2 de febrero 2023
AA
La percepción de corrupción pública en Nicaragua ocupa uno de los niveles más altos en América Latina y el mundo según el análisis de Luciana Torchiaro, la principal consejera para América Latina y El Caribe de Transparencia Internacional (TI), quien advierte que en el país hay una “dictadura consolidada”.
TI publicó esta semana el Índice de Percepción de la Corrupción 2022 que asigna un puntaje entre cero (altamente corrupto) y cien (muy transparente) a los países evaluados, además de ubicarlos en un escalafón entre 180 naciones que muestra los niveles percibidos del fenómeno en el sector público.
Según el informe internacional, Nicaragua ocupa el puesto 167 de 180 países y registró 19 puntos, lo que lo posiciona a la par de países como Venezuela (14) y Haití (17), los peores casos de la región que son frecuentemente citados en informes internacionales con graves problemas institucionales.
“Nicaragua padece de problemas de corrupción sistémicos, extremadamente arraigados. La corrupción está enraizada en el sistema político”, sostuvo la politóloga argentina Torchiaro en una entrevista telefónica con CONFIDENCIAL, realizada este miércoles 01 de febrero, desde Berlín, Alemania.
Torchiaro trabaja en el Secretariado de TI desde hace una década, desde donde ha podido dar seguimiento al tema. Tiene muy clara ante todo las causas de la caída en el Índice de Nicaragua que bajó 10 puntos en 2022, si se compara con los números de una década atrás cuando obtuvo 29 puntos.
La experta explica que hasta ahí pueden comparar, porque antes había otra metodología en la medición.
Gráfico: Confidencial
Las razones del estancamiento de Nicaragua
“(La situación de Nicaragua) Tiene que ver mucho con la consolidación de la dictadura de Ortega-Murillo en los últimos años, la excesiva concentración de poder en esas figuras, el recorte total de la independencia de las instituciones del Estado y, obviamente, la reducción del espacio cívico a niveles dramáticos permiten explicar la situación trágica en materia de corrupción que vive Nicaragua”, afirmó Torchiaro.
La experta manifestó que el caso nicaragüense se desarrolla cuando en la región centroamericana también hay una tendencia de atentar contra la democracia como ocurre en El Salvador, o en Guatemala. En este último país, el desmantelamiento del Ministerio Público ha derivado en que ahora la institución persigue a fiscales, jueces y periodistas que denunciaron la corrupción de manera sistemática.
La medición refleja que el resto de países centroamericanos fueron evaluados de esta manera: Honduras (23), Guatemala (24), El Salvador (33), Panamá (36) y Costa Rica (54).
“En Nicaragua tenemos una dictadura consolidada. Sin embargo, en el resto de los países estamos viendo tendencias muy preocupantes en dirección también que atentan contra la democracia como la concentración de poder en la figura del presidente (Nayib) Bukele en el caso de El Salvador”, agregó la especialista.
En regímenes como Nicaragua y Venezuela, donde hay una concentración de poder y niveles de opacidad extremos según sus palabras, esa realidad impide que haya transparencia y rendición de cuentas. Además, la justicia está al servicio de los ejecutivos y es usada para perseguir a opositores, a la prensa independiente e impedir la libertad de asociación.
Torchiaro dijo también que en Nicaragua no hay posibilidad de hacer un contrapeso al poder, es decir de denunciar. Si quienes lo hacen van a la cárcel, para ella “no hay ninguna forma de controlar la corrupción. Al contrario, esto permite que todo fluya y que los crímenes queden impunes”.
Ortega y Murillo dirigen régimen “cleptocrático”
El politólogo Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo de Diálogo Interamericano, opinó que la corrupción llega a un extremo, cuando es sistémica y articulada por un grupo específico como ocurre en Nicaragua.
Daniel Ortega, junto con su aliados cercanos Nicolás Maduro de Venezuela y Miguel Díaz-Canel de Cuba. Foto/EFE
Orozco agregó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) usa el término de “captura del Estado” en referencia a la manera cómo un grupo usa las instituciones estatales para efectos del beneficio del grupo, y llega al extremo cuando es cleptocrático. “En Nicaragua ocurren ambas”, advirtió.
“Nada de esto es nuevo, y es uno de los factores que ha caracterizado a la dinastía Ortega-Murillo, de naturaleza inherentemente clientelista, consiste en hacer uso de favores económicos y políticos de parte del régimen para intercambiar apoyo y lealtad a ellos”, mantuvo Orozco.
Para el especialista, los tentáculos del sistema familiar se extienden en sectores clave como servicios y alimentación, ya no solo en el control de la industria energética. Forman y consolidan un estamento gerencial dentro del Estado que asigna los tipos de favores.
“El nivel de corrupción es tan alto que cuando miembros del círculo de poder se aprovechan de esa discreción que le dan a través de los favorecimientos, se van enriqueciendo ellos y expandiendo la corrupción. Las purgas recientes son el resultado de la podredumbre institucional que ocurre como resultado de los excesos de autoridad que hacen uso los amigos de la familia al régimen. Las purgas no son por disidencia, son por excesos, porque 'robaron sin permiso de la señora o del comandante'”, comentó.
La publicación del estudio de TI provocó distintas reacciones. El organismo independiente Urnas Abiertas (UA) volvió a mover en sus redes sociales un editorial publicado en octubre de 2022, en que precisamente señalan que la corrupción ha estado ligada intrínsecamente a la historia política del país desde su fundación. Es decir, los Estados centroamericanos que se fundaron después de la independencia de España mostraron su tendencia a ser corruptos e inestables políticamente.
Urnas Abiertas: “FSLN es organización corporativista”
UA denunció entonces que el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se convirtió en una “organización corporativista”, en que sus miembros intercambian beneficios y su cohesión no se mantiene por ideología alguna, sino por transacciones políticas, económicas y un alto grado de impunidad.
De hecho, el politólogo Manuel Orozco considera que la ruptura entre los empresarios y Ortega se da en 2018, cuando el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) no les resuelve su propia expansión como clase económica.
“La resistencia del COSEP que llega a su punto final antes del anuncio oficial del cambio en las pensiones a los jubilados de seguir con esta relación, rompe con el pacto. Pero la familia sigue adelante en sus negocios, aprovechándose de la administración aduanera, de la operación tributaria, de la política económica, y en medio de la crisis se sigue beneficiando”, aseveró Orozco.
Para un sociólogo, consultado bajo condición de anonimato, lo que permite que se instaure un sistema cerrado de corrupción donde no hay instituciones que vigilen la transparencia es precisamente la discrecionalidad del régimen. En el caso de los Ortega-Murillo, no se puede hablar de ideologías, sino de un clan familiar que utiliza los recursos para controlar a los suyos y a aquellos a quienes puede considerar críticos.
El sociólogo dijo, que, sin importar la ideología de los populistas, se enfocan en manejar inversiones que proyecten su imagen y los problemas empiezan cuando los recursos para manejar el esquema corrupto comienzan a faltar.
“Los gobiernos populistas no han subido por golpes de Estado, o militares como en el pasado. Han subido por las urnas. Asumen a través de mecanismos democráticos y adentro empiezan a erosionar la democracia”, adujo este cientista social.
Durante décadas, a falta de instituciones de fiscalización efectivas en el Estado, los medios independientes de comunicación han documentado—primero en el país y a partir de 2021 en el exilio—los escándalos de corrupción del régimen de Ortega, valiéndose de fuentes internas de las instituciones del Estado que han guiado a los periodistas en medio del contexto de represión.
Desde el tradicional esquema de corrupción Estado-Familia-Partido—una repetición del desarrollado durante el somocismo—la dictadura de Ortega también ha sido denunciada por el enriquecimiento de su clase gobernante y de manera directa de la cúpula encabezada por la familia presidencial.
En febrero de 2022, CONFIDENCIAL publicó una investigación sobre la red empresarial de los Ortega-Murillo que reveló que tenían una red de 22 empresas, integradas por 18 ejecutivos y 5 abogados como testaferros. Obtuvieron ventajas por la cooperación venezolana y se beneficiaron del mismo Estado que otorgó contratos a algunas de estas compañías.
También fue objeto de fiscalización de la prensa independiente, la telaraña creada para la promesa del canal interoceánico, el fracaso más grande de infraestructura de la administración actual. Lo mismo ocurrió con la cooperación venezolana, que significó 5000 millones de dólares entre 2007 y 2016, y que fue privatizada. Sin embargo, surgió una nueva clase social, vinculada al orteguismo, y creció en este país de violaciones a los derechos humanos, corrupción e impunidad.
