ortega y Murillo, las cuales merecen la condena de las personas civilizadas.

Para este experto en derecho internacional, existen formas de presión como embargos, bloqueos y sanciones económicas que podrían ser tomadas como respuesta a la agresión de Ortega, tal como la comunidad internacional está reaccionando con Rusia tras la invasión de Ucrania, donde se han cometido delitos de lesa humanidad.

También Guillermo Belt dijo  que la medida para un Estado que incumple sus obligaciones es la aplicación de la Carta Interamericana, lo que parecería “políticamente inocuo” cuando el régimen dijo que se retiraba de la OEA.

Agregó que esperaría que Estados Unidos gire instrucciones a sus representantes, tanto en el Banco Interamericano de Desarrollo como en el Banco Mundial, para que no aprueben préstamos a la dictadura de Nicaragua.

Otra posibilidad podría ser que se dé el retiro de embajadores de Nicaragua, lo que no significa necesariamente el cierre de ninguna sede diplomática, dado que los países siempre quieren mantener una visión en el terreno de lo que está ocurriendo en Nicaragua.

Belt recordó varias de las agresiones recientes de Ortega a la comunidad internacional como la expulsión del Nuncio Apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag en marzo pasado, condenada por el Vaticano que la calificó como “grave e injustificada”.

PGR cumple con descaro capricho de Murillo

El martes 26 de abril, la número dos del régimen y esposa de Ortega, Rosario Murillo confirmó a los medios oficialistas que el bien inmueble, adonde operaba la OEA, sería declarado de utilidad pública y anunció que pasaría al Estado a través de la unidad ejecutora que en este caso era el Instituto Nicaragüense de Cultura, que tendría la responsabilidad de hacer un supuesto “museo de la infamia”.

Los detalles de la confiscación se conocieron al día siguiente, cuando la PGR publicó el acuerdo administrativo 10-2022, donde hace la declaratoria de utilidad pública del bien inmueble que tiene un área de 296.1 metros cuadrados.

Por su parte, Belt dijo que el mismo no era propiedad del organismo, sino de un matrimonio que alquilaba un piso en Managua.

En el documento, el mismo Estado reconoce que las propietarias son en realidad las hermanas Luz Marina y María Auxiliadora Navarrete Guevara, pero lo más sorprendente es el argumento oficial para justificar la confiscación. Aunque la Constitución de Nicaragua prohíbe expresamente las mismas, como anuncian la creación de un museo, la PGR argumenta citando el artículo 55 de la Carta Magna que “los nicaragüenses tienen derecho a la educación y la cultura”.

“Qué en aras de promover la cultura del respeto a nuestra soberanía, la educación sobre la historia reciente, respecto a hechos que han lesionado, los principales y elementales derechos humanos del pueblo nicaragüense, se creará el museo de la infamia, en la propiedad donde funcionaba la sede de la OEA en nuestro país; por lo cual se requiere declarar de utilidad pública este bien inmueble, situado en el departamento de Managua”, señala el acuerdo administrativo publicado en la gaceta diario oficial número 76.

El artículo 44 de la Constitución de Nicaragua prohíbe la confiscación de bienes. Incluso, advierte que los funcionarios que infrinjan esta disposición, “responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.

El acuerdo administrativo de la PGR explica el argumento del Estado para la confiscación.

Belt agregó que para “ejercer el indiscutible derecho de los nicaragüenses a la educación y cultura no parece necesario confiscar una propiedad privada. Reitero que esta medida no es la confiscación de la OEA, puesto que la Organización no era, ni fue dueña, del inmueble”.

La dictadura nicaragüense ha arreciado sus críticas a la OEA y a la comunidad internacional, tras la demanda de la liberación de los presos políticos, el cuestionamiento a la represión impuesta contra la ciudadanía del país a partir de las protestas de 2018 y luego también de la declaratoria de ilegitimidad de las votaciones presidenciales del año pasado.

En esas votaciones generales, Ortega y Murillo se reeligieron sin competencia electoral tras apresar a siete precandidatos presidenciales, y en total a más de 40 líderes políticos, sociales y económicos desde finales de mayo de 2021, con los cuales sembró el miedo en la ciudadanía.


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