25 de agosto 2022
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Los juicios políticos ordenados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra sacerdotes de Nicaragua están plagados de irregularidades y evidencian que “ya no aparentan ni siquiera legalidad”, afirmó el exfuncionario judicial Yader Morazán, especialista en administración de justicia.
En entrevista con el programa Esta Noche, Morazán apuntó que en el caso de monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la Diócesis Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, se encuentra encerrado bajo la figura de “resguardo domiciliar”, que no existe en la legislación nicaragüense.
Además, denunció que se realizó de forma “clandestina” una audiencia contra siete personas, entre ellos sacerdotes y laicos, quienes permanecieron secuestrados por más de 15 días junto a monseñor Álvarez.
“Ahora ni siquiera se les retiene bajo el proceso de detención durante noventa días, sino que hemos visto que han cerrado espacios donde se han encontrado los sacerdotes dentro de sus curias durante mucho tiempo, pese a que ellos tienen todo el aparato estatal para inventar cualquier cosa, y al final de cuentas tener los resultados que ellos esperan”, denunció Morazán.
¿Qué se conoce sobre el caso del obispo Rolando Álvarez?, Ya lleva seis días detenido en su casa en Managua, después de que lo sacaran a la fuerza y detenido de la Curia de Matagalpa. La Policía del régimen, dijo en un comunicado que está bajo resguardo domiciliar. ¿Puede la Policía imponerle esa figura?, ¿existe esa figura?
No se sabe nada, porque en estos últimos casos ya la Fiscalía está actuando, y no está emitiendo notas de prensa, como lo venía haciendo desde los casos de mayo y de junio de 2021. Sin embargo, la figura de resguardo domiciliar no existe en la ley; y por otro lado, la Policía no es una autoridad facultada para emitir medidas cautelares, esta es una potestad exclusiva del juez, se realiza dentro de un proceso, delante de un acusado, en una audiencia, y que tiene que estar debidamente fundamentada por razones de necesidad, de proporcionalidad y de idoneidad, ya sea porque se pretende evadir la justicia, porque se trata de manipular los medios de prueba o porque se puede poner en riesgo a las contrapartes, en este caso, las víctimas
Pero, ¿existe entonces alguna acusación o señalamiento formal contra el obispo Álvarez?
Han pasado más de veinte días y no existe nada formalmente.
Las siete personas que permanecían en la Curia de Matagalpa con monseñor Álvarez, y que fueron detenidas el pasado viernes, y trasladadas al Chipote, se supo de ellas, que el lunes 22 se celebró una audiencia. ¿Qué trascendió sobre lo que se les acusa?, ¿ha podido verles algún abogado defensor?
Esta es una audiencia igual, como las que se han venido realizando de forma clandestina, con abogados defensores afines a la dictadura, que son de la Defensoría Pública, y una audiencia a puerta cerradas, con señalamientos totalmente ambiguos, donde no se justifica, por un lado, cuáles son los indicios sobre los que se sustenta una investigación inicial ni tampoco se justifica la razón por las cuales la Policía necesita, o la Fiscalía, necesita más tiempo para ampliarlos y mantenerlos detenidos durante hasta noventa días.
Sin derecho a defensa privada
Hay otros casos de sacerdotes detenidos en medio de esta oleada represiva del régimen. Está el caso del monseñor José Leonardo Urbina, de Boaco, el juicio estaba programado para este 24 de agosto por el supuesto delito de violación a una menor de 14 años. A Urbina se le impuso la defensa pública. ¿Qué se conoce sobre este proceso?
Justamente los familiares se presentaron al Complejo Judicial de Managua a tratar de tener algún tipo de información, porque estaba planificada la celebración del juicio, ni los familiares cercanos, estando en el Complejo Judicial de Managua, pudieron obtener información, mucho menos la población en general.
Estos casos ni siquiera se pueden visibilizar en el sistema que creó el Poder Judicial, que son los expedientes virtuales, llamado el sistema Nicarao. Se le impuso un abogado defensor, pese a que el juez anteriormente había dictado una resolución en la que citaba a una audiencia especial para que el acusado mismo decidiera quién iba a ser su abogado defensor. Sin embargo, este mismo dictó una resolución posterior, yendo en contra de su misma actuación primaria, en este caso imponiendo una abogada defensora afín a la dictadura, que es del grupo de abogados que tiene el Complejo Judicial de Managua, para validar cualquier tipo de arbitrariedad.
Parece haber un patrón en estos nuevos casos políticos en que se viola el derecho a tener una defensa privada. ¿Cuál crees que es la intención del régimen?
De hecho, que, a partir de la creación del nuevo paquete de leyes represivas, estas audiencias se están celebrando con defensores de la Defensoría Pública, pese a que la misión y la visión de la Defensoría Pública y el artículo ocho de la normativa, establece que los defensores públicos solamente representan a personas de escasos recursos, personas jubiladas, algunas personas con alguna discapacidad o personas que tienen un salario por abajo de los 600 dólares. Sin embargo, lo que aquí vemos es que se celebran de forma clandestina, a puertas cerradas y en contubernio, tanto de la Policía, el Ministerio Público, el juez, y ahora las Defensorías Públicas, para no tener ningún tipo de oposición, ni siquiera dentro del proceso.
Está también el caso del padre Óscar Benavides, de Mulukukú, quien se encuentra en El Chipote y no se sabe de qué se le acusa. ¿Qué se conoce sobre su estado físico?, ¿cuál es su estatus legal?
Igual. Ni los familiares han podido tener información sobre sus condiciones, ni siquiera, humanitarias y menos, pues, sobre su condición legal. Estamos delante de procesos en los que nadie puede acceder a un expediente, a un acta, donde nadie puede saber qué tipo de señalamientos se le están haciendo, y ahora ya el Ministerio Público ni siquiera está dictando aquellas famosas notas de prensa en las que daban, aunque sea un tinte mínimo de lo que estaba sucediendo durante la condición de estas personas.
Existen también denuncias de acoso de otros sacerdotes en Matagalpa, y también el destierro de otros líderes religiosos. ¿Cómo se catalogan esas arbitrariedades y abusos?
Lo que nosotros popularmente llamamos destierro, para el derecho internacional no es más que deportaciones o traslados forzosos, que esto está penado y es clasificado también como un crimen de lesa humanidad, y que establece pues una persecución incluso de carácter internacional y que no admiten amnistía.
No hay ni notas de prensa
¿Cómo valorás, en general, esta serie de irregularidades y vicios en los procesos que el régimen está llevando en contra de estos líderes religiosos?, ¿y cómo se comparan con los juicios políticos que hemos visto en el pasado reciente, como los de los aspirantes presidenciales, líderes cívicos, empresarios, defensores de derechos humanos, que fueron en el Chipote?
La verdad, estos últimos procesos ya no aparentan, ni siquiera de legalidad. Hemos visto que tienen patrones comunes con respecto a eso que mencionabas, con respecto a los anteriores, sin embargo, aquí vemos que ya la Fiscalía ya no está emitiendo las famosas notas de prensa, y la forma en cómo se les ha tenido, ya no es ni siquiera bajo el proceso de detención durante noventa días, sino que hemos visto que han cerrado espacios donde se han encontrado los sacerdotes dentro de sus curias durante mucho tiempo, pese a que ellos tienen todo el aparato estatal para inventar cualquier cosa, y al final de cuentas tener los resultados que ellos esperan.
¿Qué pueden hacer ante esta situación de indefensión los familiares, los defensores privados que han contratado estos familiares de estos sacerdotes y estas personas detenidas arbitrariamente?
Desgraciadamente lo único que queda es hacer oposición legal dentro de los procesos, cuando se tenga la oportunidad de estar frente a uno de ellos, o presentar recursos de adquisición personal por amenaza detención ilegal, o por detención ilegal, ya que es una forma de documentar lo que se está haciendo.
Existe un caso dentro de los más recientes, el del padre Manuel Salvador García, en donde ya hubo un juicio y una sentencia. ¿Qué se conoce sobre el caso?
Se encuentra con una sentencia de condena firme. Sin embargo, este caso tiene una diferencia con respecto a todos los de mayo y junio del 2021 para la fecha, y es que aquí sí dice la sentencia donde va a pagar condena. En estos casos anteriores, en el caso de los candidatos presidenciales, en estos casos no dice dónde va a pagar la condena, como una manera de sostenerlos dentro de El Chipote y seguirlos interrogando como método de tortura, a pesar de que ya su situación jurídico-legal ya ha sido resuelta por un juez.
