11 de octubre 2021
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Ramón Jáuregui, exparlamentario del partido socialista español en el Parlamento Europeo que presidió la misión de eurodiputados a Nicaragua en enero 2019, considera que las elecciones del 7 de noviembre “son una farsa”, con todos los candidatos de la oposición presos y la prohibición de la personería jurídica de los partidos de oposición, y vaticina que la Unión Europea “no reconocerá al Gobierno que surja de esas elecciones”.
El político español, presidente de la Fundación Euroamérica y experto en las relaciones de Europa con América Latina, explica que el no reconocimiento del resultado electoral, no necesariamente implicaría un cierre de la representación política o diplomática de la Unión Europea, pero advierte que violar la cláusula democrática podría afectar la participación de Nicaragua en el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la UE.
En esta entrevista con Esta Semana y CONFIDENCIAL, Jáuregui exhortó al pueblo nicaragüense a que “no confíen únicamente en lo que haga la comunidad internacional, también depende de lo que el propio pueblo nicaragüense haga”, en alusión a su decisión de no participar en unas elecciones en las que “no hay por quién votar, ni por qué votar”.
Estamos a un mes de las elecciones de Nicaragua, con todos los precandidatos presidenciales de la oposición presos y más de 30 líderes políticos y cívicos procesados por “conspiración”. ¿Cómo se ve desde España y desde la Unión Europea, esta inminente reelección de Daniel Ortega, sin competencia política el 7 de noviembre?
Con enorme pesimismo, con mucha tristeza, porque cunde la opinión de que las elecciones son una farsa, y que todo lo que exige un proceso electoral, de libertad, de pluralismo, de igualdad de oportunidades, ha sido literalmente barrido por una estrategia gubernamental dirigida a eliminar cualquier tipo de oposición y de alternativa.
Yo siempre he dicho que si están tan seguros que tienen la confianza y el apoyo del pueblo nicaragüense, tendrían que haberse sometido a un proceso electoral limpio, con observación internacional, y al mismo tiempo permitiendo que otros candidatos, o la oposición, después de lo que ha pasado en Nicaragua en los últimos años, pudiera presentar su alternativa; pero es que los han encarcelado a todos; han eliminado todas las libertades; han prohibido las personalidades jurídicas de los partidos de oposición, los tienen encarcelados o exiliados. En esas condiciones, las elecciones son una farsa.
Esta crisis ha sido precedida de condenas políticas en el Parlamento Europeo con votaciones altamente mayoritarias, y también por sanciones de la Unión Europea a funcionarios del régimen de Nicaragua. ¿Qué tipo de acciones podría debatir o adoptar la Unión Europea frente a esta crisis de legitimidad de la elección del 7 de noviembre?
La reunión del Consejo de ministros de la Unión Europea que se va a celebrar el próximo 18 de octubre tiene ya orden del día, y uno de los puntos es Nicaragua; puedo decir que muy probablemente la Unión Europea no va a dictar una resolución anterior a la fecha electoral, su posición política se conoce, no hay garantías; la Unión Europea mantiene las sanciones a determinadas personalidades del régimen autoritario de Ortega y, muy probablemente después de las elecciones europeas sí habrá un pronunciamiento.
La Unión Europea ha renunciado a estar presente en la farsa electoral, y aunque no estoy seguro, ha habido algún tipo de ofrecimiento para ser acompañantes, la Unión Europea ha dicho muy claro que nosotros tenemos la mayor cualificación en el control en el proceso de observación electoral, pero lo hacemos con misiones de observación, no con misiones de acompañamiento, que eso es como invitar a tomar el té a tu casa a unos amigos.
Europa no va a estar presente, ni Europa ni ningún organismo internacional y, por tanto, no va a haber observación internacional y no va a haber opinión internacional que avale ese proceso que, repito, es una farsa.
La oposición y los nicaragüenses
La mayoría de las organizaciones de la oposición nicaragüense que están en el exilio, emitieron un pronunciamiento este jueves en el que llaman, en primer lugar, a los países de Centroamérica, los países de la OEA, Estados Unidos y la Unión Europea, a desconocer los resultados de esta elección del 7 de noviembre. ¿Una declaratoria de ilegitimidad, es una decisión que podrían adoptar de manera individual países de la Unión Europea, o podría debatirse como bloque?
Yo creo que la Unión Europea emitirá un pronunciamiento común, de los 27 países que integramos la Unión Europea, y que establecerán una tacha de legitimidad a ese proceso electoral, y por tanto no habrá un reconocimiento internacional por el conjunto de la Unión Europea, siempre a juicio de que también lo pueda haber por parte de cada uno de los países, son complementarios. Yo creo que después de las elecciones del 7 de noviembre Europa diga: esas elecciones son una farsa, no reconocemos los resultados y, por tanto, no reconocemos el Gobierno que surja de esas elecciones.
Eso tendría repercusiones políticas, diplomáticas, económicas, si es una decisión adoptada por la Unión, o si es adoptada, incluso, de manera individual por los países, digo, para el régimen de Ortega. ¿Hay algún antecedente de acciones de ese tipo, diplomáticas, de la Unión Europea?
Hay situaciones semejantes, y las hubo en Venezuela, lo cual no quiere decir que la representación política o diplomática de la Unión en el país vaya a ser eliminada, porque los intereses europeos y la defensa de nuestros ciudadanos en ese país exige que mantengas la representación política; pero puede tener repercusiones, especialmente, en el Acuerdo de Asociación que tenemos con Centroamérica, y del que forma parte Nicaragua, yo creo que hay una cláusula democrática muy seria en ese Acuerdo, que exige que los países que forman parte del acuerdo cumplan escrupulosamente los principios fundamentales de un Estado de derecho.
Nicaragua, después de estas elecciones, probablemente incurre abiertamente en una contradicción con esos principios, y eso puede tener repercusión también en el mantenimiento o no del Acuerdo de Asociación con Nicaragua por parte de Europa.
En esa especie de hoja de ruta que anunció la oposición nicaragüense, hacia una transición, colocan, en primer lugar, la liberación de los presos políticos, la restauración de las libertades, y crear condiciones para el retorno de los exiliados para que en Nicaragua se pueda hacer una reforma electoral e ir, eventualmente, a otras elecciones; pero la oposición está presa, está en el exilio, y está descabezada. ¿La comunidad internacional puede incidir frente a ese vacío y a esa demanda?
Sí, por supuesto, seguiremos ayudando a la oposición y sancionando al régimen; pero tienen ustedes que entender que el desenlace de esta crisis política y de esta conflictividad interna, corresponde al propio país, a Nicaragua y a su pueblo.
Nosotros no tenemos ninguna intención de actuar fácticamente en la situación nicaragüense; y ahí tengo que reiterar que no confíen únicamente en lo que haga la comunidad internacional, también depende de lo que el propio pueblo nicaragüense haga. Y en ese sentido a mí me ha sorprendido, cuando he leído el último comunicado de la oposición, que no haya un llamado al pueblo nicaragüense, porque lo que importa saber ahora es si la oposición decide participar o no en las elecciones; y si decide no participar, lo que tiene que hacer es decirle al pueblo que no participe.
Yo creo sinceramente que no hay por quien votar en Nicaragua, y no hay por qué votar. Honradamente lo digo, y creo que eso tiene que ser un mensaje del propio conjunto de los líderes o de los partidos de la oposición, diciendo en el país: 'señores, nos han encarcelado a los candidatos, no tenemos personalidad jurídica, estamos literalmente exiliados de la política y, por tanto, le digo al pueblo y al país, y a los ciudadanos nicaragüenses, que no participen en esta farsa'. Pero esto hay que decirlo, no hay por quien votar en esa elecciones, y no hay por qué votar en esa elecciones.
En 2016, en realidad en Nicaragua se dio una situación semejante, en la que los candidatos de oposición habían sido eliminados, no encarcelados, y el régimen fue a reelegirse con una comparsa de partidos colaboracionistas, y lo que vimos fue un vacío en las urnas, una gran abstención. Sin embargo, a pesar de eso, posteriormente, el régimen de Ortega tuvo reconocimiento de parte de la OEA, y tuvo reconocimiento político.
Yo creo que es muy diferente lo que pasó en 2016 de lo que va a pasar ahora en 2021. Es verdad que hubo limitaciones en su momento, pero es que ahora están en la cárcel los líderes, y los siete candidatos que podían ganarle Ortega están en la cárcel o en el exilio.
Entonces, no hay manera de poder evaluar como positivo, el desenlace electoral del 7 de noviembre. Y más allá de lo que haya pasado en 2016, lo que ocurra en 2021 va a depender del pueblo nicaragüense. Si Ortega ve que el país no participa, luego podrá engañar con los resultados; pero si él ve que hay una participación del 30 o del 40% del país, es que esas elecciones están literalmente frustradas, y por tanto, habrá un mensaje del pueblo nicaragüense, a la dictadura de Ortega, de que no acepta esta mentira electoral, y por tanto, eso fuerza mucho también la respuesta de la comunidad internacional.
Pero, si ocurre lo contrario, si hay una participación masiva, la comunidad internacional tendrá que acabar diciendo que las elecciones, aunque no las haya observado, pues, parece que tienen un viso de legitimidad, y eso depende, literalmente, de la ciudadanía nicaragüense.
El régimen de Ortega reaccionó con virulencia a las más recientes declaraciones de autoridades del Gobierno España, del presidente Sánchez, de representantes de Cancillería. ¿Qué papel podría jugar la diplomacia española en esta crisis como parte de la Unión Europea, y teniendo un vínculo histórico en Nicaragua, y además una presencia económica importante?
A mí, en primer lugar, me ha sorprendido mucho también la respuesta del régimen a los obispos y a la Iglesia católica, porque todo el mundo sabe que Nicaragua tiene una fe y una ciudadanía con un sentir católico muy grande. Y además de la impresión que yo me llevé cuando estuve en Nicaragua hace ya dos años, el Vaticano y el nuncio, y yo diría, la Iglesia católica tenían un papel mediador, entonces, la ruptura con el Vaticano ya es una más, pero con España ha sido lo mismo.
Y déjeme que le recuerde una cosa, en el año 1979, cuando triunfó la revolución sandinista, la única embajada que quedó en Managua, abierta, fue la española; durante los meses que transcurrieron en la toma del poder por la revolución sandinista, la única presencia internacional sobre la que se concentró el movimiento de la comunidad internacional era en la única embajada abierta, España.
Hoy, desgraciadamente, la embajada de España no está abierta porque el régimen insultó, ofendió, humillando a nuestro país, hasta el punto que el Gobierno de España, con toda razón, tuvo que retirar a su embajadora, y esto hace que la posición española en esta crisis sea particularmente importante, lo es en relación con Europa. Ustedes saben que los países europeos llaman a la diplomacia española para saber cuál es la estrategia que tienen que adoptar cuando se trata de Latinoamérica; hablan con España y le piden la opinión, y España marca el rumbo.
Bueno, pues, esta extraordinaria agresividad que el Gobierno de Ortega marcó con la embajada y con el Gobierno de España, establece una posición que le lleva a España a influir decisivamente en la posición final que adopte la Unión Europea.
El futuro: pesimismo e incertidumbre
Partiendo de la premisa de que Ortega se reelige el 7 de noviembre, sin competencia política, con un alto grado de abstención, aunque el régimen producirá sus propias imágenes de participación electoral, y brindará un conteo que participación que ya está prestablecido que será mayor del 70 %, como en 2016. ¿Cómo se vislumbra esta crisis a mediano plazo, en 2022, 2023, con un Gobierno que está determinado a atornillarse en el poder?
Con mucho pesimismo e incertidumbre. El falseamiento de los datos electorales sobre participación y sobre apoyo al ganador, que se supone que será Ortega, puede introducir algunas dudas en el ámbito del tablero internacional. Pero claro, quién va a creer los datos que produzca una organización sin ningún tipo de observación electoral de ningún organismo internacional, ni de la OEA, ni la fundación Carter, tampoco de la Unión Europea. Al final, los únicos acompañantes del proceso electoral nicaragüense van a ser tres o cuatro miembros individuales del Partido Comunista español, argentino o cubano; realmente eso no es una observación electoral, por mucho respeto que tenga a esas personas que puedan ir ahí; si no hay observación, no hay credibilidad. Y los datos que ofrezca el resultado el día 7 de noviembre no serán creíbles para nada.
A partir de ahí, ¿cuál será la reacción el año que viene? No lo sé. Lo único que puedo decir es que muy probablemente la comunidad internacional, de una manera rotunda, los Estados Unidos, la Unión Europea, no sé si la OEA también, si hay una mayoría para establecer un capítulo de expulsión, tomarán las decisiones. Yo creo que el sistema político nicaragüense estará totalmente deslegitimado en el mundo entero, mucho más que en 2016; porque hoy está claro, en el mundo entero, que las elecciones nicaragüenses están falseadas; que la oposición ha sido literalmente encarcelada o exiliada del país; que no hay Estado de derecho y libertades; que no hay observación. Por lo tanto, a partir de ahí, yo lo único que espero es que tengamos la capacidad de remover esa situación para que pueda haber un proceso electoral limpio, para que en Nicaragua haya unas elecciones limpias cuanto antes, ese es el único objetivo político que nos trazamos desde el punto de vista internacional.
¿Qué puede aprender la oposición nicaragüense y la comunidad internacional del fracaso democrático de Venezuela y del entronizamiento de Nicolás Maduro en el poder, a pesar de las sanciones internacionales y la crisis en ese país?
Ya sabemos que el régimen de Maduro ha sido un desastre para el país. Pero va a haber, el 25 de noviembre, elecciones en Venezuela y hay una observación electoral por parte de la Unión Europea; hay elecciones provinciales y locales en Venezuela el 25 de noviembre; y una misión con cientos de técnicos acompañados por una delegación parlamentaria del Parlamento Europeo, con doce miembros de todos los partidos políticos, van a estar presentes en Caracas y en las demás ciudades de Venezuela porque hay unas elecciones limpias en el ámbito local.
Otra cosa es que se esté discutiendo en México cómo se reproduce el sistema electoral presidencial o de la Asamblea Legislativa, pero en las elecciones locales van a participar los partidos de oposición, no están encarcelados; no se ha ilegalizado a Voluntad Popular, a Primero Justicia, a los partidos que integran la oposición venezolana. Están ahí, y van a presentarse a las elecciones de gobernadores y de alcaldes con la observación electoral. ¿Vale algo para Nicaragua esto? Esta es la pregunta, esa es la reflexión que tenemos que hacer.
