Política

Asalto de Daniel Ortega a la OEA tendrá “costo económico” para Nicaragua

Excanciller de Guatemala y exembajador boliviano ante la OEA lamentan “agravio” de Ortega con la confiscación de la sede del organismo en Managua

La agresión del régimen de Daniel Ortega contra la Organización de Estados Americanos (OEA) es calificada como “un agravio al continente” que tendría consecuencias económicas para Nicaragua, coinciden exdiplomáticos y académicos centroamericanos consultados por CONFIDENCIAL.

El domingo 24 de abril, la dictadura de Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo ordenaron la toma violenta de las oficinas donde operaba el organismo en Managua y posteriormente lo confiscaron bajo el argumento de que construirían ahí un “museo de la infamia”.

El excanciller de Guatemala, Edgar Gutiérrez (2002-2004), advierte que se puede generar un efecto en cadena en el sistema interamericano de derechos humanos y en organismos regionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que aún es una de las fuentes de cooperación externa de Nicaragua.

Para el excanciller guatemalteco, Ortega va acrecentando sus desafíos al sistema interamericano y multilateral, y “se va acercando poco a poco a que le apliquen sanciones de carácter comercial”, una acción que, para una economía tan dependiente como Nicaragua, “golpearía la salud financiera”, lamentó.

Según el informe anual del Banco Central de Nicaragua, los desembolsos de préstamos externos sumaron 1 162 millones de dólares, de los cuales 96.9 % provino de multilaterales y 3.1 % de acreedores bilaterales.

De los 1 162 millones de dólares, 413.1 millones fueron aportados por el Banco Centroamericano de Integración Económica, 353.5 millones por el Fondo Monetario Internacional, 199.5 millones del Banco Mundial y otros multilaterales–no lo especifica en el informe anual– y 195.7 millones del BID.

De acuerdo con Gutiérrez, la toma de la sede de la OEA acelera el proceso de salida de Nicaragua del organismo, que ya había anunciado su renuncia en 2021, pero concluiría el proceso hasta 2023. Sin embargo, según han explicado expertos,  eso no significa que Nicaragua ya no está obligada a cumplir con sus obligaciones internacionales.

Asimismo, advirtió que “en el hemisferio, si Nicaragua tenía algunos votos neutrales, puede perderlos. Por lo menos en las Américas”.

El diplomático insistió en que es una violación a los principios del derecho internacional, referido específicamente a la soberanía que tienen las sedes diplomáticas, sean estas de carácter bilateral o multilateral.

Agregó que la Administración de Joe Biden, en Estados Unidos, es reacia a aplicar sanciones económicas al régimen y por eso todavía no ha tenido un mayor impacto la Ley Renacer, aprobada en noviembre pasado para elevar la presión contra Ortega, incluyendo la posibilidad de revisar la participación de Nicaragua en el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

Para el excanciller guatemalteco, Ortega va acrecentando sus desafíos. En medio de las tensiones crecientes provocadas por la retórica de Ortega, EE. UU. le recordó recientemente al régimen que es su principal socio comercial y también el mayor inversor extranjero con un aporte a la economía nicaragüense —en este último rubro— de 444 millones de dólares en 2021.

Exembajador boliviano cuestiona a “Estado delincuencial”

Jaime Aparicio, exembajador boliviano en la OEA, calificó al régimen de Ortega como un “Estado delincuencial”. Coincidió en que el BID, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional “deberían tomar medidas inmediatas en defensa del derecho internacional”.

“El Consejo de Seguridad (de Naciones Unidas) está paralizado por el derecho de veto de Rusia que, en este momento, es un aliado de Nicaragua, pero en el sistema financiero internacional se debe proceder por esta (lesión) grave al derecho internacional”, opinó Aparicio.

El boliviano lamentó que hay mucho discurso en la OEA, pero no hubo los votos necesarios para expulsar a Nicaragua en su momento, por lo que ahora espera que haya un mayor consenso para que una gran cantidad de países tomen acciones directas contra el régimen, las cuales pueden expresarse a través de reclamos de sedes diplomáticas o el retiro de embajadores.

“Algún Estado podría demandar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, porque esto es una violación a los derechos de todos los países”, alentó el exembajador.

Para él, Ortega y Murillo perdieron el sentido de la realidad. La lógica del poder los ciega. Esto explica su reacción violenta contra la OEA, la que Aparicio se explica en que las sanciones no han sido efectivas contra la dictadura; que no les pudieron aplicar la Carta Democrática y tampoco serán invitados a la Cumbre de las Américas.

El experto en relaciones internacionales, Carlos Murillo Zamora, de la Universidad de Costa Rica, afirma que al régimen de Nicaragua no le importan los derechos humanos, ni las relaciones diplomáticas ni el derecho internacional.

“Están dispuestos a violar cualquier norma del derecho internacional con tal de decir que en Nicaragua se hace lo que la pareja presidencial dice. Ni siquiera en los momentos críticos de la dictadura de Somoza, ni en los más críticos de otras dictaduras militares en América del Sur, y Centroamérica, se ha llegado a los extremos que se están viendo”, afirmó Murillo.

Paranoia en el poder y el irrespeto total

El académico indicó que hay una situación de paranoia en el poder nicaragüense y lo que se ve es un total irrespeto a la diplomacia, lo que constituye una situación grave que lamentablemente no le ve fin por el momento.

Murillo explicó que los principios elementales irrespetados por Ortega están en la Carta Democrática de la OEA, la Carta de Naciones Unidas y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, lo que viene a ratificar la condición de “paria” del Estado de Nicaragua.

Dijo que, si ahora lo hicieron con este organismo internacional, refiriéndose a la OEA, mañana lo pueden hacer con cualquier otro. Por ejemplo, “tomar las instalaciones del Banco Centroamericano de Integración Económica u oficinas del BID, o cualquier representación diplomática”.

El asalto de Ortega a la OEA

El canciller nicaragüense, Denis Moncada Colindres, criticó el domingo de la toma de la sede de la OEA al organismo por ser un “diabólico instrumento”. Lo llamó colonialista. En reiteradas ocasiones, el ente regional ha demandado la liberación de los presos políticos, el retorno a la democracia y el respeto de los derechos humanos.

Además del asalto a las oficinas de la OEA, la Procuraduría General de la República informó posteriormente sobre la declaratoria de utilidad pública del inmueble donde estaban las oficinas de la OEA. Era propiedad de las hermanas Luz Marina y María Auxiliadora Navarrete Guevara.

Aunque la Constitución prohíbe las confiscaciones, el régimen justificó la misma diciendo que harían un museo con el objetivo de “promover la cultura del respeto a nuestra soberanía, la educación sobre la historia reciente, respecto a hechos que han lesionado, los principales y elementales derechos humanos del pueblo nicaragüense”.


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