5 de enero 2022
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Las gestiones hechas por Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), para convencer al régimen de Daniel Ortega de aceptar la visita de una comisión de alto nivel del organismo regional, siguen empantanadas y sin respuesta por parte del Gobierno nicaragüense.
Fuentes vinculadas al organismo regional comentaron que hasta la fecha, siguen sin tener una respuesta o una reacción concreta por parte del Gobierno, pero las “gestiones continúan”.
El 18 de diciembre, Almagro, solicitó al Consejo Permanente de la OEA ampliar hasta mediados de enero, el plazo para la entrega de un informe sobre las gestiones que hace con el Gobierno de Nicaragua. Ese día se vencía precisamente el plazo establecido por este organismo para que el secretario general presentará un informe referido a sus intentos para convencer al régimen orteguista de aceptar la misión de alto nivel.
El Consejo Permanente de la OEA, en una sesión realizada el 8 de diciembre, aprobó una resolución urgiendo nuevas elecciones en Nicaragua, para lo cual demanda “un diálogo de todos los partidos políticos y otros actores en Nicaragua con el objetivo de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias tempranas que sean libres, imparciales y transparentes, con observación internacional creíble”.
En otro punto, estableció que “el secretario general debía solicitar con urgencia una reunión con el Gobierno de Nicaragua, con el objetivo de acordar la realización de reformas electorales integrales, de acuerdo con lo solicitado en resoluciones anteriores de la OEA y de conformidad con las obligaciones de Nicaragua en el marco del derecho internacional”.
Carta de Almagro fue en respuesta al Consejo Permanente
Guillermo Belt, quien fue asesor del exsecretario general de la OEA, João Baena Soares y funcionario del organismo regional por 37 años, reveló que el pedido hecho por Almagro para ampliar el plazo para presentar el informe, fue en respuesta a una consulta sobre el caso hecha por el entonces presidente del Consejo Permanente, el embajador de República Dominicana, Josué Fiallo.
“Lo curioso de esa carta es que no fue espontánea, fue escrita el último día del plazo que fijó el Consejo Permanente. Eso desde mi punto de vista fue muy grave, porque para que él (Almagro) tuviese que pedir esa prórroga, él tendría que haber actuado antes para darle tiempo al Consejo de considerar lo que estaba pidiendo”, señaló Belt.
“Lo que ocurre es que Almagro, aunque no lo dice en su carta, lo que está contestando en realidad es una consulta del presidente del Consejo Permanente de la OEA, sobre lo que había ocurrido con las gestiones, puesto que él tenía que informar al Consejo Permanente sobre el resultado de las mismas. Pero Almagro lo que hizo fue redactar la carta como que hubiese sido iniciativa de él, pero no fue así”, agregó.
No es un endoso de legitimidad para Ortega
El exasesor en la OEA opinó que las gestiones de Almagro y el hecho que la entrega del informe se dé después de la toma de posesión de Daniel Ortega este 10 de enero, no implican un endoso de legitimidad política hacia este por parte del organismo regional.
“La prórroga solicitada por Almagro para la gestión que le encomendó el Consejo Permanente no legitima a Ortega. El Consejo Permanente como órgano político, ha declarado ilegítimas las elecciones del 7 de noviembre. Mientras ese órgano, o en su caso, la Asamblea General, como órgano supremo de la OEA, no diga otra cosa, no hay forma de contradecir lo ya resuelto”, explicó.
El 12 de noviembre, durante la Asamblea General de cancilleres de la OEA, 25 países aprobaron una resolución que declara “sin legitimidad” las votaciones del 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo se reeligieron, en un proceso caracterizado por la falta de competencia política, sin garantías democráticas, y bajo violencia y persecución política, que devino en que siete precandidatos opositores fuesen encarcelados.
Las resoluciones de la OEA condenando la represión, la no liberación de los presos políticos y calificando de ilegítimas las votaciones del 7 de noviembre, llevaron al régimen orteguista a iniciar el 19 de noviembre el proceso de salida de Nicaragua del organismo regional.
Pocas probabilidades de que Almagro abra puertas
Un exdiplomático nicaragüense quien pidió resguardar su identidad para evitar represalias por parte del régimen, opinó que ve poco probable que Almagro tenga éxitos en lograr convencer a Ortega para dialogar con la comisión de alto nivel.
“¿Qué ha sucedido para que Ortega cambie su posición de rechazo total a la OEA?, ratificada en su denuncia formal de la Carta de Bogotá. Nada. Las negociaciones sobre Venezuela están empantanadas y Ortega, por el contrario, está jugando sus fichas en el escenario internacional para convertir a Nicaragua en una pieza del ajedrez geopolítico mundial. Que lo logre, es otra cosa, pero esas son sus intenciones”, señaló.
La última vez que la OEA participó en un proceso de diálogo en Nicaragua fue en 2019, cuando el organismo regional envió a su delegado, Luis Ángel Rosadilla, para ser un interlocutor entre el régimen y la Alianza Cívica.
Este diálogo, solicitado por la Conferencia Episcopal y los principales capitales del país, con la mediación del Nuncio Apostólico, Waldemar Sommertag, logró culminar en un combo de acuerdos firmados entre los representantes de la Alianza Cívica y el canciller Denis Moncada en nombre del régimen. Sin embargo, poco tiempo después, Daniel Ortega y Rosario Murillo desconocieron los acuerdos firmados por Moncada.
“La OEA se encuentra en una situación difícil, porque de por medio está también la cuestión de su credibilidad como organización regional. Ante la imposibilidad de alcanzar los votos necesarios para suspender a Nicaragua, la única alternativa que queda es la de convocar a una Asamblea extraordinaria, en el marco del Artículo 20 de la Carta Democrática y aprobar nuevas medidas de presión diplomática al más alto nivel”, añadió el exdiplomático.
La ampliación de plazo solicitado por Almagro no tiene una fecha concreta para la entrega del informe, pero los especialistas estiman que cualquier movida del Consejo Permanente sobre la crisis de Nicaragua se dará luego de la toma de posesión del 10 enero, fecha en la cual Ortega cumpliría 15 años en el poder.
