23 de agosto 2022
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El pasado 19 de julio, en el 43 aniversario de la Revolución Popular Sandinista, en Managua, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, le prometió al dictador nicaragüense Daniel Ortega que brindaría su “apoyo inequívoco al Frente Sandinista y a la revolución”. Menos de un mes después, el jefe de Estado sanvicentino cumplió su palabra: su Gobierno fue el único que votó en contra de una resolución de la OEA contra las violaciones de derechos humanos en el país centroamericano.
La resolución de la Organización de Estados Americanos, aprobada el pasado 12 de agosto, condenó “enérgicamente” el cierre forzoso de oenegés y el hostigamiento contra la Iglesia católica, y demandó la liberación de los presos políticos. El documento tuvo 27 votos a favor; solo uno en contra; cuatro abstenciones —México, Bolivia, El Salvador y Honduras—; y dos países ausentes: Colombia y Nicaragua.
Desde mediados de 2018 hasta la fecha, la OEA ha aprobado 14 resoluciones sobre la situación en Nicaragua. Las votaciones se han dado en las dos principales instancias del organismo regional: la Asamblea General de Cancilleres (cuatro) y el Consejo Permanente (diez).
La primera resolución se discutió en una Asamblea General del organismo, el 5 de junio de 2018, y ha sido la única que no requirió votación, ya que se presentó por “consenso”. En ella se condenó la violencia en general, pero no hubo una referencia directa hacia la responsabilidad de la Policía Nacional por el asesinato del centenar de ciudadanos que se contabilizaba hasta ese momento.
La OEA como conjunto se pronunció sobre la masacre orteguista hasta mediados de julio de ese año, cuando los asesinatos ya superaban los 300. El Consejo Permanente emitió el 18 de ese mes la primera de nueve resoluciones condenando la represión y abusos cometidos por la Policía y los paramilitares del régimen.
Esa resolución obtuvo 21 votos a favor; tres en contra —Nicaragua, Venezuela y San Vicente y las Granadinas—; siete abstenciones —El Salvador, Grenada, Haití, Surinam, Trinidad y Tobago, Barbados, Belice—, y tres ausentes: Dominica, Bolivia y San Cristóbal y Nieves.
El apoyo fiel del “tío Ralph”
Desde esa votación, San Vicente y las Granadinas ha sido el único país que ha mantenido su apoyo invariable hacia la dictadura orteguista: con nueve votaciones en contra de las resoluciones de la OEA y cuatro abstenciones.
“Vengo de un pequeño país de nuestro hemisferio, pero este pequeño país cree y se suscribe a grandes principios: la defensa de la soberanía y la independencia; no interferencias y no intervencionismos en nuestros propios asuntos; de poder conducirnos nosotros mismos”, dijo en julio pasado Gonsalves, apodado como “el tío Ralph” por la vicepresidenta, esposa de Ortega y vocera del régimen, Rosario Murillo.
En el acto, Gonsalves —que por dos décadas ha gobernado ininterrumpidamente la pequeña nación caribeña— recibió la orden “Augusto Sandino” en su máximo grado, “Batalla de San Jacinto”. Además, fue el único jefe de Estado que acompañó a Ortega en la celebración, que por tercer año consecutivo no fue abierta a los simpatizantes del Frente Sandinista.
La postura sanvicentina es única en la Comunidad del Caribe (Caricom), donde más países han abandonado la posición neutral de abstenerse o ausentarse de las votaciones, en la OEA, contra el régimen de Ortega y Murillo.
Desde 2018 hasta mediados de 2021, la diplomacia de la dictadura poseía siete o nueve países caribeños que votaban en contra de las resoluciones o se mantenían al margen. Sin embargo, esto cambió en junio de 2021: doce Gobiernos, de los catorce países del Caricom, apoyaron una resolución del Consejo Permanente.
Cinco naciones caribeñas —Barbados, Grenada, San Cristóbal y Nieves, Surinam y Trinidad y Tobago— que nunca habían votado a favor de una resolución, lo hicieron por primera vez.
El texto, que condenó el arresto de opositores y exigió su liberación “inmediata”, obtuvo 26 votos a favor; cinco abstenciones: México, Argentina, Belice, Dominica, y Honduras; y tres votos en contra: Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas.
Crece rechazo en el Caribe
En un artículo de opinión, publicado en esas fechas, Ronald Sanders, embajador permanente de Antigua y Barbuda en la OEA, explicó que los países del Caricom “optaron por enviar una clara señal al presidente Ortega que quieren que actúe democráticamente”.
El diplomático resaltó que “no llegaron a esa posición común sin darle al Gobierno del presidente Ortega todas las oportunidades para remediar las condiciones en Nicaragua”.
A partir de junio de 2021, los países caribeños que se abstuvieron, ausentaron o votaron en contra de las resoluciones no pasaron de cuatro.
Para Arturo McFields Yescas, exembajador nicaragüense en la OEA, la salida del vicecanciller Valdrack Jaentschke, en febrero de 2021, golpeó la relación del régimen con el Caribe. “Ortega tenía los votos caribeños porque Valdrack había hecho un buen trabajo en el Caribe”.
Jaentschke fue destronado de su poder en la Cancillería nicaragüense después de 14 años como viceministro de Exteriores y de ocupar, de manera simultánea, 15 cargos en el escalafón diplomático. Su salida fue una decisión de Murillo.
Otra razón del cambio caribeño, según McFields, es que la “radicalización” de Ortega despierta mayor “desdén” entre los países del Caricom.
En su artículo, Sanders subrayó que Ortega no les dejó “otra opción” a los países caribeños, al observar “la reciente oleada de detenciones arbitrarias, las golpizas en prisión, la negación de acceso a medicamentos y representación legal, y el nulo esfuerzo por cambiar estas condiciones; incluido ningún intento de implementar la reforma electoral tan necesaria”.
Votos para la Carta Democrática
Entre 2018 y 2020, las votaciones sobre Nicaragua alcanzaban, en promedio, los 20 votos a favor. Sin embargo, este panorama cambió a partir de la sesión de junio de 2021, cuando por primera vez un texto obtuvo un amplio apoyo.
Las últimas resoluciones contra el régimen han superado holgadamente los 24 votos, el requisito indispensable para aplicar el artículo 20 o 21 de la Carta Democrática Interamericana de la OEA, que supone la suspensión del país en cuestión. Aunque no se avizora su aplicación.
Una fuente en Washington, que solicitó omitir su nombre, indicó que “siempre es posible” la aplicación de la Carta Democrática, pero que, por lo pronto, la OEA no lo contempla.
“Probablemente se requiera ver más avances en la organización y estrategia de la oposición (en Nicaragua), para que no quede en un gesto inconsecuente, sobre todo tras la decisión de Nicaragua de retirarse como Estado miembro, y dada la trayectoria de rechazo hacia la OEA por parte de Ortega”, detalló.
“Después de todo —prosiguió—, la OEA no es un gobierno supranacional, sino un organismo intergubernamental cuyas potestades se limitan a las acordadas entre sus Estados miembros, que son soberanos”.
McFields opinó que “no hay que confundir una votación de 27 votos condenando a Ortega, con una votación que signifique aplicar la Carta a Ortega. Esas cifras no siempre concuerdan, podés tener 27 votos para una cosa y solo 16 o 17 para aplicar la Carta”.
Expresó que, a pesar del “rechazo que sienten en el Caribe por Ortega”, no todos los países del Caricom apoyan la aplicación de los artículos 20 y 21, “porque consideran esto una posición un tanto injerencista, un tanto radical”.
Bolivia, el único del sur
El escenario en el sur de América tampoco es halagador para el orteguismo. Solo disfruta del apoyo de Bolivia: primero con Evo Morales y ahora con Luis Arce. Durante la Administración de Jeanine Áñez, en 2020, fue la única ocasión en que este país andino votó a favor de una resolución contra la dictadura de Ortega y Murillo, los demás votos han sido en contra, abstenciones o ausencias.
En 2020 y 2021, el orteguismo gozó de la neutralidad del Gobierno argentino, encabezado desde diciembre de 2019 por Alberto Fernández, quien junto a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, formaron una breve alianza en torno al tema nicaragüense.
La mancuerna se oficializó en junio de 2021, cuando ambos países se abstuvieron de aprobar una resolución del Consejo Permanente. Tras la votación, el embajador argentino en la OEA, Carlos Raimundi, leyó un comunicado conjunto entre Argentina y México en el que señaló que “no estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia”.
Previo a que López Obrador asumiera el Gobierno, en diciembre de 2018, México siempre estuvo a favor de las resoluciones en contra de Ortega. Sin embargo, a partir de octubre de 2019, sus votos se cuentan por abstenciones, con excepción de una resolución de mayo pasado, que condenó la ocupación ‘manu militari’ de las oficinas de la OEA en Managua, ocurrida el pasado 24 de abril, y exigió al Estado de Nicaragua la devolución de la misma.
Argentina también apoyó esa resolución y votó a favor el pasado 12 de agosto. Las diferencias entre El Carmen —donde despacha Ortega— y La Casa Rosada —sede del Gobierno argentino— fueron profundizadas por el dictador nicaragüense, quien en un acto del 42 aniversario de la Fuerza Naval de Nicaragua, este 15 de agosto, dijo que Fernández “está haciendo un papel más vergonzoso, más triste, más degradante que el que hace” el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, “que abiertamente es instrumento de los gringos”.
Ortega acusó a Fernández de “traicionar” los principios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que preside el argentino, de quien, según dijo, se ha convertido “en un instrumento del imperio yanqui”.
La toxicidad del régimen orteguista ya impregnó, además, al recién estrenado Gobierno del izquierdista Gustavo Petro, en Colombia. La delegación colombiana se ausentó de la última sesión del Consejo Permanente, lo que se tradujo en una serie de críticas y provocó que el Senado aprobará el primer control político para un alto funcionario: el canciller Álvaro Leyva deberá explicar el porqué de la ausencia.
Un experto en relaciones internacionales, que solicitó omitir su nombre, explicó que “una ausencia, rara vez, es justificada, dado que incluso en casos de transición gubernamental siempre hay diplomáticos de carrera facultados para representar al Estado miembro”.
“Se puede interpretar como rechazo a la agenda de la sesión y al contenido de la resolución, sin la cortesía protocolaria del voto”, añadió.
Luis Ernesto Vargas fue designado el pasado 8 de julio como nuevo embajador de Colombia ante la OEA, en reemplazo de Alejandro Ordóñez, quien dejó la organización el pasado 3 de agosto. El nuevo representante se defendió con el argumento que “aún no han sido nombrados oficialmente para asumir el cargo en la OEA”.
La “trinchera” centroamericana
Con ínfimos apoyos en el Caribe y Suramérica, el régimen de Ortega y Murillo ha encontrado valiosos aliados en sus vecinos de Centroamérica: Honduras se ha abstenido en todas las votaciones desde 2020 hasta la fecha; mientras que El Salvador ha sorprendido con dos abstenciones consecutivas, pese a que el presidente Nayib Bukele ha criticado públicamente a Ortega.
En una reciente entrevista con CONFIDENCIAL y Esta Semana, la expresidenta costarricense, Laura Chinchilla, comentó que “mientras Daniel Ortega más se aísla del mundo, más se atrinchera en Centroamérica”; y destacó como ejemplo la elección de Werner Vargas —el candidato del régimen— como secretario general del Sistema de Integración de Centroamérica (SICA).
Un analista en relaciones internacionales, que pidió omitir su nombre, señaló que en el caso hondureño, con la Presidencia de Juan Orlando Hernández —extraditado a Estados Unidos por supuesto narcotráfico—, existía un “pacto” de “no agresión” y hasta “cierta complacencia de ambas partes”. Ahora, con el Gobierno de Xiomara Castro, además de la “afinidad” ideológica, existe una relación de amistad entre Ortega y el esposo de la presidenta, el exmandatario Manuel Zelaya.
“Llama mucho la atención la abstención de El Salvador. Es posible que se deba a factores internos que ponen al país en la mira de la OEA. Si en realidad quisiera apoyar a Ortega, hubiera votado en contra de la resolución. La ambigüedad de su abstención deja dudas”, comentó el analista.
Napoleón Campos, experto salvadoreño en temas internacionales e integración regional, señaló que, para Bukele, “condenar” a Ortega en los foros internacionales “equivale a condenarse a sí mismo”, ya que desde febrero de 2020 —con la toma militar del Congreso—, El Salvador sufre un “desmantelamiento democrático, constitucional e institucional”.
Recordó que, en abril de 2019, Bukele publicó un tuit donde se preguntaba “¿cuál es la diferencia entre (Juan Orlando) Hernández y Ortega? Uno se dice de derecha, el otro de izquierda. Pero la realidad es que ambos están en el poder a la fuerza, a costa de muchos muertos y sin legitimidad democrática”.
“La lucha de nuestros pueblos hermanos es también la nuestra”, agregó Bukele.
Basado en sus últimos votos en la OEA, el presidente “cool” de El Salvador olvidó cuál era la lucha, o simplemente comparte la misma lucha del primer ministro sanvicentino. “La lucha ha sido por la independencia, por la soberanía nacional, por la libertad y dignidad de nuestros pueblos, de poder vivir nuestra propia vida acorde a nuestras propias reglas”, aseguró Gonsalves en el acto del 19 de julio; celebración que finalizó bailando con Murillo, mientras Ortega les aplaudía.
