20 de febrero 2022
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El presidente Daniel Ortega y su familia inmediata —su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, varios de sus hijos, nueras, exnueras y otros parientes— perciben mensualmente más de dos millones de córdobas mensuales, equivalentes a 67 500 dólares en sueldos y salarios, según una investigación de CONFIDENCIAL, basada en los registros oficiales del Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS) hasta 2018 y el análisis de escrituras del Registro Mercantil de Managua.
La información, que solo muestra datos de seis de los nueve hijos de la pareja presidencial, registra los salarios reportados al Seguro Social e incluye como fuente de los mismos a entidades públicas en al menos ocho casos, sin incluir al presidente y la vicepresidenta. El resto de los sueldos registrados se derivan de empresas privadas pertenecientes a la red de negocios de la familia Ortega Murillo.
Los datos revelan que Rafael Ortega Murillo y su exesposa Yadira Leets Marín percibían 13 000 dólares en conjunto, provenientes de Inversiones Zanzíbar y la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), respectivamente. Esa cantidad es mayor que lo que recibía del erario la pareja presidencial, que eran 8300 dólares en el mismo período.
El promedio salarial de la pareja presidencial supera los salarios aprobados por el mandatario para regular la función pública desde febrero de 2007. De acuerdo con el Diario Oficial La Gaceta número 34 del 16 de febrero, Ortega fijó un salario para el presidente de 3200 dólares y 3100 para el cargo de vicepresidente, algo que no se cumple según lo reflejado hasta 2018 cuando Ortega ganaba 4200 dólares y Murillo 4000.
Juan Carlos Ortega Murillo recibe 5884 dólares de TN8 y 2912 dólares de Difuso, para un total de 8796 dólares. Su esposa Xiomara Blandino Artola, Miss Nicaragua 2007, obtiene su pago de 4900 dólares del Canal TN8. Entre ambos ganan 13 700 dólares.
Juan Carlos y Difuso fueron sancionados por Estados Unidos en julio de 2020, junto con José Jorge Mojica Mejía, otro de los operadores de confianza de la familia presidencial que aparece en el intrincado mapa de las empresas bajo el mando familiar.
CONFIDENCIAL intentó obtener la versión de la Presidencia y de Juan Carlos Ortega Murillo, pero no tuvimos respuesta.
La exesposa de Juan Carlos Ortega Murillo, Idania Castillo Arcia, también recibe salarios de Difuso y de la estatal Cinemateca Nacional, de la cual es directora, con una suma de 3678 dólares mensuales.
Mientras, Camila, Luciana, Maurice y Daniel Edmundo Ortega Murillo, que dirigen el negocio de las televisoras, en particular Viva Nicaragua Canal 13 —los tres primeros— y Canal 4 —el último—, sus salarios reportados al INSS provienen de RGB Media, una compañía privada asociada públicamente a Maurice.
Karen Santamaría, esposa de Laureano; Mara Stotti, esposa de Daniel Edmundo; Blanca Díaz, esposa de Maurice e hija del sancionado director de la Policía Nacional, Francisco Díaz; y Katherine Argeñal, esposa de Carlos Enrique “Tino”, son cuatro de las nueras de Ortega y Murillo que también trabajan en distintas instituciones del Estado, aunque según la Ley de Probidad de los Servidores Públicos, Ley 438, están inhabilitadas para ejercer esas funciones. Esa ley establece que en todos los poderes e instituciones del Estado y sus dependencias no se puede nombrar personas que tengan parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con la autoridad que hace el nombramiento y con la persona de donde emane esta autoridad.
En este caso, las nueras de Ortega y Murillo son del primer grado de afinidad. A ello se le suma que la pareja presidencial ostenta un poder que va más allá de sus respectivos despachos y abarca la toma de decisiones dentro de todo el aparato estatal.
Un especialista en temas de probidad, que pidió resguardar su identidad, explica que también se viola la Ley de Servicio Civil y de Carrera Administrativa, Ley 476, que plantea que los funcionarios deben elegirse por meritocracia. En este caso vemos una “red de nepotismo”, considera, ya que además aparecen hermanos de las nueras de Ortega y Murillo como servidores públicos en el Poder Ejecutivo, y observa que obedece, no solo a una lógica de contratación de la familia, de darle un trabajo a un pariente, sino de resguardar los intereses de la pareja presidencial.
También se violan las leyes 438 y 476 cuando los hijos de Ortega y Murillo ejercen funciones públicas como asesores presidenciales y ministros, ya que la relación de consanguinidad es en primer grado y se ha cuestionado que tampoco existen consideraciones de capacidades o méritos.
