14 de enero 2023
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Las votaciones municipales de 2022 que terminaron con el régimen de Daniel Ortega controlando el 100% de las alcaldías—153 en todo el país— convirtieron a Nicaragua “efectivamente en un Estado de partido único”, sostiene el informe más reciente la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist (EIU).
La prestigiosa publicación recalcó la eliminación de los candidatos de la oposición, realizada antes del sufragio local de noviembre pasado, lo que destaca el “estricto control que ejercerá el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sobre el sistema político en los próximos años”, agregó.
El diez de enero pasado, el Consejo Supremo Electoral (CSE) juramentó a los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios del país en un acto presidido por la magistrada sandinista Brenda Rocha, presidenta del tribunal.
Así las autoridades pusieron fin al asalto al poder local del FSLN en Nicaragua, marcado por una serie de abusos y la coacción a los ciudadanos para que participaran en una jornada considerada una farsa electoral por organismos independientes.
Desde que Daniel Ortega inició su segunda etapa al frente del ejecutivo en enero de 2007, las autoridades del Estado han utilizado como herramienta de premio y castigo las transferencias municipales en el caso de las alcaldías opositoras, han manipulado los consejos para imponer sus decisiones o, en el peor de los casos, usaron a la Policía para derrocar alcaldes como pasó en cinco municipalidades intervenidas en julio de 2022, a cuatro meses de las votaciones.
A los miembros del FSLN, en cambio, les ofrecieron la posibilidad de continuar en el poder. Según un reportaje de CONFIDENCIAL, publicado el 15 de septiembre de 2022, el partido gubernamental recicló 118 candidatos a alcaldes.
La dictadura de Ortega y Murillo
EIU dijo meses atrás en otro informe que el país descendió hasta convertirse en una dictadura en 2021, luego de las votaciones presidenciales, en las cuales Ortega y Rosario Murillo se reeligieron en otro proceso sin competencia electoral y hecho bajo la sombra del encarcelamiento de más de 40 líderes políticos, económicos y sociales.
En Nicaragua existen actualmente 235 reos de conciencia, a quienes recientemente Ortega negó la posibilidad de que fueran liberados, luego de que los acusó de “golpistas”. Dijo que no saldarían el daño causado ni imponiéndoles “cadena perpetua”.
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Conforme el análisis, Ortega y Murillo reforzarán su control absoluto sobre las instituciones estatales y las fuerzas de seguridad en aras de cimentar su “régimen autoritario dinástico”. Nuevamente intentaron abordar la idea que tiene la familia presidencial sobre el poder.
Mientras aseguran que, con Murillo como vicepresidenta, se garantizaron la sucesión en el poder. En el mismo documento se recuerda el protagonismo del hijo del matrimonio gobernante, Laureano Ortega Murillo. “Ha asumido más responsabilidades políticas en los últimos años, posiblemente allanando el camino para la sucesión dinástica”, asevera.
Sobre la situación de seguridad, EIU indica que el aumento de la represión desde 2018 causó también un incremento de la migración de nicaragüenses al exterior. Mencionó el cierre de los organismos no gubernamentales a manos del Ministerio de Gobernación (Migob), todo como parte de una estrategia gubernamental que asestó un golpe a la sociedad civil y pretende eliminar posibles fuentes de resistencia para “atrincherarse en el poder indefinidamente”, afirmó el documento.
Crecimiento “mediocre” será del 1.8 % del PIB en 2023
De acuerdo con este pronóstico, Nicaragua tiene una economía pequeña y abierta, un panorama económico en que proyectan un crecimiento del 1.8% en 2023 y un crecimiento medio mediocre del 2 % anual en 2023-27”, mientras aseguran que las presiones inflacionarias seguirán siendo considerables.
“En nuestra opinión, el crecimiento seguirá siendo bastante moderado en el mediano plazo, lo que refleja el acceso limitado de Nicaragua a la financiación externa, su entorno empresarial deficiente y la confianza débil en el estado de derecho. En consecuencia, esperamos que el crecimiento del PIB real promedie un 2% anual en 2023-27. Existen importantes riesgos al alza y a la baja para las perspectivas, que dependen del grado de cooperación china”, afirmaron.
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Nicaragua enfrentará un entorno externo desafiante en el corto plazo, a causa de los elevados precios del petróleo y tampoco será fácil el requerimiento financiero para las autoridades, “ya que las multilaterales reducirán sus desembolsos de deuda y los socios inversores extranjeros de EE.UU. su exposición a Nicaragua, debido al riesgo latente de sanciones secundarias”.
Atrapado en esta situación, Ortega está buscando nuevas fuentes de financiamiento en China, el gigante asiático con el que estableció relaciones diplomáticas luego de romper con Taiwán en diciembre de 2021. Intentó sobrevivir al aislamiento internacional, autoimpuesto tras las denuncias que lo señalan por perpetrar violaciones a los derechos humanos.
Para EIU, es posible que se dé la inversión china deseada por el gobernante “para llenar el vacío dejado por las fuentes multilaterales y bilaterales”. Eso sería posible dado que parece lógico pensar que los asiáticos están dispuestos a cubrir los fondos necesarios para Nicaragua, tratándose de un país al que considera aliado. En otra parte del documento, se advierte, que si la política con China es decepcionante se puede esperar una política fiscal “contractiva” en la nación.
