24 de septiembre 2022
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La Unidad de Inteligencia de la revista The Economist (EIU), una publicación de referencia internacional, no avizora cambios a lo inmediato en términos políticos en Nicaragua. Dicen que, aunque Daniel Ortega tiene 76 años de edad, esperan que “se mantenga en el poder, mientras su salud lo permita”.
La conclusión forma parte de su reporte de 25 páginas, fechado el 21 de septiembre, que sopesa aspectos políticos con datos económicos para ofrecer un pronóstico sobre Nicaragua. Para el EIU, el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) seguirá siendo la fuerza política dominante, dentro de un contexto que califican como de “autoritarismo creciente”.
La publicación destaca que Ortega lleva 15 años en el poder y ha utilizado la mayoría legislativa para cooptar instituciones estatales, eliminar los límites del mandato presidencial y reforzar el aparato de la seguridad del Estado, y no ha perdido de vista las pretensiones dinásticas de su familia.
EIU recuerda que Ortega cogobierna con Rosario Murillo, su esposa, quien ocupa el cargo de vicepresidenta desde 2016 —lo que la convierte en su sucesora constitucional— pero mencionan a uno de los hijos de ambos, Laureano Ortega Murillo como un posible actor político en ese sentido.
“(Laureano) ha asumido más responsabilidades políticas en los últimos años, posiblemente allanando el camino para la sucesión dinástica”, afirmó la sección de análisis de la revista británica, refiriéndose al papel público del hijo de la pareja presidencial, quien se desempeña como asesor de inversiones de sus padres y combina su actividad gubernamental con su afición como cantante de ópera.
Desde 2013, Laureano Ortega Murillo ha liderado públicamente el acercamiento de la dictadura con China y Rusia, los principales aliados internacionales del régimen. Además, está asociado a los megaproyectos de la Administración que se quedaron en el papel y nunca se materializaron, como la construcción del canal interoceánico, por el que además las fuerzas represivas del Estado se ensañaron con el sector campesino.
EIU recuerda que el Poder Legislativo está integrado por 91 diputados, de los cuales 75 son sandinistas. El Poder Electoral —órgano a cargo de las elecciones— está bajo control del Ejecutivo y, por otra parte, la oposición que participa en la boleta se encuentra cooptada por el FSLN.
Sin elecciones competitivas
El principal partido no sandinista es el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) (...) “sin embargo, tiene una larga trayectoria de colaboración con el FSLN, destacando hasta qué punto la oposición ha sido cooptada por el régimen. Las próximas elecciones son municipales y están previstas para noviembre de 2022. No serán libres ni justas”, agregó.
Según una publicación del Consejo Supremo Electoral, realizada el jueves 22 de septiembre, ya se publicó en La Gaceta la lista definitiva de los candidatos a alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios del país.
Analistas independientes consideraron que las mismas fueron “un premio a la lealtad” a la pareja presidencial. Un análisis de CONFIDENCIAL, publicado el 15 de septiembre, determinó que 118 alcaldes de las 141 municipalidades, que controla el FSLN en la actualidad, pretenden repetir en el cargo por otro período consecutivo, lo que revela que no hay relevo político a nivel local.
EIU recordó que no habrá elecciones competitivas en las municipales de noviembre o, que el FSLN sacó a la fuerza a los alcaldes de la oposición meses atrás y tampoco les permitió postularse en las casillas de los “partidos colaboracionistas”, “una perspectiva que el Gobierno no podía tolerar”.
La Unidad de Inteligencia de The Economist afirma que no habrá una elección “verdaderamente competitiva (en Nicaragua), mientras Ortega esté en el poder”.
La dependencia con China y Rusia
El informe analiza la reanudación de las relaciones diplomáticas de Ortega con China, luego de abandonar a Taiwán,en diciembre de 2021, lo que se habría dado por la búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento e inversiones.
“Creemos que, con el paso del tiempo, el país (centroamericano) se beneficiará de al menos suficiente inversión china para llenar los vacíos dejados por fuentes multilaterales y bilaterales. Un factor trabajando a favor del Gobierno es que el requerimiento de financiamiento de Nicaragua es minúsculo desde la perspectiva de China; los funcionarios chinos probablemente estarán dispuestos a cubrirlo a cambio de un aliado estratégico en una región”, agregaron.
En medio de la situación actual, EIU dice que la prioridad del régimen a corto plazo es la búsqueda de una consolidación fiscal, se espera que la carga de la deuda pública en Nicaragua equivalga a 67% del PIB en 2022, la que consideran alta para un país en etapa de desarrollo. Agregan que un entorno empresarial deficiente, un conflicto político persistente y un acceso limitado al financiamiento del sector privado son factores que pesan en las perspectivas de crecimiento nicaragüense.
En su informe anterior, en julio, EIU advirtió que el crecimiento se desacelerará entre 2022 y 2026, y esta vez agrega que esperan que las tasas de crecimiento “seguirán siendo mediocres” y destacan que las remesas se mantuvieron altas. Ese flujo podría significar “un consumo privado ligeramente más rápido y un crecimiento de las importaciones en la segunda mitad del período del pronóstico”.
Además, según EIU, aunque existe el riesgo de que Estados Unidos intensifique la presión política, imponiendo sanciones contra Nicaragua, no creen que signifique la implementación de medidas más poderosas como la exclusión del país del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.
En julio, Estados Unidos quitó la cuota azucarera del año fiscal 2023 a Nicaragua, lo que fue interpretado como un mensaje a Ortega y los empresarios, luego que el mandatario rechazó en un discurso público la posibilidad de dialogar con su principal socio comercial.
Sin embargo, EIU afirma que el retiro del acuerdo comercial “no solo sería complicado tal movimiento desde una perspectiva legal, sino que también impone severas dificultades económicas a los nicaragüenses comunes y a la región en general”.
