15 de septiembre 2022
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La construcción del Canal Interoceánico “en algún momento será una realidad en Nicaragua”, afirmó el dictador Daniel Ortega, en un corto discurso que ofreció este 14 de septiembre, en el acto oficial de conmemoración de los 166 años de la Batalla de San Jacinto. Sin embargo, guardó silencio sobre las condenas internacionales que recibió en la última semana por las constantes violaciones a derechos humanos que ha cometido contra los nicaragüenses desde 2018.
“El canal interoceánico en algún momento será una realidad aquí en Nicaragua ¿por qué? porque es cierto que hay un canal por Panamá, que ha sido ampliado, pero la demanda del tráfico internacional es tan grande que se hace necesario el canal por Nicaragua”, dijo Ortega.
Además, defendió el proyecto asegurando que este será “para los pueblos, para la paz, para el mayor desarrollo de la economía de nuestro país y para que todos nuestros hermanos que nos están viendo, en las ciudades, en el campo, en las comarcas, en las comunidades, podamos continuar en paz, garantizando primero la vida de los nicaragüenses, la salud de los nicaragüenses, desde los mayores hasta los niños, garantizando la educación para todas las familias nicaragüenses”.
Un proyecto fallido: Nueve años y no se ha construido
El proyecto del Canal Interoceánico del que habló Ortega fue aprobado en julio de 2012 por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, que dio paso a la “Ley del Régimen Jurídico del Gran Canal Acuático Interoceánico de Nicaragua y de Creación de la Institución Rector, Autoridad del Gran Canal de Nicaragua” y, un año después, a la concesión de construcción y administración del proyecto al inversionista chino Wang Jing por un período de cien años.
El proyecto ya cumplió nueve años desde que, en 2013, fue anunciado oficialmente, pero no se conoce ningún avance en su construcción. En reportes periodísticos expertos han criticado al proyecto, señalándolo de “fallido” y reprochando la falta de aplicación de una cláusula del “Acuerdo Marco del Canal”, que indica que si los subproyectos no están construidos en un lapso de seis años, contando desde que fue oficializada la obra, el Gobierno podría invocar la cancelación del proyecto.
En noviembre de 2021, según un reporte de CONFIDENCIAL, el empresario chino Wang Jing, después de haber sido expulsado de la Bolsa de Valores de Shanghái, salió de las sombras para felicitar a Ortega y su esposa, Rosario Murillo, por su cuestionada reelección en la presidencia de Nicaragua.
En ese mismo mes también envió una carta pública dirigida a Ortega, en la que aseguró que la compañía Hong Kong Nicaragua Canal Development Investment Co.; Ltd., también conocida como HKND Group, y él, todavía tienen “fe en el proyecto del gran canal” de Nicaragua.
“El Grupo HKND y yo creemos firmemente que bajo el liderazgo del presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y el compañero Laureano Ortega, el pueblo nicaragüense continuará promoviendo el progreso social y el desarrollo económico de Nicaragua superando todas las dificultades en el camino. El gran pueblo nicaragüense y el gran pueblo chino profundizarán el restablecimiento de la fraterna amistad histórica entre ambos y Nicaragua seguramente se convertirá en un pívot indispensable a lo largo de la franja y la ruta”, escribió el empresario chino.
Reportes de CONFIDENCIAL han documentado que la aprobación de la ley canalera, con su amenaza de expropiar toda propiedad que fuera necesaria, incluso si estaba fuera del área entregada en concesión, generó una ola de inconformidad que golpeó especialmente a los sectores campesinos, al comprobar que existía riesgo de desarraigo, al punto que organizaron alrededor de un centenar de marchas en contra de la iniciativa promovida por Ortega.
La insistencia del régimen de continuar con el proyecto ha propiciado en los últimos años, además de la pérdida miles de dólares que anualmente se asignan del Presupuesto de la República a la Autoridad del Gran Canal de Nicaragua, la persecución contra miles de campesinos, que ahora se encuentran exiliados, encarcelados o escondidos en Nicaragua.
Ortega calla ante condenas internacionales
En las tres horas que duró el acto en conmemoración de la Batalla de San Jacinto, Ortega solo se bajó en una ocasión de la tarima, en la que se protegió de la lluvia que cayó en Managua a eso de las 6:00 p. m. Acompañó por menos de diez minutos a los estudiantes de los diferentes colegios de la capital se presentaron con bandas rítmicas en la Avenida Bolívar.
El dictador Ortega, en su discurso de 13 minutos, se dedicó mayormente a recordar hechos históricos y evitó referirse a la realidad del país y sobre todo a las recientes condenas internacionales que recibió su Gobierno en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
El Parlamento Europeo (PE), este 15 de septiembre, aprobará una resolución sobre la situación de Nicaragua, “en particular la detención del obispo Rolando Álvarez”, en las que —entre otras cosas— exigirán la liberación inmediata del líder religioso y todos los presos políticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La resolución final del Parlamento Europeo se espera que también sea “un mensaje de apoyo a los ciudadanos de Nicaragua y a la Iglesia católica que está a su lado”.
Los eurodiputados, en sus intervenciones durante el debate, también demandaron que —ante los constantes abusos del régimen Ortega-Murillo— se apliquen más sanciones al régimen Ortega-Murillo. Algunos, inclusive, mencionaron la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (ADA) entre la Unión Europea (UE) y Centroamérica, lo cual provocaría la expulsión de Nicaragua de este tratado de libre comercio.
El 13 de septiembre, un grupo de 45 países de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciaron, a través de una carta conjunta, ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo, que en Nicaragua el régimen Ortega-Murillo “ha seguido reprimiendo los derechos” y “libertades” de los nicaragüenses.
“Nicaragua ha seguido reprimiendo los derechos a las libertades de reunión pacífica y asociación, y de religión; solo este año ha cancelado la personalidad jurídica de 1112 organizaciones de derechos humanos, desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas las asociaciones médicas, entre otras. Doce universidades también han visto cancelada su personalidad jurídica, impactando el derecho a la educación. También empeoró el disfrute de la libertad de opinión y expresión, con más periodistas obligados a exiliarse, y por el reciente cierre de doce medios de radio y televisión de la Iglesia católica, especialmente en Matagalpa”; señala parte de la misiva expuesta por la delegación de Ecuador a nombre de los 45 países.
Además, exhortaron a las autoridades nicaragüenses a “colaborar abiertamente con los mecanismos de derechos humanos, restablecer el espacio cívico, liberar a todos los presos políticos, garantizar la independencia judicial, poner fin las detenciones por motivos políticos y la represión de los medios de comunicación independientes, así como de las minorías, cooperar con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU e implementar sus recomendaciones”.
La denuncia del grupo de países ocurrió luego que la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU (Oacnudh) denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo que “la situación de derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado progresivamente desde 2018, sin que el Gobierno haya mostrado voluntad política de afrontar la crisis mediante el diálogo y la implementación de recomendaciones formuladas por mecanismos de derechos humanos”.
