25 de octubre 2022
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La orden ejecutiva 13851 ha vuelto a ser noticia esta semana. El presidente estadounidense, Joe Biden, amplió este lunes el rango de acción del decreto presidencial —firmado en noviembre de 2018, por el entonces mandatario Donald Trump—, y ahora se podrá sancionar a representantes y entidades de los sectores de la economía nicaragüense, que apoyen a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La vicepresidenta Murillo fue la primera alta funcionaria en ser sancionada con la orden ejecutiva, titulada “Bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua. La primera dama fue castigada el 27 de noviembre de 2018, junto al colaborador cercano de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau.
El texto del decreto presidencial indica que la situación en Nicaragua “constituye una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, por lo que ambos presidentes han declarado “una emergencia nacional para lidiar con esta amenaza”.
Desde 2018 hasta la fecha, más de 50 altos funcionarios y al menos ocho instituciones del régimen han sido sancionados por Estados Unidos; a estos se suman algunas empresas vinculadas a la familia presidencial.
El Gobierno de Estados Unidos cuenta con varias herramientas legales para sancionar a los orteguistas: la Ley Global Magnitsky; la Ley Nica Act; la “Lista Engel” de actores corruptos y antidemocráticos; y la orden ejecutiva 13851.
Las sanciones han sido impuestas por dos instituciones estadounidenses: el Departamento de Estado y, principalmente, el Departamento del Tesoro, específicamente la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
De acuerdo al texto original de la orden ejecutiva, pueden ser sancionados los nicaragüenses responsables o cómplices, o que hayan participado o intentado participar directa o indirectamente en:
- Graves abusos contra los derechos humanos en Nicaragua.
- Acciones o políticas que socavan los procesos o instituciones democráticas en Nicaragua.
- Acciones o políticas que atenten contra la paz, la seguridad o la estabilidad de Nicaragua.
- Cualquier transacción o serie de transacciones que involucren prácticas engañosas o corrupción.
- Ser funcionario o haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua a partir del 10 de enero de 2007.
Con la enmienda, el presidente Biden agregó nuevas categorías de ciudadanos o entidades a ser sancionado:
- Los responsables o cómplices del arresto o enjuiciamiento de una persona, incluido un individuo o un medio de comunicación que difunda información al público, principalmente debido al ejercicio por parte de esa persona de la libertad de expresión, incluidos los miembros de la prensa o de reunión.
- Ser propiedad o estar controlado por, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de, directa o indirectamente, cualquier persona cuya propiedad e intereses en la propiedad estén bloqueados de conformidad con esta orden.
- Operar o haber operado en el sector aurífero (oro) de la economía nicaragüense o en cualquier otro sector de la economía nicaragüense que determine el Secretario de Hacienda, en consulta con el Secretario de Estado”.
Biden aumenta las prohibiciones
El decreto firmado por Trump ordenaba una serie prohibiciones:
- La realización de donaciones por, para o en beneficio de cualquier persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados.
- La realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados.
- La recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
- Cualquier transacción que eluda o evite, o tenga el propósito de eludir o evitar, provoque una violación o intente violar cualquiera de las prohibiciones establecidas en esta orden.
- Cualquier conspiración formada para violar cualquiera de las prohibiciones establecidas en esta orden.
A estas restricciones de Trump, el presidente Biden agregó unas nuevas prohibiciones:
- La importación a los Estados Unidos de cualquier producto de origen nicaragüense según lo determine el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado y el Secretario de Comercio.
- La exportación, reexportación, venta o suministro, directa o indirectamente, desde los Estados Unidos, o por una persona de los Estados Unidos, dondequiera que se encuentre, de cualquier artículo que determine el Secretario de Comercio, en consulta con el Secretario de Estado y el Secretario de Hacienda, a cualquier persona radicada en Nicaragua.
- Nuevas inversiones en cualquier sector de la economía nicaragüense según lo determine el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado, por una persona de los Estados Unidos, dondequiera que se encuentre.
- Cualquier aprobación, financiamiento, facilitación o garantía por parte de una persona de los Estados Unidos, dondequiera que se encuentre.
La Dirección General de Minas (DGM), adscrita al Ministerio de Energía y Minas (MEM), fue la primera entidad sancionada con la modificada orden ejecutiva. La decisión ha puesto en jaque a la industria del oro nacional, cuyo principal mercado de exportación es Estados Unidos.
“Más de 750 millones de dólares estaban involucrados en la relación comercial de oro con Estados Unidos. Es una cantidad importante”, destacó Ricardo Zúñiga, secretario adjunto del Departamento de Estado para Latinoamérica.
En 2021, el sector minero se consolidó como el primer exportador de Nicaragua, con 880.5 millones de dólares, según el Centro de Trámites de las Exportaciones (Cetrex). Hasta septiembre pasado, las exportaciones alcanzaron los 708.7 millones de dólares, por lo que se esperaba que el sector podría cerrar este año con ingresos por 955.9 millones de dólares, muy cerca de los 1000 millones con que la industria planeaba cerrar 2023.
“Estamos hablando de oro hoy, pero esta nueva autorización de la orden ejecutiva permite analizar a otros sectores de la economía de Nicaragua”, advirtió Zúñiga.
