Política

Condenan a Daniel Ortega en EE. UU. por “represión de la libertad religiosa”

Ryan Berg pide sanciones internacionales contra el IPSM del Ejército; Manuel Orozco: “Es un Estado canalla”.

Cuatro testigos denunciaron este martes 15 de noviembre la represión sistemática de la dictadura de Daniel Ortega contra la Iglesia católica en una sesión virtual de la comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF), en que urgieron mayor presión a las autoridades estadounidenses contra el régimen.

El politólogo nicaragüense Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento de Washington D.C. especializado en América Latina, describió al régimen de Ortega como un “Estado canalla” en que se impone el miedo, la violencia y el clientelismo.

Ryan Berg, director del Programa de las Américas del Centro para Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), otro organismo que ha dado seguimiento a la grave crisis de derechos humanos en el país, demandó sanciones internacionales contra el Ejército de Nicaragua por su complicidad con la represión y la dictadura.

Irela Guevara, supervisora de la implementación de los programas del Gobierno de Estados Unidos en El Salvador y Nicaragua, se sumó a la audiencia en que se escuchó también a Christopher S. Ljungquist, asesor para América Latina de la Conferencia de los obispos católicos estadounidenses.

“Nicaragua se ha convertido en el Estado totalitario que Daniel Ortega quiso imponer en la década de 1980 y no pudo.  Ahora, desde 2018 y 2022, el régimen ha logrado el control efectivo de la vida de sus ciudadanos, su futuro. Su poder dinástico utiliza el miedo, la violencia, el odio y el clientelismo para gobernar. Esta no es la primera vez que persigue a las autoridades religiosas y a las personas de creencias religiosas”, relató Orozco.

El politólogo describe un proceso involutivo: se eliminaron los controles y equilibrios institucionales entre 2014 y 2016 en Nicaragua, a través del fraude electoral y la eliminación gradual de los opositores, luego vino la represión en 2018 que causó la muerte de ciudadanos inocentes y el encarcelamiento de otros. En 2019, se crearon nuevos impuestos a las empresas, se penalizó el compromiso cívico y en 2020 se aprobó un marco jurídico empleado para el encarcelamiento de 50 líderes prominentes en los meses previos a las votaciones presidenciales de 2021, en las cuales Ortega y su esposa Rosario Murillo se reeligieron sin legitimidad.

“Durante 2022, el régimen utilizó la ley para acabar con el pluralismo, expulsando a más de 300 000 nicaragüenses este año, y extendiendo la persecución política contra autoridades religiosas, feligreses, reteniendo pasaportes de familiares de presos y otros ciudadanos, y completando el control territorial de su partido en todo el país”, añadió Orozco.

La escalada represiva contra la Iglesia católica ha dejado 11 religiosos encarcelados en Nicaragua desde junio pasado. Dos de esos sacerdotes fueron condenados por delitos comunes—víctimas de procesos judiciales sin garantías—, ocho son procesados por conspiración y propagación de noticias falsas, mientras el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, un defensor de los derechos humanos de los nicaragüenses, se encuentra recluido en casa de sus padres en Managua por la Policía desde agosto. Orozco observa una radicalización, y una forma de “talibanizar” a Nicaragua, lo que incluye continuar los juicios políticos contra la sociedad civil y el sector privado.

Los datos presentados por Orozco muestran a una Policía—el órgano represivo bajo las órdenes de Ortega— como un aparato integrado por 20 000 personas en un país de 1.6 millones de hogares, lo que quiere decir que hay un policía por cada 100 hogares, “tantos policías como hay en Honduras, un país un 30% más poblado y con 9 homicidios diarios”.

Orozco demandó que se aumenten las sanciones contra todos aquellos que faciliten la represión y la corrupción, así como asegurar que las instituciones financieras internacionales rindan cuentas sobre los préstamos que otorgan a Nicaragua, continuar la presión multilateral y cabildear para la implementación de la ley Renacer, un instrumento con el que está en deuda la Administración Biden.

Ryan Berg: “Sanciones al IPSM”

Ryan Berg pidió sanciones para el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM), el brazo financiero del Ejército de Nicaragua, uno de los soportes del régimen de Ortega.

Agregó en su intervención que la dictadura ha encontrado en esta nueva fase de represión “nuevas profundidades de depravación”, arrestando a casi una docena de sacerdotes, además de cerrar medios de comunicación de la Iglesia, lo que debe encontrar una respuesta firme de la comunidad internacional.

“En pocas palabras, los eventos dramáticos significan que el momento de las sanciones individuales ha terminado.  Los Estados Unidos debería sancionar al Ejército de Nicaragua bajo la misma lógica utilizada para sancionar a la Policía Nacional. El Ejército ha estado involucrado en algunos de los abusos contra los derechos humanos del país y está acusado de armar a grupos paramilitares.  Los Estados Unidos también deben apuntar al Ejército de Nicaragua”, sostuvo Berg.

También mencionó la necesidad de cortar las fuentes de financiamiento del régimen. Recordó que la legislación estadounidense ordena que los representantes de ese país en las instituciones financieras pueden votar en contra de los préstamos. En el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el máximo financista de Ortega, lo ideal debería ser que Estados Unidos solicite a sus socios Taiwán, Corea del Sur y la Unión Europea que hagan cumplir la cláusula democrática en los empréstitos, según Berg.

Insistió, por otro lado, en animar al Papa Francisco a hablar más fuerte en el contexto de la persecución contra los religiosos.

“Estados Unidos debe presionar indirectamente por la liberación de los presos políticos en Nicaragua. Debe insistir en que Nicaragua permita las visitas familiares a los presos, demuestre señales de vida para los desaparecidos, obligue a Nicaragua a permitir que las oenegés y los defensores de derechos humanos visiten las cárceles, y presione por mejores condiciones y representación legal”, sugirió.

Además de los procesos judiciales fabricados contra los sacerdotes, la dictadura expulsó en marzo pasado al nuncio apostólico Monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, a 18 monjas de la orden de las hermanas de la Orden de la Caridad, en julio y ha mantenido un discurso de odio contra los religiosos, a quienes llama “golpistas” desde 2018.

El 29 de septiembre pasado, Ortega calificó como una “dictadura perfecta” a la Iglesia católica y deslizó una acusación falsa contra los religiosos que denunciaron la represión del Estado en 2018.

“Salían de las iglesias armados para lanzar ataques contra cuarteles de Policía. Y algunos curas, obispos, llamando a la gente a que me metieran plomo, qué esperaban para matarme, fíjense qué clases de obispos y curas, lo decían tranquilamente. Una banda de asesinos, encubierta con la Iglesia católica”, afirmó Ortega sin ofrecer una prueba.

A finales de octubre pasado, el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, viajó a Roma, para reunirse con el sumo pontífice. Habló de mantener un diálogo con Ortega, pero sus críticos no entienden a qué se refiere, dado el incremento de la represión estatal.

Por su parte, Irela Guevara recordó en su intervención también a los religiosos que se han tenido que quedar en el exterior, igual que el caso del nuncio apostólico, el cierre de ocho emisoras, mientras describió un “ataque sistemático” que incluye el “monitoreo” a las parroquias y fieles realizado por la Policía.


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