Política

Empleados públicos condenan trato “cruel e inhumano” a reos políticos

“María”, trabajadora del Estado, sintió que su “corazón se partía” al ver el deterioro de los presos políticos, pero está “obligada a callar”

El deterioro físico de los reos de conciencia que tras más de 450 días de encierro en la cárcel de El Chipote —pálidos, macilentos y envejecidos— conmovió a los empleados públicos que rechazan la tortura impuesta a los presos políticos en Nicaragua y condenan el calvario que significa para los familiares de los mismos.

María, una trabajadora del Estado desde hace más de una década, asegura que lloró al ver la difusión de las imágenes de los reclusos en los medios oficialistas, porque sintió que su “corazón se partía” al ver el deterioro físico, pero afirmó que ella está “obligada a callar y convivir con esos demonios para evitarse problemas”. 

Esta mujer agregó que los casos del cronista deportivo Miguel Mendoza, la abogada de derechos humanos María Oviedo, el activista Irving Larios y el líder campesino Medardo Mairena le resultaron impactantes, aunque afirmó que “todas las víctimas le generan preocupación”.

“En todos se pudo ver en sus ojos y semblante, por más que quisieran estar erguidos con fortaleza, el dolor y sufrimiento que les han infringido, muy impactante”, dijo la empleada estatal que compartió sus puntos de vista, días después de que los reos de conciencia fueron mostrados por el sistema de justicia bajo control de la tiranía de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Para elaborar este reporte sobre la reacción de los empleados públicos sobre este tema, CONFIDENCIAL entrevistó a tres trabajadores que pidieron para evitar represalias que se les cambiaran sus nombres y que tampoco se mencionara la institución en la que trabajan. 

Los funcionarios consultados aseguran que ellos son rehenes del Ejecutivo y sufren vigilancia política de parte de los representantes del partido en las instituciones estatales, donde incluso estos tienen a veces más poder que las autoridades formales.

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Empleados públicos: Miedo a hablar sobre el tema con libertad

Para Gilberto —otro empleado público— una gran parte del colectivo que trabaja en el Estado no está de acuerdo con todo lo que ocurre, en especial con estas graves violaciones a los derechos humanos.

“Ellos mismos (los fanáticos del FSLN) saben que no debería ser así (el trato a los detenidos), pero uno no puede hablar con nadie. Incluso los que son del Frente —pero no ciegos— no están de acuerdo con lo que está haciendo el Gobierno, pero no pueden decir nada, porque inmediatamente nos corren”, agregó.

También: “La tortura se encarna en el cuerpo de los presos que están aislados”

Gilberto confesó que él es opositor al Gobierno, pero debe ganarse la vida y por eso antepone el silencio a manifestar su rechazo a todo este tipo de atropellos. Solo rompe el mismo cuando dice que habla con una persona de confianza en lugares que sean “seguros para cuidarnos”.

La impresión de este trabajador del Estado es que los presos políticos se encuentran devastados, siendo el caso que más lo impresionó el del expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, Michael Healy, a quien encontró muy “delgado” cuando lo exhibieron en los tribunales.

Bajo extremas medidas de seguridad, la Policía orteguista condujo la semana pasada a 27 reos políticos durante tres días consecutivos a los Juzgados de Managua. Los hicieron comparecer en “audiencias informativas” en el Tribunal de Apelaciones de Managua para que fueran informados sobre la ratificación de sus condenas, lo que juristas independientes consideraron un “invento” porque estas sesiones no están contempladas en la ley y los mismos fallos ya habían sido notificados.

Según los especialistas en derecho, las autoridades se vieron obligadas en realidad a dar “una prueba de vida” de los condenados, tras las graves denuncias de los familiares sobre el maltrato persistente contra los reos de conciencia, lo que había captado la atención tanto a nivel nacional como internacional. 

“Esta actitud del Gobierno transgrede las normas Nelson Mandela, de tratamiento a personas privadas de libertad, las cuales determinan su trato digno, la cual no se ha respetado en Nicaragua. También se transgrede la Convención Americana sobre derechos humanos y la convención internacional contra la Tortura y otros tratos crueles y degradantes de la cual Nicaragua es parte”, recordó Braulio Abarca, abogado y defensor de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Según registros independientes, Nicaragua tiene en la actualidad al menos 205 presos políticos. 13 de ellos están bajo la figura de casa por cárcel y la dictadura extiende a sus familiares el aislamiento y la incomunicación a la que los somete, en otro caso dramático y evidente de violaciones a derechos humanos.

Ni con los delincuentes son tan crueles como con presos políticos

Para Fabián —el tercer trabajador del Estado consultado— “es demasiado cruel la forma en que se está llevando a cabo esta violación a muchos de sus derechos”, afirmó.

Agregó que no ha visto que el sistema de justicia del FSLN trate igual a gente que sí ha cometido delitos graves y lamenta que a los presos políticos los castiguen por un “tema ideológico”.

Este empleado público critica que la técnica penitenciaria debería buscar reeducar al reo y “no oprimirlo”, lo que observa qué hacen con los presos de conciencia.

Los familiares de los reos consideran que todos estos condenados fueron víctimas de fabricaciones judiciales orquestadas para castigar la disidencia y como venganza política contra los opositores.

El 04 de septiembre, en el programa televisivo Esta Semana, los familiares de algunos de los 27 presos políticos de El Chipote recordaron, en medio del dolor al ver a sus familiares demacrados, que los condenados no deberían de estar detenidos, porque simplemente no “cometieron ningún delito”. 

Renata Holmann, hija del gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, afirmó que no reconoció a su padre al verlo tan delgado, débil y convaleciente. El régimen desató desde mayo del año pasado una escalada represiva para garantizar la reelección de Ortega sin competencia electoral para un cuarto período consecutivo, contando a partir de 2007 cuando subió al poder.


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