22 de noviembre 2021
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El inicio del proceso de salida de la Organización de Estados Americanos (OEA) por Nicaragua no está vinculado directamente con las decisiones a futuro que tomen los organismos multilaterales de financiamiento, pero sí es una variable que será tomada muy en cuenta a la hora de aprobar nuevos préstamos u otros mecanismos de financiamiento para el país, de acuerdo a consultas hechas a exdiplomáticos por CONFIDENCIAL.
Este viernes el canciller Denis Moncada Colindres, ante una batería de periodistas de la propaganda del régimen, anunció que se envió una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en la cual se informó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo daba inicio al proceso de retiro de Nicaragua del organismo regional.
“Instruido por el presidente constitucional de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra y en cumplimiento al artículo 67 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos, conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización”, cita la carta enviada a Almagro, que fue leída por Moncada en su comparecencia.
El régimen argumentó que la decisión se tomó luego que todos los poderes del Estado, subordinados a la dictadura, solicitaron a Ortega que denunciara la Carta de la OEA, en virtud de lo que establece el artículo 143 del instrumento, e iniciara el proceso de salida del organismo.
Este mecanismo culminaría en dos años, tiempo en el cual Nicaragua mantiene sus derechos y obligaciones de acuerdo a las normas del organismo regional.
Habrá consideraciones para aprobar préstamos
“Las consecuencias de la salida de Nicaragua de la OEA en los organismos multilaterales de financiamiento no se darán de manera directa, porque no existe una vinculación jurídica entre una y los otros, ni siquiera con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Pero la denuncia de la Carta de la OEA es consecuencia de un deterioro grave de la situación de derechos humanos y la ilegitimidad de las elecciones del 7 de noviembre, reconocida y declarada por 25 países de la región”, explicó un exdiplomático que pidió no ser citado para evitar represalias de la dictadura.
“Entre los socios prestatarios y no prestatarios de esos organismos y los miembros de sus Consejos de gobernación, hay muchos países que han votado a favor de las resoluciones de la Asamblea y el Consejo Permanente de la OEA o del Parlamento y el Consejo Europeos. Evidentemente a la hora de aprobar los préstamos que solicite Nicaragua, las consideraciones de estos países van a pesar”, añadió.
Advirtió que, de hecho, los préstamos de estos organismos a Nicaragua se habían congelado desde abril de 2018, a raíz de la sangrienta represión a las protestas civiles en contra del régimen, y no fue sino por la crisis sanitaria derivada de la pandemia por la covid-19, y el impacto de los huracanes Iota y Eta, que aprobaron fondos de emergencia con fines humanitarios.
Decisión del Consejo Permanente de la OEA será clave
También mencionó que habrá que ver la decisión del Consejo Permanente de la OEA en la evaluación colectiva de la situación de Nicaragua que debe hacer antes del 30 de noviembre, por mandato de la última Asamblea General de cancilleres del organismo.
En esta Asamblea General, la OEA aprobó —con 25 votos a favor, uno en contra, siete abstenciones y una ausencia— una resolución que declaró que las votaciones nicaragüenses del pasado 7 de noviembre “no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática”.
“Si hay alguna decisión sobre la suspensión de Nicaragua de conformidad con el artículo 21 de la Carta Democrática, la resolución podría incluir un llamado a los países y las organizaciones internacionales a revisar sus relaciones con el país suspendido, como se hizo en el caso de Honduras en 2009”, explicó el exdiplomático.
Expertos en temas internacionales indicaron a CONFIDENCIAL que la anunciada retirada de la OEA facilitará la decisión de los países para convocar a una asamblea extraordinaria de cancilleres, donde se determinará si suspenden o no a Nicaragua, para lo cual ya tienen los 24 votos necesarios.
Según los expertos, el anuncio del régimen fortalecerá la posición de los países que han pedido adoptar acciones contra el Gobierno de Ortega, y les muestra a los “indecisos” que “Nicaragua no va a cooperar y por tanto que no hay interlocución que conservar”.
Régimen busca quitarse presión
“Más que de ganar tiempo, se trata de quitarse de encima una presión constante y creciente, que inflige un enorme desgaste político, tanto a lo interno como a lo externo. El problema es que se cree erróneamente que las presiones cesarán simplemente denunciando el tratado y saliéndose de la OEA. Que saliéndose de la OEA todo el mundo dejará de hablar de Nicaragua”, opinó el exdiplomático.
Carlos Cascante Segura, catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA), de Costa Rica, comentó que el régimen ha montado “el escenario para salirse de la OEA”, pero bajo “la carta del intervencionismo de la OEA” y la presunta “violación de la soberanía nacional”.
“De hecho la desvinculación jurídica de la OEA no se dará hasta después de transcurridos dos años, pero continuarán ‘plenamente vigentes’ los instrumentos internacionales mencionados en el artículo 46 de la Constitución política como la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos”, agregó.
La sola amenaza de que Nicaragua sea suspendida de la OEA ya implicaba problemas con los organismos financieros internacionales. El expresidente costarricense, Luis Guillermo Solís, dijo a CONFIDENCIAL, en una entrevista previa, que una posible resolución de suspensión podría llegar a tener “implicaciones financieras” para el país.
“Si se suspende a Nicaragua de la organización significa que no va a poder recibir fondos del BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) y eventualmente del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Eso ya coloca las sanciones en otro nivel y si se suma a eso la Ley Renacer (aprobada por Estados Unidos), estamos ante una situación completamente nueva”, destacó Solís.
En cuatro años y medio, de enero de 2017 a junio de 2021, el Gobierno de Nicaragua ha recibido del BCIE más de 2289 millones de dólares —un promedio superior a los 450 millones de dólares anuales— pese a las críticas y demandas para que cese su financiamiento por la violenta represión orteguista y el estado policial de facto que pisotea los derechos humanos.
El BCIE también ha otorgado 7.11 millones de dólares, desde octubre de 2017 hasta noviembre de 2020, en fondos no reembolsables para ayudas de emergencia por el impacto de huracanes, programas de saneamiento y combate contra la covid-19.
