19 de agosto 2022
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Con un impacto creciente de la represión y sin autoridades electorales independientes, el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) inscribió este viernes 19 de agosto su alianza de partidos con los que participará en las votaciones locales del próximo 6 de noviembre, en que las autoridades electorales designarán los alcaldes de los 153 municipios de todo el territorio nacional.
El representante legal del FSLN, el diputado Edwin Castro, se presentó al Consejo Supremo Electoral (CSE) para dar el primer paso de un proceso que será de 81 días, de acuerdo con el calendario electoral publicado en el diario oficial La Gaceta, el pasado 18 de agosto.
La alianza del FSLN la integran el Partido Liberal Nacionalista (PLN), Partido Unidad Cristiana (PUC), Partido Alternativa por el Cambio (AC), Partido Resistencia Nicaragüense (PRN), Partido Indígena Multiétnico (PIM), Partido Movimiento Yapti Tasba Masraka Raya (Myatamaran), Partido Autónomo Liberal (PAL), Partido Movimiento Indígena Progresista de la Moskitia (Moskitia Pawanka), así como la Alianza de Resistencia Nicaragüense (Arnic), el Movimiento Evangélico en la Convergencia, el Movimiento Indígena de la Costa Caribe, el Movimiento de Liberales Constitucionalistas de Convergencia y el Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente (MLCI).
Según el cronograma oficial, los candidatos se inscribirán de manera previsional entre el 3 y 9 de septiembre próximo y su postulación definitiva se hará el 22 de septiembre, luego del período de impugnaciones.
Para el exdiputado Eliseo Núñez, la única duda es si el FSLN capturará el 100% de las municipalidades, dado que ya controlan el 90%, luego de despojar en julio pasado a cinco municipalidades de Ciudadanos por la Libertad (CxL), con la ayuda del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) y la Policía.
“No me atrevería a llamarlas elecciones municipales. Lo que hay es un ejercicio autoritario de cambio de autoridades municipales, que dependen del Ejecutivo básicamente, donde no hay participación de la oposición. Yo soy de los que creen que hay que observar el resultado de este cambio que hagan, porque si el 100% de los alcaldes le quedan al FSLN, estaríamos frente a un cambio más trascendental, de que Ortega ya habría abandonado su modelo de partido hegemónico y estaría apostando por el partido único”, explicó Núñez.
El exlegislador agregó que la captura total de las municipalidades tendría consecuencias diferentes, porque colocaría a Nicaragua en la ruta por eliminar las elecciones como las conocemos hoy y abriría las puertas a que Ortega haga una reforma para que los procesos se hagan como en Cuba, su aliado político, donde se escoge dentro del partido gobernante y nadie afuera tiene derecho a una postulación.
Inscripción en un contexto de represión
La inscripción de las alianzas electorales se realizó horas después que la Policía asaltó la Curia Episcopal de Matagalpa para secuestrar al obispo de la diócesis, monseñor Rolando Álvarez, a quien habían mantenido encerrado en el edificio, mientras lo investigaban por “organizar grupos violentos” y “fomentar el odio”.
Desde junio pasado, el régimen ha recrudecido la represión contra la Iglesia católica encarcelando a tres sacerdotes, cerrando siete emisoras de la Diócesis de Matagalpa, asediando parroquias como la de Sébaco y Darío en un intento por acallar a los religiosos.
La investigadora Olga Valle, directora de Urnas Abiertas, un organismo que da seguimiento a la violencia estatal en el país y las condiciones para la realización de procesos electorales limpios, consideró que Nicaragua se alista para un proceso que no es legítimo ni íntegro, empezando por señalar que las autoridades electorales no son independientes, pero tampoco se respeta la preferencia del votante y en el caso de los trabajadores del Estado son obligados a respaldar al FSLN y enviar pruebas a los coordinadores del partido, demostrando que votaron.
“No se puede mencionar que son elecciones transparentes, porque no hay ninguna forma de la fiscalización del proceso, porque se eliminó la posibilidad de la fiscalización del proceso, se eliminó la posibilidad de la observación internacional, tampoco las organizaciones locales no oficialistas tienen la posibilidad de fiscalizar, mientras cualquier persona que se acerque es reprimida”, enfatizó Valle.
Según la investigadora, es preocupante cómo se ha dado una escalada represiva contra la Iglesia católica, los medios de comunicación, lo que constituye una prueba más de que no hay condiciones para garantizar que las elecciones van a ser legítimas, porque “ninguna elección que se haga bajo un estado de terror como el de Nicaragua puede catalogarse como tal”.
Régimen acomodó las piezas a su medida
En la antesala de la convocatoria electoral, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó una reforma a la Ley Electoral en la que estableció un proceso electoral exprés. El Poder Electoral es controlado por el partido de gobierno, la Policía —el principal órgano represor del régimen— es quien autoriza los mítines políticos, la observación electoral es nula y quienes podrían aspirar a cargos de elección popular permanecen privados de libertad.
Aunque el proceso electoral apenas fue convocado por el CSE el pasado 16 de agosto, el FSLN y los partidos colaboracionistas con el régimen llevan varios meses preparándose al margen de la ley, según documentó el observatorio Urnas Abiertas. El partido de gobierno inclusive convocó a sus simpatizantes para un proceso de verificación ciudadana los días 13 y 14 de agosto, pero luego cambió la orientación e indicó que el proceso se realizaría de forma virtual.
Con la publicación del calendario electoral este jueves 18 de agosto se confirmó que efectivamente el CSE suprimió el proceso de verificación, el cual se venía realizando con el objetivo de depurar el padrón electoral. Pero ese mismo día comenzó a llegar a los teléfonos celulares, con número nicaragüense, un mensaje de texto del CSE invitando a la ciudadanía a verificarse en su página web.
También los partido colaboracionistas “tienen varios meses trabajando en función de las elecciones municipales, a pesar del silencio y hermetismo guardado por las autoridades” del CSE, señaló Urnas Abiertas. Sus actividades políticas no fueron asediadas por la Policía.
