6 de noviembre 2022
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Desde tempranas horas de este domingo 6 de noviembre, los medios oficialistas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo transmitieron pequeñas filas de ciudadanos esperando afuera de distintos Centros de Votación de Nicaragua para participar en las votaciones #Municipales2022, convocadas en los 153 municipios de Nicaragua. Paralelo a esto, en grupos organizados de trabajadores la orden era clara: "hay que votar temprano, tomarse su foto con el dedo manchado y demostrar en redes que ya votaron". Sin embargo, hasta mediodía la participación ciudadana es escasa y las calles del país lucen vacías.
La presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE) afín al gobernante Frente Sandinista, Brenda Rocha, declaró --tras depositar su voto en una escuela de Managua-- que han "visto la afluencia en todos los Centros de Votación y esperamos que así continúe en esta jornada cívica, en estas elecciones soberanas municipales".
En cambio, la observación independiente de las organizaciones ciudadanas Urnas Abiertas y la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco muestra imágenes de diversos Centros de Votación en distintas ciudades, en las que observaron pocas personas, y en las que explican que hay una gran abstención, similar a la ocurrida en las votaciones generales de 2021, cuando superó el 81%, pese a que el CSE destacó una "alta" participación.
Incrementan presiones contra trabajadores del Estado
En Carazo, Masaya y Granada, trabajadores del Estado denunciaron a CONFIDENCIAL que están siendo presionados para que ejerzan su voto y "acarreen" a sus familiares.
"Desde anoche andaban en camionetas Hilux llenándolas de combustibles para acarrear gente, esta vez no lo harían en buses porque no quieren demostrar que va poca gente a pesar de las presiones", manifestó un trabajador público de Jinotepe.
Un trabajador de la Salud de Granada indicó que a él lo llegaron a sacar "muy de mañana" de su casa. "Andan desesperados y llegan con tono de advertencia porque quieren que todo el día se vea gente votando", explicó bajo condición de anonimato por temor a sufrir represalias.
"Es la misma película del año pasado, nos obligan a votar y mañana lunes nos van a pedir mostrar el dedo manchado para poder entrar al trabajo, el que no haya votado va corrido", detalló.
Estas presiones a trabajadores estatales también las confirmó en sus redes sociales Urnas Abiertas, que además denuncia el uso de recursos del Estado, especialmente de vehículos del Ministerio de Salud y de las Alcaldías, para movilizar a votantes afines al régimen Ortega-Murillo.
Previo a la jornada la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Oacnudh), manifestó su “preocupación por al menos ocho presuntas detenciones arbitrarias en cuatro departamentos” e instó al Estado de Nicaragua “a garantizar los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense y el cese de la represión”.
#Nicaragua @OACNUDH manifiesta su preocupación por al menos 8 presuntas detenciones arbitrarias en 4 departamentos, previas a la jornada electoral. Instamos al Estado a garantizar los derechos civiles y políticos del pueblo nicaragüense y al cese de la represión.
— OACNUDH (@OACNUDH) November 6, 2022
Según un video que circuló en redes sociales, el régimen detuvo a Randall Barboza, sobrino de la presa política Nidia Barbosa, valiéndose de un dispositivo de oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales.
Barboza, quien es identificado como opositor por fuentes políticas, se encontraba con su esposa Yaritza Brenes en los alrededores de su vivienda cuando, el sábado pasado, fueron abordados por la Policía en la ciudad de Nindirí, en Masaya. Los oficiales le requirieron su motocicleta.
En las imágenes, puede verse cuando trasladan el vehículo a una patrulla, mientras decenas de agentes se encontraban apostados en la calle donde se realizó el operativo. Hasta el cierre de la edición, los familiares de Barboza no se habían pronunciado sobre la detención. No se sabía si el joven seguía recluido y si estaba igual su esposa Brenes.
La doctora Nidia Barboza es una de las más de 220 presos políticos que existen actualmente en Nicaragua. Fue condenada a 11 años de prisión, por los supuestos delitos de "conspiración y publicación de noticias falsas" en agosto pasado en uno de los juicios fabricados del régimen Ortega Murillo.
Patrullas policiales asedian casas en secuela de "farsa electoral"
Ilustración: Confidencial
Patrullas con policías y antimotines mantienen vigilados y asediados a nicaragüenses que tienen prohibido salir de sus casas, mientras crece el número de presos políticos, durante las votaciones #Municipales2022.
En un nuevo recrudecimiento del estado policial de facto –que recuerda las detenciones durante las votaciones generales del 6 de noviembre de 2021, calificadas como farsa electoral– un creciente número aún no identificado de familias y ciudadanos permanecen bajo una “casa por cárcel de facto”.
Reportes ciudadanos desde distintos municipios de Nicaragua denuncian patrullas con agentes policiales regulares y antimotines apostados afuera de las casas de opositores, líderes políticos o ciudadanos destacados en sus comunidades a quienes les han prohibido salir de sus viviendas durante la jornada “por su seguridad”, con amenaza de cárcel.
A las cinco de la mañana de este sábado 5 de noviembre, la Policía arrestó ilegalmente a la opositora Karla Vega, originaria de El Rosario, departamento de Carazo. Según denunció su familia en redes sociales, los antimotines ingresaron a su vivienda con violencia y la golpearon.
“Nos patearon la puerta y entraron con odio. La montaron (a la camioneta). Eran alrededor de diez antimotines. Su integridad física y su vida está en peligro porque desde que la sacaron de su casa la iban golpeando”, relató una familiar.
“Persiste un ambiente de temor ante la vigilancia por operarios políticos y el incremento de presencia policial”, alertó el organismo de observación ciudadana Urnas Abiertas, en un reporte previo a la jornada de este domingo, que fiscalizan de forma independiente.
El organismo sostuvo que “a pesar de que no existe competencia electoral y de la colaboración entre el régimen y las cúpulas partidarias, en al menos trece municipios del país se articularon esfuerzos ciudadanos para defender el voto, especialmente en aquellos territorios históricamente opositores al FSLN”.
Entre esos trece municipios está Muelle de los Bueyes, de la Costa Caribe Sur, cuya alcaldía –recuerda Urnas Abiertas– está gobernada por el liberalismo desde hace más de treinta años, y simpatizantes del PLC fueron asediados durante la caravana de cierre de campaña.
La otra docena de municipios, que no fueron mencionados por el organismo, corresponderían a otras alcaldías de trayectoria antisandinista o gobernadas por partidos liberales, ubicadas principalmente en el centro y norte del país.
El jefe de la bancada del FSLN en la Asamblea Nacional y representante legal del partido, Edwin Castro, firma entre risas la observación del traslado del material electoral para las #Municipales2022. // Foto: Tomada de El 19 Digital
EE. UU. califica de “otra farsa” los comicios municipales
El principal encargado del Departamento de Estado de los Estados Unidos para Latinoamérica, Brian Nichols, calificó este viernes de “otra farsa” las votaciones municipales, reseñó un cable publicado por la agencia de noticias EFE.
“El domingo se negará nuevamente a los nicaragüenses el derecho a elegir libre y justamente a sus mandatarios municipales”, señaló el secretario adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental.
A los nicaragüenses se les negará otra vez el derecho de escoger libre y limpiamente a sus autoridades municipales. Mientras los líderes de oposición continúen presos o exiliados y a sus partidos se les niegue la participación, los 🇳🇮 no tendrán opciones en otra farsa electoral.
— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) November 4, 2022
Nichols argumentó que “mientras los líderes de la oposición permanezcan injustamente encarcelados o en el exilio, y sus partidos prohibidos, no hay otra opción para el pueblo nicaragüense en otra farsa de elecciones”.
En 2021, el presidente demócrata de EE. UU., Joseph Biden, calificó las votaciones genenerales de Nicaragua como una “pantomima”.
Ilustración: Confidencial
FSLN busca 153 alcaldías en #Municipales2022
Un sistema electoral –cuya credibilidad e independencia colapsó hace más de una década– está a cargo de un proceso viciado y sin transparencia, marcado también por la competencia fantasma, la campaña electoral invisible, y el asalto orteguista a la autonomía municipal.
Analistas y opositores califican el proceso de este domingo como la continuación de la “farsa” con la que Daniel Ortega y Rosario Murillo se reelegieron en 2021, con la competencia electoral y política encarcarcelada.
Nicaragua permanece bajo un estado policial de facto, con más de 200 presos políticos, y la dictadura orteguista pasó de fraguar fraudes electorales a liquidar totalmente la autonomía municipal, con la usurpación de 6 de 18 comunas que en 2017 no quedaron en su poder.
A estas votaciones #Municipales2022, el FSLN llega con el control en 141 de 153 alcaldías. Con ese número de comunas, el FSLN controla formalmente el 92% de los territorios, mientras en otras ha logrado que los alcaldes se plieguen a sus intereses, o mantiene comunas intervenidas.
De las 141 alcaldías que controla formalmente el FSLN, 135 fueron asignadas por el CSE en 2017 y otras seis alcaldías fueron usurpadas en octubre de 2020 y julio de 2022.
Además, el tribunal electoral “regaló” la alcaldía de San Pedro de Lóvago, en Chontales, al entonces partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), que no aceptó el municipio. Sin embargo, el candidato Humberto Ramón González se juramentó y ahora es el candidato del FSLN por la reelección.
Algunas de las alcaldías usurpadas al PLC y CxL también serían territorios de tensión durante la jornada debido a la inconformidad de opositores y ciudadanos con la usurpación que impidió a sus autoridades que terminaron su mandato.
El CSE también mantiene acéfala la alcaldía de Mulukukú. En ese municipio del Caribe Norte, la Policía secuestró ilegalmente al alcalde Apolonio Fargas, convirtiéndolo en uno de los más de mil presos políticos por las protestas ciudadanas de 2018. Fargas fue amnistiado en 2019 y regresó a la comuna, pero menos de un mes más tarde lo obligaron a renunciar y exiliarse y el CSE no admitió los intentos del PLC por formalizar su relevo.
En Wiwilí –la primera de las alcaldías usurpadas– el FSLN impuso a un operador político. Tras la destitución de la alcaldesa Reyna Esmeralda Hernández Mairena, el Concejo Municipal aprobó el relevo del vicealcalde Manuel Blandón Zamora, pero fue destituido el mismo mes por una sentencia judicial junto a una treintena de trabajadores.
Finalmente, en julio de 2022, el FSLN asaltó manu militari las alcaldías de El Cuá, Santa María de Pantasma, San Sebastián de Yalí, Murra y El Almendro, alegando la cancelación de la personería jurídica de CxL.
De las diez alcaldías restantes, nueve son administradas por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y una por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), dos históricos colaboradores del régimen que en cada elección le ayudan a aparentar la “normalidad” de un proceso electoral multipartidista, pese a la falta de garantías y de competencia política.
En septiembre de este año, en el programa Esta Noche, el analista político y exdiputado opositor Eliseo Núñez, y el sociólogo experto en temas municipales, Silvio Prado, conversaron sobre el posible desenlace de la “farsa electoral municipal”.
“Daniel Ortega está caminando hacia el modelo de un partido único y, lo que comprobaría esto, es que cope el 100% de las alcaldías de Nicaragua y les mantenga algunas concejalías a los partidos colaboracionistas por un tiempo”, aseguró Núñez.
En cambio, Prado dijo: “Dudo que el FSLN vaya a hacerse con todas las alcaldías de Nicaragua… no le interesa, no le conviene. Creo que va a dejar unas alcaldías chiquitas… Tampoco le interesa desmantelar a esa oposición colaboracionista que tiene”.
Brenda Rocha, magistrada presidenta del Consejo Supremo Electoral afín al FSLN, flanqueada por el director de la Policía y consuegro de Ortega y Murillo, Francisco Díaz, y el jefe del Ejército, Julio César Áviles. // Foto: Tomada de El 19 Digital
FSLN recibiría 10 millones de dólares por reembolso electoral
Tras la farsa electoral de las votaciones del 7 de noviembre de 2021, el FSLN recibió 16.9 millones de dólares en concepto de reembolso electoral. Además, los cinco partidos políticos colaboracionistas recibieron un total de 5.6 millones de dólares por prestarse al “circo” sin competencia política, transparencia y bajo la sombra de la represión y violencia en contra de la población.
Al concluir la secuela de la farsa municipal de 2022, el FSLN recibirá otros 10 millones de dólares por reembolso electoral, según cálculos del observatorio ciudadano Urnas Abiertas.
Un análisis de CONFIDENCIAL, publicado en septiembre, reveló que el FSLN reciclará a 118 de sus candidatos a alcaldes, incluyendo a tres de cinco “alcaldes” que usurparon comunas de CxL, el “alcalde” impuesto en Wiwilí-Jinotega y la viceacaldesa designada en El Cuá.
Además de los 118 candidatos a alcaldes reciclados, hay otros 83 candidatos a vicealcaldes del FSLN en busca de su reelección: 80 designados por el CSE en 2017, y cuatro que asumieron posteriormente en alcaldías intervenidas por operadores del partido de Gobierno.
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