Política

Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firma la Ley Renacer

La Administración estadounidense suma una herramienta legislativa más para endurecer las sanciones contra los funcionarios del régimen

La Ley Renacer ya está en vigencia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este miércoles el texto de la iniciativa legislativa, con lo cual la Administración estadounidense suma una herramienta más para endurecer las sanciones contra los funcionarios del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además, podrá revisar la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta).

En un comunicado de prensa, la Casa Blanca detalla que la Ley Renacer “impone sanciones al Gobierno del presidente nicaragüense Daniel Ortega” y servirá “para restringir los préstamos bancarios multilaterales y atacar la corrupción del régimen”.

La legislación —Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer)— fue aprobada la semana pasada en el Congreso de Estados Unidos, con respaldo de demócratas y republicanos al conseguir 387 votos a favor, 35 en contra y cuatro abstenciones. El texto ya contaba con el aval del Senado estadounidense, donde fue aceptado por una mayoría en agosto pasado.

La iniciativa fue presentada a finales de marzo pasado de manera bipartidista en el Senado. El proyecto fue liderado en la Cámara Alta por el senador demócrata Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores. En la Cámara Baja, la propuesta ha sido impulsada por el congresista demócrata Albio Sires.

Tras “pantomima” electoral

La firma de Biden llega tres días después de las elecciones nicaragüenses, en las que Ortega y Murillo se aseguraron un periodo más de cinco años como presidente y vicepresidenta, respectivamente. La reelección de ambos ha sido rechazada por una mayoría de la comunidad internacional.

El presidente de Estados Unidos calificó las votaciones como “una pantomima que no fue ni libre ni justa”, mientras anunció que su Gobierno utilizará todas las herramientas económicas y diplomáticas, en coordinación con otros miembros de la comunidad internacional, para responsabilizar al régimen por sus abusos.

En una declaración sobre “las elecciones simuladas” del país centroamericano, Biden denunció a Ortega y Murillo como autócratas que gobiernan en el país con un estilo nada diferente al que usó la familia Somoza, a la que el mismo gobernante sandinista ayudó a derrocar hace 40 años, cuando era un guerrillero.

“El encarcelamiento arbitrario de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, incluidos siete posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los partidos políticos manipularon el resultado mucho antes del día de las elecciones. Cerraron medios independientes, encerraron a periodistas y miembros del sector privado e intimidaron a las organizaciones de la sociedad civil para que cerraran sus puertas”, lamentó Biden.

Ley Renacer amplia motivos de sanciones

La Ley Renacer establece específicamente que serán sujetos a sanciones económicas las “personas extranjeras que obstruyan directa o indirectamente el establecimiento de las condiciones necesarias para la realización de elecciones libres, justas y transparentes en Nicaragua”.

El texto detalla que los posibles sancionados incluyen a funcionarios del Gobierno y familiares de Ortega; miembros de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, y del Consejo Supremo Electoral (CSE). Así como “miembros del partido y funcionarios electos del Frente Sandinista de Liberación Nacional y sus familiares”.

También menciona a “personas o entidades afiliadas a empresas involucradas en transacciones financieras corruptas con funcionarios del Gobierno del presidente Daniel Ortega, su partido o su familia”.

Además, ordena a que la Administración de Biden haga “gestiones diplomáticas” con los Gobiernos de Canadá, la Unión Europea (UE) y países de Latinoamérica y el Caribe “para imponer sanciones selectivas” contra los ciudadanos que obstruyan las elecciones nicaragüenses.

Entre 2019 y 2021, Canadá, la Unión Europea, Reino Unido y Suiza han seguido los pasos de Estados Unidos, al sancionar a algunos funcionarios del régimen, acusados de corrupción y violaciones contra los derechos humanos.

Instituciones financieras y Rusia

La Ley Renacer amplía también la supervisión de los préstamos y asistencias que otorgan las instituciones financieras internacionales —Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI)—a Nicaragua. Este aspecto ya está contemplado en la Nica Act, firmada en diciembre de 2018 por el entonces presidente Donald Trump.

La legislación ordena “tomar todas las medidas posibles para aumentar el escrutinio de cualquier préstamo o asistencia financiera o técnica proporcionada para un proyecto en Nicaragua, para asegurar que el préstamo o asistencia se está utilizando para los fines previstos”.

El texto aclara que cualquier suspensión no debe impactar a los proyectos vinculados a las “necesidades humanas básicas de la gente de Nicaragua”.

Vista del edificio del Congreso de Estados Unidos, en Washington. Foto: Efe

La ley exige también que el Departamento de Estado elabore informes de inteligencia sobre la influencia y las actividades del Gobierno de Rusia en Nicaragua.

Estos informes deberán contener detalles sobre la cooperación de personal militar entre Rusia y Nicaragua; servicios de inteligencia, fuerzas de seguridad y contratistas privados de seguridad rusos; las telecomunicaciones y navegación por satélite. Así como “las amenazas y riesgos que tales actividades plantean a los intereses nacionales de los Estados Unidos y su seguridad”, según el texto aprobado.

Revisión del DR-Cafta

La Ley Renacer recomienda también al Gobierno de Biden “revisar la participación continua de Nicaragua” en el acuerdo comercial DR-Cafta.

La salida del acuerdo comercial le costaría a Nicaragua unos 1500 millones de dólares en exportaciones, solo del sector textil. Empresarios y economistas consultados por CONFIDENCIAL aseguran que también afectará el empleo, la recaudación de impuestos y las cotizaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).

El DR-Cafta —que entró en vigencia para Nicaragua el 1 de abril de 2006— representó una gran oportunidad para el país. Nicaragua pasó de exportar a Estados Unidos, 228.4 millones de dólares, en 2006, a 1402.1 millones de dólares, en 2020.


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